Recuerdo en las viejas documentales de Pino Solanas cuando nos mostraba escenas de actos que marcaron la historia de nuestro país, en las cuales con lamentable asombro observábamos a un ejército de obsecuentes que daban su voto a favor de la orden directa que les impartía el poder ejecutivo, siendo estos integrantes de otro poder el cual debía controlar al que le daba la orden.

Aquellos personajes de historieta que en la documental se los calificó de levanta manos cuando se trató el tema de las privatizaciones de las empresas del Estado, notoriamente en estos días los fantasmas del pasado vuelven a aparecer pero más recargados.

En aquella triste década de la cual todos nos acordamos y que preferimos olvidar, los funcionarios se caracterizaban por optar por el vale todo, sin tener el mínimo respeto por los principios, la ética, el buen nombre, y mucho menos la ley.

Hoy en día nos damos cuenta que es una costumbre del oficialismo y de sus funcionarios el poco conocimiento de las instituciones con errores que pecan de ignorantes a cuestiones que tiene no solo que ver con el sentido común, sino también con el orden democrático, y el control ante las violación a la ley, que puede realizar algún funcionario, en el ejercicio de sus funciones o en la vida privada haciendo un mal desempeño de su cargo.

Aprovechándose del poder que reviste la figura que es parte de la función pública del Estado teniendo rango ministerial, se sienten en la más absoluta de las impunidades. Teniendo en cuenta que algunos parlamentarios de su misma línea se vanaglorian por tener la cantidad de manos suficientes para utilizar la fuerza sobre la razón en el ámbito legislativo.

El oficialismo dentro del gobierno Nacional, se preocupa por poner en los cargos de la administración pública a personas que saben le rendirán pleitesía con un conocimiento paupérrimo de la función, removiendo a todo aquel que tenga un poco de razonamiento y experiencia en el cargo por más que haya pasado toda su vida en la función pública y sea respetado por sus pares.

Como no le basta solo controlar el Poder Legislativo también ha tratado de hacer lo suyo con el Poder Judicial. Un triste ejemplo del carente conocimiento de esta administración sobre el derecho, en lo que ataña a la división de los poderes del Estado, tuvo lugar cuando quisieron modificar la forma de elección de los jueces por medio de voto popular como si fuera una boleta de políticos queriendo a la vez ingresar a los magistrados a la militancia política y peor aún obligarlos a definir a cada uno en qué partido político enrolarse.

Pero como en este país de las maravillas, nunca superamos nuestra capacidad de asombro. En los hechos de los últimos años tuvimos también nuevas experiencias.

Como si a la Argentina le faltaba poco con tener dos Ex Presidentes procesados y alguno con elevación a juicio, hoy tenemos un Vicepresidente en ejercicio, que se encuentra procesado y con prueba tal vez “solida” como para ser elevada la causa a Juicio también.

Lo grave es que no solo está siendo investigado en una sola causa, se lo investiga en varias causas más en el ámbito de la Justicia Penal.

Tengamos en cuenta que en cualquier país que respete sus instituciones, por muchas menos razones que las aquí expresadas ya habría tramitado un juicio político teniendo todo el respeto por las garantías constitucionales y el debido proceso, por estar en juego la aptitud y la conducta de quien ejerce el cargo que podría ser deficiente y comprometer el futuro de sus conciudadanos.

En tal sentido el juicio político es un proceso similar al judicial pero efectuado por el Senado, el cual tiene una connotación eminentemente política dedicado a resolver las alegadas faltas de conducta de un funcionario oficial[1].

Se dice que el juicio político acarrea con una eventual condena, un aspecto relevante en el sistema de de frenos y contrapesos propio de la democracia, permitiendo a la rama legislativa ejercer un control político efectivo sobre los funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y es así que el Juicio Político es una herramienta de control considerada como la “gran Herramienta” entendiéndose como una de las más altas facultades del congreso[2].

Hay hechos que pueden no ser considerados como delitos, pero sí se puede interpretar como una mala conducta, que en sí lleva aparejado la realización de un Juicio Político. La gran cantidad de irregularidades que realizó el vicepresidente dentro del ámbito administrativo como en el judicial, es un indicio tal, que ningún legislador puede dejar de pasar por alto y es elemente de convicción suficiente como para iniciar un proceso de juicio político.

Se tuvo conocimiento que, Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública[3].

En ese hecho también se investigó que una empresa que estaba en proceso de quiebra (Ciccone Calcográfica) luego fue adquirida por “The Old Fund”, que pasó a llamarse “Compañía de Valores Sudamericana”, que no poseía certificación fiscal para contratar con el Estado, se le encomendó mediante un negocio privado la impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria en la cual el vicepresidente estaba postulado.[4]

En otra causa judicial se investiga lo ocurrido el día 11 de agosto de 2011 el vicepresidente utilizó en aquel tiempo un helicóptero de Gendarmería Nacional donde se dice que lo abría utilizado para apoyar la campaña del candidato a intendente por el Frente Para la Victoria de Morón en aquel momento[5]. Se dice también que el 17 de noviembre de 2011 viajó en otro helicóptero de la firma constructora Ecodyma S.A. la cual aspiraba a conseguir obras públicas. Se formuló una denuncia por irregularidades donde dudosamente se lo quiso sobreseer y el Fiscal Carlos Alberto Rivolo apelando la medida en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, la cual revoco el sobreseimiento y ordeno al Juez de grado proseguir con la pesquisa[6].

