Los autores del libro “Preso de conciencia” arribaron a Caracas el 7 de mayo de 2014, para culminar con trabajo de campo una investigación de dos meses y medio, iniciada el mismo día que el gobierno de Nicolás Maduro dispuso la detención de Leopoldo López Mendoza.

Nos alojamos en un hotel cercano a la plaza Altamira y, en apenas cinco horas, comprobamos que todo lo que se emite por televisión y se ve en los distintos medios gráficos internacionales sobre la crisis de Venezuela está muy lejos de la realidad diaria que allí se padece.

Cerca de las diez de la noche, salimos a hacer una primera vuelta de reconocimiento.

Fue cuando encontramos, escondidos, a casi doscientos motociclistas de la Guardia Nacional Bolivariana que portaban armas largas.

El despliegue estaba destinado a desactivar cualquier tipo de “guarimba” —acciones de protesta callejera que implican la interrupción del tránsito vehicular mediante la colocación de maderas, vallas o bolsas de basura sobre el pavimento— que intentara interrumpir las calles principales del distrito de Chacao.

Con los recaudos pertinentes, seguimos caminando y, apenas tres cuadras más adelante, vimos como cuatro camionetas azules del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) se estacionaban frente a un edificio ubicado en la Avenida Sur Altamira.

Las mismas se movilizaban sin chapas patentes, ni números de móvil identificatorios (al igual que ocurre con todas las patrullas de las fuerzas de seguridad nacionales.).

Unos veinte efectivos, vistiendo trajes camuflados color gris y ocultando su rostro con pasamontañas, descendieron de los gigantescos rodados e i irrumpieron violentamente en un edificio de propiedad horizontal. Pocos minutos más tarde, se llevaron detenidas a dos personas de más de setenta años.

Al día siguiente, el SEBIN los acusó porque, supuestamente, habían prestado colaboración a los estudiantes que manifestaban en la zona.

Tratando de esquivar todos estos operativos que se llevaban a cabo con celeridad por calles entre penumbras, nos guarecimos en Los Pilones, un restaurante de la zona.

Cuando nos retiramos, ya entrada la madrugada, pudimos comprobar que sobre la Avenida Francisco de Miranda unos setecientos uniformados, que respondían al gobierno nacional, estaban llevándose presos a más de doscientos estudiantes que acampaban en protesta por las duras políticas represivas de la administración que encabeza Nicolás Maduro.

Se trataba de cuatro campamentos establecidos frente a la sede de las Naciones Unidas, en la capital venezolana.

Según los partes oficiales “las carpas servían de refugio a grupos violentos que salían a cometer desmanes en la zona, utilizando como excusa esa supuesta protesta pacífica”.

Sin embargo, al día siguiente, los programas de televisión ultra oficialistas se encargaron de exhibir drogas, armas, explosivos y morteros que habrían estado en manos de los alumnos universitarios.

Sólo habíamos visto semejante tipo de emboscadas nocturnas desplegadas por fuerzas regulares contra la población civil de un país en Argentina, durante la dictadura militar que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el regreso de la democracia siete años y medio más tarde. Y también, en el Chile de Pinochet, luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Como si todo lo narrado anteriormente fuera poco, los llamados “colectivos” paragubernamentales recorrían con su enjambre de motos todo el distrito financiero caraqueño, generando un ruido atronador a pesar de lo avanzado de la hora.

Buscaban meter miedo y amedrentar a los habitantes de la zona, una de las más refractarias al chavismo.Los atropellos se repiten cada jornada ante la indiferencia y la complicidad del resto de los países Latinoamericanos, que desconocen o callan lo que está sucediendo en Venezuela.

Al llegar al hotel, ubicado sobre la Avenida del Ávila a pocas cuadras de los escenarios descriptos, la conserje del turno noche nos comentó, a modo de advertencia, que el establecimiento había sido allanado ya varias veces y que se habían llevado detenidos al menos a tres periodistas extranjeros.

Era la primera noche en una ciudad que creíamos conocer bien, producto de viajes anteriores para distintas coberturas periodísticas.

Sin embargo, Venezuela había cambiado de forma radical en los últimos años.

Ahora, los agentes de seguridad del régimen imperante son los encargados de inspirar en su propia ciudadanía un temor paralizante.

Marcelo López Masia y Graciela Russo, autores de “Preso de conciencia”.

Anexo: La carta abierta de Leopoldo López

Una requisa salvaje en medio de un proceso injusto. En la madrugada del viernes 25 de Julio de 2014, un equipo de la División de Contrainteligencia hizo una requisa entre los presos de la cárcel militar de Ramo Verde. El saldo más grave de dicha requisa, sin dudas fue la terrible golpiza recibida por el ex alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

El líder nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos y el ex director de Seguridad de San Diego, Salvatore Luccese, también resultaron afectados.

Les robaron televisores, dinero, libros y apuntes personales. Luego, los confinaron a un sistema de aislamiento en las peores condiciones. Leopoldo López lo relata en primera persona.

