A la avanzada K sobre la Justicia se suma el deliberado intento de controlar al Ministerio Público. En efecto, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha designado fiscales en violación de las normas vigentes.

Habitualmente, en algunas notas periodísticas, se menciona a quien ocupa el cargo de Procurador General como “jefe de los fiscales”. Y si bien es cierto que dicha función es la de mayor jerarquía dentro del Ministerio Público, no es menos cierto que los fiscales gozan o debieran gozar —según las normas vigentes— de independencia funcional para el cumplimiento de sus labores en las causas a las que son asignados. Es por ello que, desde la visión autoritaria del Régimen, no alcanza con tener una Procuradora afín, sino que debe irse por más.

¿Cómo debería designarse un fiscal? La Procuración General de la Nación debe convocar a concurso, luego de lo cual, los tres primeros nombres del orden de mérito son elevados al Poder Ejecutivo. Así, quien ejerce la Presidencia de la Nación, elige a uno de los integrantes de la terna y envía su pliego al Senado para que la Cámara Alta le preste acuerdo. Una vez prestado dicho acuerdo, estamos ante un magistrado del ministerio público: ante un verdadero fiscal.

Ahora bien, Gils Carbó decidió simplificar ilícitamente el procedimiento. En efecto, en algunos casos otorga, a funcionarios que ya son fiscales, la posibilidad de ejercer funciones en todas las instancias. De este modo, a quien ha sido legalmente elegido para intervenir como fiscal en un Juzgado de Instrucción, se le permite excederse en sus facultades e inmiscuirse en el área de otro fiscal que ha concursado y ha sido legalmente elegido para un cargo de superior jerarquía. En otros casos, la Doctora Gils Carbó vulnera las normas de subrogancias: así, el fiscal que reglamentariamente debiera reemplazar interinamente a otro fiscal, no es el elegido —por Gils Carbó— para dicho reemplazo. En cambio, se designa a otro más afín al Régimen. Pero esto no queda ahí: los casos más graves se dan con el nombramiento de los denominados “fiscales ad hoc”. Este tipo de pseudofiscales, quizá el más peligroso para la república, está constituido por funcionarios de la Procuración que jamás accedieron a una terna, ni fueron elegidos por el Poder Ejecutivo, ni mucho menos recibieron acuerdo del Senado. ¿Cómo se hacen estos nombramientos? Por una simple resolución administrativa de la Doctora Gils Carbó.

Sí, aunque los señores lectores no lo crean, Gils Carbó asume facultades presidenciales y legislativas al mismo tiempo (sólo le falta dictar sentencias).

Ahora bien, tanto en el caso de los fiscales todoterreno (autorizados a intervenir en todas las instancias) como en el caso de los “fiscales ad hoc”, la excusa para su designación es a partir de la creación de una estructura con finalidad temática: violencia de género, lavado de dinero, narcotráfico, etc. Es decir, son fiscales que intervienen —desde una estructura o un programa creado por Gils Carbó— en materias sobre las cuales —supuestamente— estarían especialmente capacitados. Aunque dicha capacitación es difícil de comprobar, si no se llevan a cabo los correspondientes concursos.

Tanto Gils Carbó como 39 de los fiscales designados por ella han sido denunciados penalmente en la Justicia Federal. La Procuradora fue denunciada por el Senador Cimadevilla por incumplimiento de deberes de funcionario público y luego imputada a raíz de esta misma denuncia por el Fiscal Marijuan. Los 39 fiscales, por su parte, fueron denunciados recientemente por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional por el delito de usurpación de autoridad (Hasta Reposo se hubiera dado cuenta de que están ocupando magistraturas en forma ilícita).

La situación creada en el Ministerio Público reviste seria gravedad. La posibilidad de que se dejen de perseguir los delitos de los amigos y de que se inventen causas a opositores no es algo ajeno al Régimen K. Los mecanismos que aquí hemos detallado garantizan —según el caso— persecuciones y privilegios.

Finalmente, es probable que la intervención de fiscales designados ilegalmente lleve a la nulidad de muchas causas y, consecuentemente, a la impunidad de más de un corrupto.

Mientras tanto, quienes designan fiscales truchos nos seguirán hablando de “justicia legítima”.

José Lucas Magioncalda
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