El desarrollo cultural de una Nación depende, en gran medida, del grado de libertad de sus ciudadanos. Y la libertad, a su vez, depende de un funcionamiento institucional que permita a los poderes del Estado controlarse entre sí, y a la ciudadanía, controlar a sus gobernantes.

El decreto por el cual Cristina Kirchner, en acuerdo de ministros, modificó la ley de ministerios invocando “necesidad y urgencia” para crear el Ministerio de Cultura, es un menosprecio por las atribuciones del Congreso de la Nación. Un agravio más al estado de derecho.

El art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional establece, respecto de las facultades del Poder Ejecutivo que “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.”

¿Estamos en una situación de emergencia cultural luego de una década de régimen kirchnerista que hace necesario el uso de facultades de excepción? Si así fuera, ¿la imaginativa decisión a adoptar es transformar la secretaría del área en ministerio? ¿Cuál es el daño inminente que debió conjurar la Jefa de Estado con el DNU Nº 641/2014? ¿Qué es lo que impediría al Congreso sancionar una ley que incorpore un nuevo ministerio? Todo parece indicar que no había ni hay justificación alguna para que la Presidente supliera las funciones del Congreso de la Nación a la hora de modificar una ley.

Así, este desprecio por la vida institucional de la Nación se traduce también a la cultura y nos permite dudar con fundamento respecto de las intenciones que esconde esta pseudojerarquización. Porque la cultura no se jerarquiza sumiendo en la ilegalidad al área de gobierno que debe promoverla, sino por el contrario, garantizando de una vez y para siempre el fin de la arbitrariedad en el manejo del Estado.

Lamentablemente, la cantante Teresa Parodi es hoy una ministra de facto que usurpa funciones creadas inconstitucionalmente. ¿En qué puede beneficiar ello a la cultura?

José Lucas Magioncalda
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