Cada día es más evidente que los iluminados de la gestión administrativa nacional o provincial, operan en función de un objetivo: la ruptura de la estructura productiva nacional y su reemplazo por una economía totalmente dirigida por ellos.

El desorden financiero, económico e incluso territorial que intentan alcanzar será el aconsejado desde la excusa ideológica llamada marxismo. Pero en realidad los autores ideológicos de la transformación, que no residen en nuestro País, juegan el destino nacional de acuerdo a la finalidad geopolítica que ocultan detrás de los argumentos más rebuscados.

El nuevo orden mundial utilizará todos los métodos que están a su disposición pues cuenta con los medios financieros adecuados. Las primaveras árabes, los nuevos estados ultraislámicos, la soberanía territorial discutida entre votos y armas, la creación de una nueva moneda de reserva, la promoción de la corrupción estatal que disponga de los destinos de una sociedad, etc.

En nuestro país, un 25% del padrón electoral pretende imponer al 75% restante, una serie de leyes que modificarán la relación entre los funcionarios y la sociedad. El objetivo es simple: disminuir la capacidad productiva y generar desabastecimiento, de manera tal que la provisión de bienes y de la ocupación serán parámetros administrados por los funcionarios de acuerdo a las órdenes que reciba y a los propósitos que negocie la mesa chica.

De aprobarse las leyes que el gobierno requiere, apelando a mi paranoia imaginativa puedo suponer que, si un grupo de funcionarios lo considera oportuno, en una empresa codiciable pueden producirse problemas de insumos importados, de asalariados no conformes con sus ingresos, de análisis de los márgenes de utilidad, aplicados en los precios, en los cuales queden comprometidos sus proveedores, sus clientes, sus profesionales, etc.

Obtenida la inviabilidad económica de la unidad productiva, se la quebrará, se designará una cooperativa que respete los intereses de los funcionarios actuantes, se le otorgarán los créditos blandos que permitan los fondos privados de la ANSES, y todo culminará con un nuevo subsidio que complemente la caída de los ingresos operativos.

Desde luego que, las menores producciones de bienes provocarán un desabastecimiento que, a su vez, generará un mercado marginal, no controlable, con precios que puedan pagar, sólo, los de mayores ingresos.

Es una versión del capitalismo de estado que viene a iluminar y actualizar la vieja teoría de la lucha de clases. La primera reacción del empresariado todavía radicado en nuestro País y la de muchos comunicadores que aún no asumen el destino que nos tiene asignado la camarilla que “estudia profundamente” la situación y que, aún, consideran como “errores” a las acciones planificadas los funcionarios, es colocar la discusión en el rol que debe cumplir el Estado en la Sociedad.

Este razonamiento sí es erróneo. El problema no es el rol del Estado en la Sociedad. El problema real es el rol que cumple la Sociedad en el Estado.

La ausencia de una oposición política creíble y confiable, el “veletismo” de muchos sindicalistas, las internas como marco en el que se administra la Justicia ni en tiempo ni en forma, la corrupción que surge en cada análisis de la gestión administrativa del estado nacional, de los provinciales o de los municipales, el incumplimiento del compromiso estatal de ocuparse de la salud pública, de la seguridad personal, de la seguridad jurídica, de la educación, es decir de los derechos que otorga la Constitución Nacional, etc., es el resultado del quietismo ciudadano que lo permite.

El argentino aún no toma conciencia de que, así como se desarmaron a las FFAA, así como las FFSS fueron castigadas y permitida su infiltración por la delincuencia, así como se distorsiona al Poder Judicial y se intenta obligarlo a subordinarse al Ejecutivo, así como el derecho de propiedad privada y el derecho a la propiedad privada son gradualmente anulados, así los derechos ciudadanos son cada día menos aplicables.

El derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” no ha sido reglamentado pero no puede impedirse su ejercicio, el que debe ser ejecutado en cualquier momento y en cualquier lugar. La información sobre hechos de corrupción aún no difundidos es lo que más temen los funcionarios corruptos. Temen la condena social. Temen que se combata la ética cero con la injusticia cero.

La Sociedad debe ejercer el contralor del Estado mediante la observación y la denuncia, por las redes sociales, de los funcionarios de todo nivel. Si no lo hace, el destino de la Nación y de la Patria quedará a disposición de los titulares del nuevo orden mundial. Es decir de los buitres externos que manejan a los buitres internos.

Los buitres internos creen estar a salvo por su situación de obsecuencia a los súper poderes. No saben que, cuando esos súper poderes acceden a los gobiernos en forma directa, para que los pueblos acepten su permanencia deberán entregarles a quienes son identificados por la ciudadanía como corruptos, traidores a la Patria, cómplices o encubridores. La historia internacional está llena de esos ejemplos.

Mucho se habla del negocio infame que encierra la Trata de Órganos o la Trata de Personas, pero existe una explotación más siniestra y perversa, la Trata de Pueblos Distraídos.

Ignacio Beltrán