Acostumbro a acostarme a las 11:00 pm y levantarme a las 4:45 am de la mañana. A la 1:15 am, estaba dormido. En Ramo Verde, las noches son silenciosas y es común despertarme por algún ruido. Especialmente el que ya tengo grabado en mi mente: el de las puertas y los candados al abrirse o cerrarse. Se trata de un sonido profundo, con eco y chillidos.

Esa noche, no fue eso lo que me despertó, sino un bullicio en mi propia celda. Abrí los ojos y estaban frente a mí dos hombres uniformados, de negro de pie a cabeza, armados, con chalecos, radios y pasamontañas que le tapaban el rostro.

Se encontraban allí, parados velándome el sueño mientras otros cuatro o cinco, con el mismo aspecto, destrozaba mi celda, tirando todos los libros al piso, sacando la comida de una pequeña nevera que tengo, sacando el café, el azúcar y el resto de los alimentos de sus envases. Abriendo y revisando cada libro, cada milímetro de la celda. Pregunté qué pasaba y no me respondieron.

Nadie lo hacía. Seguían con su labor como autómatas sin dirigirme una mirada o una palabra. Comenzaron a recolectar “objetos de interés” para confiscarlos: libros, Ipod, linterna, reloj despertador, correspondencia recibida y escrita por mí, apuntes. Lo más grave: todas las anotaciones que tenía preparadas para mi defensa en un juicio que es inminente.

Al solicitar saber que pasaba, nadie me respondió y tampoco se hizo presente ningún representante del Ministerio Público ni de la defensoría militar como en otras ocasiones. Más tarde, subió por la escalera y apareció desde las sombras un hombre de mediana estatura, con el mismo uniforme que sus “compañeros”, pero sin el rostro tapado.

Lo reconocí al instante. Se trataba del General Wilman Hernández Aquino, Jefe de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y hombre de confianza de un General detenido ese mismo día en Aruba por narcotráfico: el Pollo Hugo Caravajal

Desde que llegué a la cárcel de Ramo Verde, me han hecho ocho requisas, de las cuales sólo dos han sido extensivas también al resto del penal. Mientras que los otros tres presos políticos de Voluntad Popular sufrieron cinco inspecciones en total.

En las tres restantes, sólo revisaron mi celda. He llegado a la conclusión que más que buscar algún elemento para robarnos (digo esto, porque nunca devuelven nuestras pertenencias) lo que realmente intentan con estos movimientos es intimidarnos. Quieren que se sienta de cerca el peso de la bota militar.

Esa noche la requisa fue distinta a todas las anteriores. Fue sigilosa. Entraron como ladrones, sin tocar la reja de la celda, evitando el sonido de los candados y las puertas. Buscaban intimidar tapándose el rostro y por primera vez fueron violentos.

Nos cayeron a golpes. Cuando se iban a llevar los papeles de mi defensa, reclamé y lo que recibí como respuesta fue un empujón hacia adentro de mi celda y el cierre con el candado.

Con Scarano y con el comisario Salvatore Lucchese fueron más rudos aún. Cuando Enzo solicitó que firmaran un acta con lo que se estaban llevando fue neutralizado por cuatro o cinco funcionarios que lo tiraron al piso y le dieron golpes y patadas.

Cuando el comisario trato de intervenir también fue tirado al piso y maltratado. Yo estoy en el piso de arriba de ellos y no pude bajar porque habían cerrado la reja, pero se escuchaba como en estéreo los golpes secos y los gritos de reclamo y denuncia por parte de Enzo y Salvatore.

El día anterior, había comenzado mi juicio. Un proceso en el que voy derecho al paredón de la injusticia. Acusado por mi discurso e indefenso en el estrado. No me permitieron presentar ni una prueba, ni un solo testigo para poder defenderme.

Una aberración ya que un juicio es precisamente el escenario en donde se da la oportunidad de que el acusador y el acusado puedan promover pruebas y atestiguantes que sustenten con hechos concretos la posición de cada parte. La juez nos negó todos los testigos y pruebas promovidas, pero le acepto a mi acusador y supuesto agraviado, el Ministerio Público, todos los testimonios, setenta y ocho, además de todas las pruebas presentadas.

Setenta y seis de los setenta y ocho declarantes son funcionarios de la policía y del propio ministerio público. Un “experto semiólogo” promovido para analizar la penetración de mi discurso en la ciudadanía es en realidad militante del gobernante PSUV y un “analista de redes sociales” también es miembro del partido oficialista.

Recientemente, se desempeñó como vice ministro de comunicaciones. Estamos frente a una querella que es realidad la guillotina del siglo XXI.

El mismo día de mi proceso, cuando yo estaba declarando ante la juez, el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional le decía al país que yo era culpable de todos los hechos ocurridos a partir del 12 de febrero y que tenía que pagar por eso. Que iba a pagar, que nadie lo dudara.

El rayo desde un poder sin pudor a las formas le indicaba a la magistrada, y a todos los involucrados en la causa, que la orden era clara y precisa: la condena.

