La imagen era completa y descriptiva: adentro, el viceministro de Economía recibía a 40 empresarios convocados para dar números crudos de su actividad y, afuera, empleados del Ministerio hacían batucada por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.

La escena transcurría el jueves pasado en el Salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda. El encuentro fue convocado por Axel Kicillof, pero el ministro debió ausentarse para seguir una nueva reunión por la crisis de la deuda en Nueva York, por lo que Emmanuel Álvarez Agis quedó como anfitrión.

Cuando los empleados agrupados en ATE recibieron la promesa de que sus delegados serían atendidos, la ministra de Industria, Debora Giorgi, bajó de su despacho ubicado en el mismo edificio para poder iniciar la sesión de terapia grupal.

Al comenzar, Álvarez Agis dijo a sus interlocutores que fueron convocados para que dieran los números reales de su actividad. Reconoció que la crisis cambiaria de enero había afectado al consumo, pero señaló que el diagnóstico oficial no era catastrófico y pidió discreción.

Entonces, cada uno de los referentes de distintas cámaras comenzó a tirar cifras: el de una importante cadena de electrodomésticos señaló que las ventas en el último mes cayeron 25%, un representante de la industria maderera dijo que el sector está gravemente afectado y un ejecutivo del área del Transporte tiró un dato duro: la venta de pasajes urbanos cayó 6%, lo que indica que el empleo estaba siendo afectado.

El dato se conoce en simultáneo con la difusión de que entre enero y marzo cerraron 311 mil cuentas sueldo, según los registros del Banco Central.

La batucada en el Ministerio parecía musicalizar esas malas noticias para el empleo, cuyo corolario será el tercer paro contra un gobierno peronista convocado por las centrales opositoras para miércoles (CTA) y jueves próximos.

Volviendo a la reunión en el Palacio de Hacienda, los empresarios coincidieron en que el encarecimiento del crédito había afectado fuertemente al consumo y se quejaron de que los bancos estaban demorando mucho el pago de los consumos con tarjeta de crédito, lo cual desalentaba su uso.

Giorgi y Álvarez Agis coincidieron en la necesidad de que retornen "las cuotas sin interés" y anticiparon —reclamando total hermetismo— el lanzamiento de un plan para créditos al consumo con el Banco Nación a través de la tarjeta Nativa.

Tensión empresarial

Los empresarios aprobaron ese anuncio, pero están muy recelosos sobre los intentos del Gobierno de controlar todos los estamentos de la actividad y temen que la malaria se profundice sobre la economía real por el no acuerdo con los holdouts.

La tensión tuvo su pico con el pronunciamiento del Grupo de los Seis contra el intento oficial de profundizar la Ley de Abastecimiento, cuyo primer round ya se vivió en el Senado.

Ya no está Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio pero la tendencia intervencionista sobre la economía sigue vigente con la noción de ampliar la presencia del Estado. Es una política que generó dolores de cabeza y que llevada al extremo puede desembocar en fracasos económicos como los de Venezuela.

Ahora la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló contra el país en una demanda iniciada por Estados Unidos, Europa y Japón a partir de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) implementadas por Moreno. El proceso podría derivar en sanciones contra la Argentina.

El cepo a las importaciones sirvió para mantener el superávit comercial pero afectó seriamente a la actividad económica, mientras que el superávit fiscal devino en déficit a partir de un monumental crecimiento de políticas expansivas.

Rumbo fijo

La Presidenta anunció el cambio de jurisdicción a Buenos Aires para los pagos bloqueados por el juez Griesa en Nueva York. La decisión aleja más la posibilidad de un acuerdo con los holdouts a partir de enero, una vez que no rija la ya célebre cláusula RUFO que impide mejorar la propuesta hecha a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Cristina Kirchner pidió amplio respaldo político contra los fondos buitre, pero salvo pronunciamientos aislados como el de la agrupación Libres del Sur —integrante del Frente Amplio Unen—, tanto la mayoría de este espacio panradical como el Frente Renovador y el PRO anunciaron que votarán en contra.

De no haber una distensión, la idea es "vivir con lo nuestro" y alentar al consumo, pero con el mayor control posible sobre la economía para tratar de contener a la inflación. Combo complejo.

La receta genera fricciones dentro del propio Gobierno. Son conocidas las diferencias entre Kicillof y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

Luego de que este último dispusiera una baja de las tasas de interés y del anuncio sobre la cuestión de la deuda, volvió la presión sobre el dólar —el libre llegó a $14— y el Gobierno pareció alentar una devaluación controlada del oficial.

El clima político tampoco ayuda. El martes, al anunciar el cambio de jurisdicción del pago de la deuda, Cristina Kirchner por primera vez transmitió inseguridad. Dijo que estaba nerviosa.

Esas vacilaciones parecen alcanzar a las decisiones de Gobierno. Un comunicado de Kicillof en réplica a Griesa esperó tres horas la aprobación presidencial. La propia mandataria había anunciado la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la gráfica estadounidense Donnelley y luego dio marcha atrás.

Mientras, el kirchnerismo duro suma candidatos. Ya se lanzaron Julián Domínguez, Jorge Taiana y Agustín Rossi, pero algunos miran a Kicillof. Muchas cosas deberían cambiar en un año para que el ministro pueda emerger como presidenciable.

Gabriel Profiti