"Teegan Incorporated" y "Helvetic Services Group", dos de la sociedades atribuidas al clan Báez citadas en la investigación penal por lavado de dinero en Suiza, retiraron el recurso que habían interpuesto ante el Tribunal Federal, máxima instancia judicial de este país, semejante a la Corte Suprema en Argentina, para que se levantara el bloqueo de cuentas, y el secuestro de fondos, informaron las autoridades helvéticas.

El Ministerio Público, que cumple aquí las funciones conjuntas de juez de instrucción y de fiscal, debe definir ahora, una vez finalizadas las medidas en curso de ejecución, si inculpa y envía a juicio a los implicados, o archiva la causa.

Los motivos del giro inesperado de las dos sociedades bajo sospecha de lavar dinero se desconocen públicamente. Quizá intuyendo que la apelación contra la sentencia recurrida, la cual reafirmara el 20 de marzo pasado en la instancia de casación la apertura de la investigación penal 11 meses antes por parte del Ministerio Público, tenía escasas posibilidades de prosperar, según la jurisprudencia del Tribunal Federal, llevó al clan Báez a desistir de proseguir por esa vía.

Pero acaso las razones obedezcan a un cambio de táctica, apostando a que la Justicia argentina no aportará prueba alguna de que los dineros de Báez y sus allegados descubiertos en Suiza son producto de un crimen, abriendo así las puertas a un sobreseimiento o falta de mérito, como sucediera con el Moyanogate en 2013.

Cabe entonces recordar que Ricardo Rubén Depresbiteris, a quien se adjudicaba ser el hipotético prestanombres del dirigente sindical Hugo Moyano, estuvo en una situación semejante, con una cuenta en Ginebra que abrigaba un monto cercano a los 2 millones de dólares. Pese a los requerimientos suizos para saber si su origen era fruto de un delito, el juez Norberto Oyarbide declinó responder. Depresbiteris presentó luego en Suiza una certificación judicial que no era perseguido penalmente en Buenos Aires, y consiguió recuperar su fortuna.

En esa dirección parecen ir las intenciones del abogado de las dos sociedades en Ginebra vinculadas a Báez. El letrado sostuvo en la jurisdicción de la casación, que en el expediente había "insuficiencia de sospechas" en cuanto a "la existencia del crimen previo al lavado de dinero" que debió cometer el clan Báez para recolectar en Argentina el dinero detectado posteriormente en Suiza, y aventuró "que las informaciones requeridas por Suiza no existen". En ese contexto, no serviría de nada cuestionar un procedimiento penal condenado al fracaso.

Tal vez para saber qué hay de cierto en todo esto, y con el objeto de obtener pruebas sobre la eventual procedencia ilegal de los ingresos de Báez y su entorno en Suiza, el Ministerio Público envió en mayo último un exhorto al juez federal competente en Buenos Aires, Sebastián Casanello, pidiéndole información sobre Lázaro Báez y varios de sus allegados. Hasta hoy no hay respuesta. Mientras tanto, Suiza continua reconstruyendo la ruta de llegada hace más de un año a dos bancos de Ginebra de 55 millones de euros, de las que no serían ajenas una decena de cuentas en bancos locales relacionadas con Lázaro Báez y sus cuatro hijos. La investigación incluye a su presunto testaferro, Néstor Marcelo Ramos, al frente de "Helvetic Services Group", suerte de organización "parabancaria" omnipresente en los negocios del clan en el extranjero, que operaría de "fiduciaria", virtual cuartel general del empresario patagónico en Suiza.

Juan Gasparini