La sentencia llega desde lo más alto del poder. El veredicto no se basa en los hechos

El juicio es simplemente un teatro, una fachada que cubre la decisión política de encarcelarme. Casualmente, sin saber que Maduro estaba pidiendo mi condena por TV, yo comencé mi exposición con el recuento de las amenazas de encarcelamiento que me ha hecho el primer mandatario nacional públicamente desde enero del 2013, un año antes de que se emitiera la orden de captura en mi contra.

Era cuestión de tiempo mi apresamiento y los hechos ocurridos el 12F sirvieron como excusa.

Antes de que se tuviera una idea clara de lo que había ocurrido, Maduro y el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, me culparon de los hechos, incluso de los homicidios.

El presidente llegó a decir, de manera irresponsable, que los muertos de esa jornada (dos en las cercanías de la fiscalía y uno en el municipio Chacao) habían sido víctimas de la misma pistola.

Días después, se comprobó con fotos y vídeos irrefutables que Bassil da Costa y Juancho Montoya habían sido asesinados por funcionarios de la policía política SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y por los “colectivos” armados afines al gobierno. Al día de hoy, esas muertes, como todas las ocurridas durante las protestas, se mantienen impunes, a pesar de las pruebas y testimonios que involucran a los asesinos, quienes han sido amparados por el manto de la impunidad del poder.

Al día siguiente de la golpiza recibida por los funcionarios del DIM, nuestras esposas denunciaron ante la opinión pública y ante la fiscalía lo ocurrido.

Tres días antes de la visita nocturna del DIM, la dirección de Derechos Fundamentales, atendiendo las denuncias de aislamiento y violación de nuestros derechos y como respuesta al cuestionamiento de Amnistía Internacional a la fiscal sobre nuestra situación, nos había visitado y verificado nuestra condición de aislamiento.

Ese día, firmamos un acta en donde se restituían nuestros derechos de visita, de poder compartir con los demás detenidos, de respetar nuestra correspondencia y de poder participar en actividades del penal.

La restitución de nuestros derechos apenas duró cuarenta y ocho horas.

Por primera vez en cinco meses, pudimos compartir durante dos días momentos con los compañeros: comer juntos, hablar y caminar por el anexo del penal.

Algo pasó. Realmente no sé cuál fue el detonante, pero el hecho es que al regresar de la audiencia de mi juicio el miércoles en la noche, fui informado de que retornábamos al régimen anterior, con completo aislamiento.

Pregunté qué había pasado y la respuesta fue la misma de siempre: “son órdenes superiores”. Este episodio es solamente un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Venezuela.

La fiscalía es autónoma en papel. Supuestamente, tienen autarquía y sus decisiones en cuanto a violaciones de derechos deben ser acatadas por cualquier funcionario, civil o militar.

Eso es en teoría, porque la Constitución en el país apenas vale como papel, porque lo que está escrito es letra muerta y no se aplica.

La realidad es que los fiscales, al igual que todos los jueces y el resto de los poderes públicos, están subordinados a los intereses y decisiones del partido de gobierno, del sistema, de la dictadura.

La fiscalía se lavó las manos con nuestro caso a pesar de habernos visitado en nuestras celdas, al igual que ocurrió con la defensoría del pueblo que lamentablemente está pintada de la pared y no tiene ninguna incidencia en velar por y promover la defensa de los derechos de los venezolanos.

“Órdenes superiores”. Nuevamente, esa fue la frase que escogió el director del penal, el coronel Miranda, cuando apareció luego de cuatro días de ausencia y tras la agresión de la que fuimos víctimas. Cuando Chávez estaba vivo, la frase “órdenes superiores” tenía un último eslabón, el Comandante.

Pero con Maduro, realmente no sabemos quién manda. No sabemos si las órdenes las da el presidente, el “Cartel de los Soles”, Diosdado Cabello o el pajarito que le habla a menudo al primer mandatario nacional.

Esto ha generado en todos los ámbitos un desmadre, incluso en las filas del propio régimen. La respuesta a las denuncias de nuestras esposas no se hizo esperar.

En medio del escándalo generado por el narcogeneral detenido en Aruba y defendido por Maduro, el Estado quedó convertido públicamente en un narcoestado.

Nicolás Maduro aseveró por televisión que detrás de la detención del general Carvajal estaba mi esposa y mi equipo de trabajo ya que ella había estado días antes en Estados Unidos, denunciando mi situación.

Efectivamente, Lilian había viajado a Norteamérica presentando nuestro caso ante la opinión pública y autoridades como lo había hecho previamente en el Vaticano, ante el propio Papa Francisco, en España, Francia, en la Unión Europea y en varios países de América latina.

Siempre de manera transparente, con pruebas en la mano y con el mismo discurso: “en Venezuela se están violando los Derechos Humanos, no hay democracia y reprimen a quienes protestan”.

Mientras escribo estas líneas y pienso como sacarlas del penal, sigo aislado, sin visita abierta. Me leen toda la correspondencia, graban las llamadas cuando me comunico desde el teléfono del penal y estamos a diario a la espera de una nueva requisa abusiva y violenta.