El día en el que la presidenta de la Nación lanzó el que sin dudas fue su más duro embate contra el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular, había arrancado con señales claras sobre el cariz que ha tomado esta nueva cruzada del kirchnerismo. Así es que no puede pasarse por alto que horas antes del discurso al pie del Monumento a la Bandera, nada menos que los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras la emprendieron contra el Tribunal Supremo.

La diputada Diana Conti llegó al punto de alertar sobre eventuales consecuencias destituyentes, al citar a “países latinoamericanos que, por fallos de la Corte Suprema, han sacado a un presidente”. Por ello, sugirió que “hay que estar preparado para resistirlo. Creo que el pueblo no lo toleraría, pero si la ametralladora mediática intenta mostrar que sólo lo que dice la Corte es lo que dice la Constitución, vamos a tener que estar atentos”.

Su par del Senado, Marcelo Fuentes, cargó nuevamente contra la Corte, pero dio un paso más al abogar por una reforma constitucional, cuya oportunidad para ser emprendida —dijo— deberá ser decidida por Cristina Fernández de Kirchner.

Pero esa es otra discusión, o tal vez la misma, engranaje de una maquinaria que ha puesto en marcha el Gobierno con intenciones aún no del todo claras. Lo cierto es que todos los caminos parecieran concurrir hacia un mismo punto y en el medio aparece siempre la Corte Suprema de Justicia. Razón por demás para dar crédito a las versiones de todo tipo que circulan en torno al Tribunal Supremo.

Puede que todo termine en la nada, que sea parte de la estrategia kirchnerista para maquillar lo que sin dudas fue una derrota política infligida por la Corte, comparable con lo que significó la 125 y su final con el voto no positivo de Julio Cobos. En este caso el tiempo fue más breve y la espectacularidad de los actos menor, pero la significación política hace valer la comparación.

Más no es de descartar que haya medidas en marcha para atender ese escollo que representa hoy la Corte. Los antecedentes no ayudan al kirchnerismo en esta materia, pues no suele resignarse y en general redobla la apuesta. De hecho, esta embestida contra la Justicia es para muchos consecuencia de dos fallos que calaron hondo en el sentimiento cristinista: el fallido 7D y la suspensión de la expropiación del predio de La Rural.

En el caso de que esté en marcha un avance sobre la Corte, se ha hablado en dos sentidos. Uno, especulando con la posibilidad de agrandar el número del Tribunal; el otro, emprendiendo el camino inverso: la reducción de sus miembros.

Luego de que Diana Conti alertara que “la Corte está intentando debilitar a este Gobierno”, el periodista Jorge Rial le preguntó sobre la primera posibilidad, la de ampliar el número de integrantes del Cuerpo. Ella, que suele instalar temas en la agenda pública, se fue por la colectora: “No sé si por ahí van a pasar las medidas —dijo—, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que continúe este debate, que la ciudadanía medite sobre estos temas”.

¿De dónde salió aquello de ampliar los miembros del Tribunal Supremo? A fines de abril pasado, cuando la reforma política todavía no había sido implementada, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que él integra, aunque admitió que “es políticamente incorrecto hablar de esto ahora”. Tal vez ya no lo sea tanto.

El ministro de la Corte argumentó que según la estructura actual, la misma debe asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos resulta elevada y complica el trabajo de los siete miembros del Tribunal.

Sin necesidad de modificar la Constitución, se podría ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. Zaffaroni fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: penal; laboral y previsional; contencioso administrativo y civil.

Según explicó, existen en la región ejemplos similares, y citó el caso de Costa Rica.

Cercano al Gobierno, el ministro Zaffaroni aclaró en abril pasado que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro y admitió que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.

Actualmente la Corte tiene siete miembros y el máximo número que llegó a registrar en la historia fue nueve, cuando en los 90 Carlos Menem amplió la Corte a través de la Ley N° 23.774, pasando de cinco a nueve integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, mientras que el titular del Tribunal, José Severo Caballero, fue destituido por el Congreso.

Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien terminó renunciando poco después.

Jueces en la mira

En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática, Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.

Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.

El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, los que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.

Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.

Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo lograron con Nazareno. Todo un dato para los que imaginen hoy una embestida similar para otro magistrado del Tribunal actual.

La nueva Corte

La embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron los procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, quienes renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, quien terminó siendo destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día, justo una década atrás.

Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.

El Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 actuales.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a 9, fijándola en 5. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los actuales 7 integrantes permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro sean cinco, la mayoría será suficiente con tres votos.

Quién te ha visto y quién te ve

Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como habitual fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil y los contactos con la prensa. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, donde se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: sólo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados.

La iniciativa kirchnerista buscaba apaciguar lo que veía como una derrota y desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.

Predicando con el ejemplo, Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de Cristina. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar su perfil. Recordemos que el primer proyecto que ella presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.

Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica.

Al defender su iniciativa en el recinto, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas que tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y hablaban a su juicio con “hipocresía sobre calidad institucional”.

Asimismo contó que el Gobierno decidió iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de que recibieran “una amenaza de dolarizar” la economía, si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un ex colaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.

“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.

La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

La reducción de la Corte

Hemos detallado dos caminos que bien podría emprender este Gobierno con la Corte apelando a mayorías simples. Para ampliar el Tribunal, basta con un proyecto para el cual puede contar con mayorías suficientes en ambas Cámaras. Y para reducirla, basta con el proyecto vigente. Pero la aplicabilidad de un camino en ambos sentidos tiene serios contratiempos.

Hacer crecer el número de miembros de manera exponencial, como sugirió Zaffaroni para un futuro hipotético demandaría una tarea titánica pues estaría claro para la oposición cual sería el sentido de ese camino y difícilmente le daría los dos tercios necesarios para cada nueva designación. Así no se optara por una Corte XL, sino una más menguada de nueve miembros, el recuerdo reciente de lo sucedido con la frustrada designación de Daniel Reposo alcanza para saber que el oficialismo no las tendría todas consigo. Máxime con la experiencia de Alejandra Gils Carbó, que la oposición tendría en cuenta en ese futuro hipotético. Además, sería difícil de sostener cualquier discurso que desandara los dichos que acompañaron a la reducción de la Corte menemista de nueve miembros.

La vía más atinada pareciera ser entonces, en ese caso, la reducción de sus miembros. Dejando de lado la alternativa extrema de la puesta “en disponibilidad” que sugirió recientemente el desbocado Luis D’Elía, el camino de la destitución también necesita de los inalcanzables dos tercios para cada integrante, y no parecen ser estos ministros de la Corte pasibles de causas suficientes para generar semejante reacción. Seguramente ya deben haberse auscultado a fondo sus antecedentes sin haber encontrado aún registros que ameritaran semejante medida. De hecho, cuando Hebe de Bonafini anunció que semanalmente se dedicaría a denunciar las ropas sucias de cada uno de los integrantes de la Corte, se quedó en el amague.

Debería el Gobierno aguardar a la paulatina reducción de sus miembros por razones de edad. Los constituyentes pensaron en eso cuando redactaron el artículo 99, inciso 4, párrafo 3° que exige un nuevo nombramiento de jueces una vez cumplidos los 75 años. Sin embargo la Corte consideró inválido ese artículo de la reforma constitucional de 1994 en un fallo suscripto en 1999. Por primera vez en la historia declaró nula una cláusula de la Constitución nacional, argumentando que el poder constituyente había violado la Ley 24.309 e interpretando que la Convención Constituyente actuó sin competencia, fuera de la ley que la convocaba, y que el artículo 99, sección 4, de la Constitución es nulo. Expresó allí que “si la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución, ningún departamento puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas y es del resorte de esta Corte juzgar “la existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes y excedencia de sus atribuciones”.

La medida respondió a una acción promovida por Carlos Fayt y fue adoptada también por Enrique Petracchi, que ya superó ese límite de edad. En el caso de que sí se aplicara para los jueces designados con posterioridad a la reforma constitucional, podría ser pasible de ella Carmen Argibay el próximo año. A Elena Highton de Nolasco le faltan cuatro para llegar a los 75 años. Antes los tendrá Zaffaroni, quien ha mostrado su disponibilidad a dejar la Corte a mediano plazo. Podría hacerlo a los 75, justo en 2015.

Cualquiera sea la medida que el cristinismo pretendiera implementar con la Corte Suprema de Justicia que acaba de herir de muerte el eje central de la reforma judicial, se chocará siempre con dos dificultades insalvables: los tiempos que no se ajustan a la premura oficial, y los dos tercios que si fueran tan accesibles, los usarían para reformar la Constitución.

José Ángel Di Mauro