En el día de ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Río Gallegos, Santa Cruz el acto en el que anunció la polémica adjudicación de las dos represas hidroeléctricas denominadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic a un consorcio cercano al Gobierno que encabeza la empresa Electroingeniería S.A. El monto total de la obra asciende a 22.925.870.000 de pesos.

"A mí no me importa quién gane la obra a mi me importa que la represa se haga. No se ganan las obras con lobby", enfatizó la presidenta y agregó: "Escucho que hablan de empresarios K y yo digo que si los empresarios K son los que ganan plata, hay muchos empresarios K", dijo Cristina.

En las últimas horas, el grupo de Ex Secretarios de Energía emitió un comunicado que recuerda como ya el 5 de agosto afirmaba: “Nos preocupa en forma particular la inminente adjudicación de las obras hidroeléctricas del río Santa Cruz cuya factibilidad real en las actuales circunstancias nadie conoce; como tampoco se sabe cómo se repagarán. Solicitamos al Gobierno que transparente los estudios de factibilidad integrales que demuestren la viabilidad de estas obras en las actuales circunstancias.”

El grupo advierte que “persistiendo esas grandes indefiniciones, el Gobierno nacional  adjudicó mediante la Resolución 760/2013 las obras de las centrales Presidente Kirchner y Gobernador Cepernicen el río Santa Cruz (ex centrales Cóndor Clif y la Barrancosa). Se trata de una decisión irresponsable cuyas consecuencias negativas las deberán asumir por lo menos las dos próximas administraciones gubernamentales a partir de 2015”.

El comunicad advierte que “el proceso licitatorio que termina con la adjudicación de las obras ha sido irregular. Se inició en 2008 y en el transcurso del mismo se anularon dos licitaciones y se canceló una adjudicación, se orientó la calificación a dos consorcios con empresas amigas del poder y sin experiencia en la construcción de este tipo de emprendimientos. El proceso definitivamente no fue transparente y ha sido objetado por especialistas y políticos”.

“La utilización efectiva de esta importantísima fuente de energía renovable no va a ser realidad si ello se encara –como en esta oportunidad- sin proyectos técnicos bien definidos, sin estudios de factibilidad que demuestren claramente la viabilidad económica de la obra y, fundamentalmente, sin un financiamiento adecuado que permita su repago una vez que la obra entre en operación. Es absolutamente necesario además que un organismo público actúe como comitente garantizando una adecuada supervisión e inspección de las obras que no existe en este caso”, indican.

“Las obras adjudicadas no se encuentran incluidas en un Plan de Construcciones Hidroeléctricas que priorice los emprendimientos de menor costo. No tiene sentido entonces lanzar una obra de más de US$ 4500 millones ubicada en la Provincia de Santa Cruz, cuya energía se consumirá mayoritariamente en el sistema del Gran Buenos y Litoral sin que se haya incluido hasta ahora la línea de transmisión en extra alta tensión para transportar la energía producida cuya longitud se estima en 2500 Km y es de altísimo costo”.

“Es también un fuerte contrasentido que en un contexto de caída de las reservas, falta de divisas para afrontar los compromisos externos, déficit presupuestario e inflación que ronda el 30% anual, se contrate una obra que con las tarifas actuales no podrá afrontar nunca el repago de las deudas con los financistas; lo que agravará nuestra situación fiscal. Estas carencias harán que se prolongue en forma indefinida el plazo de ejecución con grandes incrementos de los costos de obras que pagaremos todos los argentinos”, advierte el comunicado firmado por los exsecretarios de Energía Emilio Apud, Julio César Aráoz, Roberto Echarte, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco.