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La ley de hidrocarburos y la muerte del hermano de Zannini

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UNA CONEXIÓN INESPERADA
UNA CONEXIÓN INESPERADA

El avance de la Ley de Hidrocarburos y la muerte del hermano del secretario de Legal y Técnica de la Nación, Carlos Zannini, tienen un vínculo estrecho e inesperado.

 

Para encontrarlo y entenderlo, hay que reparar en la alegría que mostró el  gobernador chubutense Martín Buzzi luego del acuerdo con el Gobierno nacional y el resto de las provincias petroleras por una nueva norma.

"Es una buena ley", celebró en diálogo con un grupo de comensales que lo interpelaron en Marcelino, una típica cantina del puerto de Rawson.

"No se podía entregar el subsuelo —dijo al justificar la dureza de su postura en la negociación— porque si yo entrego eso, hoy no podría estar comiendo acá ni podría ir a un supermercado sin que me putearan".

Las tratativas avanzaron cuando debió abandonar la negociación el más duro de los intervinientes, el secretario de Legal y Técnico nacional, Carlos Zannini, por la muerte de su hermano mayor.

Fuentes provinciales confiaron a agencia Noticias Argentinas que ante ese imponderable Cristina Kirchner delegó la negociación en Miguel Galuccio, presidente de YPF, quien flexibilizó su posición inicial y dio luz verde al proyecto consensuado que ahora será tratado en el Congreso.

El pasado lunes 15 de septiembre murió en Villa Nueva Miguel Ángel Zannini, de 67 de edad. El fallecimiento se produjo luego de padecer una larga enfermedad. 

 

4 comentarios Dejá tu comentario

  1. Seguramente el Zanini que falleció era el hermano bueno, no es que le deseo la muerte a nadie, ¡¡qué fea noticia!! Estos tipos, Gobernadores, Intendentes, Legisladores, etc., son MANDATARIOS, fueron elegidos para ADMINISTRAR el Estado que conformamos todos, es decir que son empleados nuestros, se cae de maduro que así es ya que cobran su sueldo de lo que se recauda en concepto de impuestos, pero ellos se adueñan del cargo, se sienten dueños de su cargo, hay que hecerles saber que no es así, como también se debe hacer que entiendan que la función pública no es para enriquecerse, sólo es para trabajar al servicio de la gente que los eligió.

  2. Estimado Antoine, muy cierto lo que indica, pero con los peronistas es como pedirle peras al olmo... Con tal de hacer CAJA, estos del gobierno venden hasta a su abuela, asi que vender el subsuelo de nuestro país, es nadita. Son muchos los delitos acumulados que tienen, los fiscales y jueces son mercadería cara.

  3. La Ley de Hidrocarburos propiciada por el Gobierno Nacional y girada al Congreso no puede ni debe ser tratada con la liviandad con el que se hace en esta nota. El futuro nacional, el de Argentina como país soberano y el del desarrollo industrial que permita el cambio de una estructura de la economía netamente extractiva y primitiva (producción agropecuaria y extracción minera), dependen de la aprobación o rechazo de dicha Ley. La misma, y no por nada, es conocida como Ley Soros, constituye la mayor entrega que se conozca de nuestros recursos energéticos a la voracidad de sectores capitalistas extranjeros y sus cómplices nacionales, no para propiciar su explotación en beneficio de la Nación, es decir de todos nosotros, sino exclusivamente para satisfacer los intereses especulativos de los capitales extranjeros, entre ellos Soros, el mayor “buitre” conocido. Esta pretendida ley no es más que la aplicación de los leoninos acuerdos con la multinacional Chevron, entre cuyos puntos conocidos figuran cero impuesto, libre giro de divisas al exterior, prohibición de cualquier regulación por parte del Estado (el Estado renuncia a la regulación de su propia energía), libre disponibilidad del petróleo y gas extraídos el que podrá ser exportado aunque no se cubran las necesidades del país y sin controles de su cantidad (como ya sucede), el Estado se hace cargo del pasivo ambiental (lo que significa que la Nación, todos nosotros, responderemos por los juicios por daño ambiental que se produzcan. En otras palabras, los propios perjudicados -nosotros como País- tendremos que pagar nuestras propias indemnizaciones), se coloca todo bajo jurisdicción de la Justicia de Nueva York (o sea de los Griesa. Pero ¿cómo? ¿ no era que Griesa estaba con los buitres y contra el País?. Claro, debemos recordar que a los Griesa los puso el peronismo y mantenido por el Néstor K cuando reestructuró la "deuda") lo que significa que una justicia extranjera podrá disponer y embargar la que una vez fuera nuestra riqueza en hidrocarburos, sin descartar que estas compañías podrán tener su propia seguridad, la que no hay que descartar la conformen con las "contratistas" que adquirieran tanta fama en Irak y Afganistán. Justicia extranjera más cuerpos de seguridad foráneos, ¿qué falta para decir que en las áreas concesionadas se renuncia a la soberanía?. Y esto en las cláusulas que se conocen del acuerdo con la Chevron. ¿Y de las que no se conocen, de las secretas que se han negado revelar, qué?. Imposible saberlo, pero vaya a saber qué estipulan para ser secretas (sin dejar de señalar que es ilegal esto de cláusulas secretas en acuerdos que son públicos y afectan a un recurso estratégico, que por ley debería ser órbita del Parlamento), y por último les reconoce el precio internacional (de nuestro propio petróleo, cabe señalar), causa de los aumentos en los combustibles que ya se han comenzado a registrar y continuarán. Y no se debe olvidar que SIN ENERGIA NO HAY INDUSTRIA, y sin industria no hay desarrollo. Esta ley ha de dejar a la Argentina en mayor ruina económica, en el atraso estructural y condenada a una economía extractiva, sin posibilidades de desarrollo industrial y creación de puestos de trabajo, con empleos mal pagos, educación y salud deficientes, en suma, una Argentina para muy pocos y dependiente. Una ley como ésta no la tiene ningún país que posea petróleo, ni aún los más atrasados, como puede ser el caso de algún africano. En síntesis, esta Ley de Hidrocarburos que quieren aprobar constituye el último y mayor acto de entrega del patrimonio nacional y condena a la Argentina al atraso y hasta su desaparición como Nación. No lo debemos ni podemos permitir, y a los que la propician, apoyan ya desde el oficialismo como de la pretendida “oposición” y votan en el Congreso de la Nación, les cabe la tipificación de Alta Traición y como tal deben ser condenados como fijan nuestra Constitución y la leyes.

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