Otra causa es también la de enriquecimiento ilícito fue iniciada por una denuncia realizada por Christian Sanz a través del abogado de este portal, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quienes habían presentado en tribunales documentos que ponían en la mira al vicepresidente, sus padres, hermanos, a su novia, y a los empresarios José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación el 7 de julio pasado, Boudou puso en su declaración jurada 180.700 pesos por viáticos de viajes que hizo en el país y al exterior en 2009, 2010 y 2011, cuando fue titular de la ANSES y ministro de Economía.

A Boudou se le imputó haber violado el artículo 261 del Código Penal, que castiga con dos a 10 años al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”[7].

Otra causa judicial fue iniciada en el 2009, por la compra de un vehículo marca Honda modelo CRX fabricado en 1992. En principio el auto fue adquirido por Cayetano Campione , quien luego realiza la venta del vehículo con la denuncia de venta en el año 1997, el comprador originario manifestó que desde el año 1993 el auto no estaba a su nombre dado que se lo habría vendido a Atlántida Automotores, una concesionaria de la ciudad de Mar del Plata, utilizando en aquella oportunidad el dominio nº B 2.424.822[8].

 Se dice que el formulario 08 donde consta la transferencia del vehículo dominio WYT 716 posee inserta una firma del vicepresidente que es falsa, y las irregularidades que constan en el expediente es que el numero de motor que figura con la numeración original a pesar que se le ha cambiado el motor en el año 1995 por que se averió, el auto se encuentra secuestrado por la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal, dado que Boudou lo presentó voluntariamente ante el Juzgado.

La Justicia analizó el denominado "Legajo B" -que conserva cada Registro del Automotor- donde quedan asentados todos los movimientos en relación a los automóviles. El "Legajo B" es una copia del "Legajo A" que queda archivado en la DNRPA.

En 2003 Boudou inició el trámite para cambiar la radicación del Honda ya que estaba radicado en Moreno y el vice quería pasarlo a la jurisdicción de la Capital.

En el formulario 04 por el que se solicita el cambio de radicación la firma de Boudou es verdadera. Pero para realizar el trámite y pasar el auto desde Moreno a Capital, Boudou dio un domicilio en la calle Berón de Astrada al 2708, a metros del Riachuelo[9].

Ahora bien, teniendo en cuenta la motivación de un pedido de juicio político veamos que este auto figura entre los bienes que declaró el vicepresidente ante la oficina anticorrupción donde manifiesta que el vehículo Honda CRX Del Sol le pertenece desde el año 1992, a pesar que para aquellos años el auto estaba a nombre de Campione.

En la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, el día jueves 3 de este mes se llevo a cavo una cesión donde los diputados del oficialismo dieron un triste ejemplo del poco conocimiento que tienen en materia de juicio político, queriéndolo comparar con su proceso judicial, por no tener sentencia firme quien figura como imputado y fueron más allá, manifestando que esto iba contra la división de poderes.

Desestimando los pedidos de juicio político rechazándolos in límine, como que no fueran procedentes para el Congreso la valoración de los indicios de mala conducta del vicepresidente, sin ninguna fundamentación lógica y mucho menos jurídica y ni hablar que es lo que realmente se debe investigar en un juicio político.

Este instituto de juicio político se ve reflejado también en la Constitución de Estados Unidos en su artículo. 2 sección 4. El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos mediante procedimiento de residencia, previa acusación y convictos que fueren de traición, cohecho u otros delitos graves y menos graves [10].

Tal es su importancia que fue formulado contra dos presidentes (Andrew Jackson y William Jefferson Clinton) ambos fueron absueltos pero el proceso se realizó y se valoró la prueba. A Richard M. Nixon se estuvo por iniciar un proceso también pero renunció al cargo antes de que sucediera el debate.

Parece mentira ese mismo oficialismo que quería dominar el poder judicial hace poco menos de un año hoy se fundamenta en un dictamen en el cual dicen cuidar la independencia de los poderes del estado en un sistema republicano.

Y mas vergonzoso es que quien preside la Comisión no tiene la más mínimo noción de la causa judicial para emitir un dictamen con conocimiento cabal de uno de los hechos que se le imputan al vicepresidente. En una entrevista periodística realizada por Radio Mitre, el conductor del programa Marcelo Longobardi le consulta sobre los antecedentes de la Causa y de que se trataría la sesión del día en la comisión.

La Diputada Adela Segarra cuando se le pregunta en el caso de la estatización de Ciccone Calcografica quien era en ese momento el dueño y a quien se la estaba comprando, la legisladora no respondió lo preguntado y atinó en una oportunidad a manifestar que no está comprobado que la empresa fuera del vicepresidente[11].

Si quien preside una comisión tan importante como es la Comisión de Juicio Político, no se preocupa como es cada caso judicial donde el presunto imputado es quien se lo debe investigar, ¿qué queda para el resto del oficialismo que tiene la cantidad de 17 legisladores dentro de la comisión? Para consuelo nos queda, saber que tenemos una oposición a la altura de las circunstancias que peleó a brazo partido fundamentando el porqué se debía iniciar un proceso de juicio político al vicepresidente con verdaderos alegatos muy bien fundamentados pero lamentablemente, la mayoría del oficialismo hizo oídos sordos a lo alegado y utilizó la fuerza sobre la razón.

El Frente para la Victoria en el ámbito legislativo ya acostumbra esta metodología. Un caso típico se da en la creación de leyes sin motivación y oportunidad para poner en vigor. Ya en el mismo Senado de la provincia de Buenos Aires se vieron barios mamarrachos jurídicos aprobados por la mayoría automática que tenían con anterioridad a esta última elección legislativa donde se tuvo que votar nuevamente alguna ley por ir contra de los mismos tratados internacionales (recordemos que paso con el tema de la tenencia de armas y la excarcelación).

Pablo Caruso