Sin grandes cambios, y luego de la tragedia de Once, el Gobierno quiere demostrar que el sistema ferroviario está bajo la lupa.

Recientemente, el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que el tren de carga más grande del país, el Belgrano Cargas, pasaba a ser gestionado por el Estado. Dentro de sus autoridades para que la controlen, nombró a los socios de José Pedraza, preso por el asesinato del joven militante Mariano Ferryra.

Ahora, es el turno de la empresa América Latina Logística Central SA (ALL Central), que tiene a su cargo la explotación del corredor ferroviario que une Buenos Aires y Santa Fe con Cuyo, la cual también pasará a manos del Estado

Según el último informe de El Auditor, la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que es la firma “con mayor frecuencia de descarrilamientos: es cinco veces mayor al resto de los concesionarios de cargas”.

Sin embargo, esa es solo una de las alarmantes observaciones que hizo el organismo de control. Entre 2004 y 2011 “se registraron 642 descarrilamientos accidentales”, de los cuales “el 90% tiene como causa principal el (mal) estado de las vías y el material rodante”.

Además, insólitamente, se detalló que “el material rodante que se sale de las vías no es removido por el concesionado, sino que queda abandonado en el lugar del siniestro”.

Del informe se desprende que desde que en 1993 ALL Central se hizo cargo de la concesión, “nunca abonó el canon”. Hasta junio del año pasado, la deuda, con intereses incluidos, ascendía a $237,5 millones. De nada valieron las intimaciones que la CNRT les envió en 1997, 2001,2003, 2004 y 2012.

Además, la empresa tiene una deuda con ANSES, ya que el 30% de lo recaudado en concepto de canon estaba destinado al Sistema de Seguridad Social administrado por ese organismo. Ese déficit representaba a mediados del año pasado unos $22.6 millones, sin contar intereses.

Asímismo, durante el 2011 ALL Central facturó $370 millones.

Al principio, ALL Central prometió un plan de inversiones por U$S349 millones, que debían completarse al finalizar el 2008. Sin embargo, la AGN, luego de analizar el período 2004/2011, detectó que “sólo habían completado el 9,75%” de los trabajos.

“Los incumplimiento del plan de inversión y mantenimiento son causa directa del alto nivel de deterioro de las vías”, rescata el informe, que además aporta datos contundentes: al inicio del contrato de los 5.584 kilómetros de vías, el 95% estaba en perfecto funcionamiento. En 2011, sólo el 47% lo estaba, encontrándose otro igual porcentaje “fuera de circulación”.

Se encontraron “rieles con alto grado de deterioro, superando el final de su vida útil, fijaciones flojas e inexistentes y clepes elásticos mal alineados”.

Puntualmente, en el ramal que une las provincias de San Luis y Mendoza se constató que “las instalaciones estaban en muy mal estado y se verificó una gran cantidad de descarrilos como consecuencia de la falta de manutención”.

Por estas horas, esta firma ostenta el record de descarrilamientos, que es “cinco veces mayor al resto de los concesionarios de cargas”.

En el informe, aprobado en 2013, el organismo de control manifestó que “los pasos a nivel que están ubicados a lo largo de la red ferroviaria concesionada a ALL Cenral presentan deficiencias de seguridad por ineficacia de la empresa y de las autoridades viales”. De hecho, “de las 150 barreras automáticas que había que incorporar solo se instalaron 20”. También se observo “la existencia de malezas y arbustos que obstruyen la visión y la falta de una correcta señalización, hechos que incrementan el riego de accidentes en los cruces”.

Con respecto a las sanciones, entre 2004 y 2011, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) “dictó 71 resoluciones sancionatorias por casi $23.5 millones, faltas catalogadas como “muy graves”.

Pese a ello, la AGN informa que “para que sean efectivamente aplicadas, los plazos son prolongados”. De hecho, los auditores tomaron una muestra de 11 expedientes de multas y “solo en un caso se aplicó efectivamente la penalidad”. El resto de los casos “lleva una demora de hasta 3 años”.

El diario Página/12 publicó en su edición del 22 de mayo que los ramales que tiene a cargo ALL central están “prácticamente abandonados” y que “la empresa se quiere ir del país”. Que termine rápido el cuento, a ver si todavía tienen que pagarle la deuda millonaria al Estado nacional. Este martes, Randazzo anunciará su estatización, ¿cambiarán las cosas?