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El sistema penal, en tanto estructura del Estado dedicada a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de los delitos penales, constituye un complicado mecanismo en el que intervienen e interactúan diversos organismos públicos, entre los cuales se destacan: la Administración de Justicia Penal, el Ministerio Público, la Policía, el Servicio Penitenciario y Organismos de Derechos Humanos, estatales y no estatales.
El funcionamiento de este engranaje tiene serias deficiencias, que se exteriorizan fundamentalmente en el fracaso de la prevención delictual y en la ineficacia de la Justicia Penal para dar respuesta a los complicados problemas que generan el crimen y el criminal.
Mucho se ha dicho y escrito sobre estos temas. Plataformas electorales, promesas de campaña, proyectos de reformas y contrarreformas de las leyes policiales, penales y procesales penales, cambios en los paradigmas, en los discursos, en las denominaciones, etc. Todo parece inútil frente a los datos de la realidad.
Sin embargo, poco se ha dicho o escrito sobre las desconfianzas entre los distintos operadores del Sistema Penal. Un mal silencioso, artero y letal para cualquier organización humana. Una verdadera fisura del sistema.
Veamos: el Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de la Policía. Le adjudican culpas y fracasos en la prevención, en la investigación, en la preservación de las evidencias, en la reserva de las actuaciones —secreto profesional— etc.
La Policía desconfía de jueces y fiscales. Los considera engreídos/as de traje y corbata; falda y tacos altos. Funcionarios/as de escritorio, sin experiencia, soberbios y no conocedores “de la calle”, “del barro”, de la realidad.
“¡Nosotros los detenemos y ellos los liberan! ¡Nosotros estamos en la calle, ellos en sus despachos alfombrados!".
Los Organismos de Derechos Humanos —estatales y no estatales— detestan a la Policía y al Servicio Penitenciario y viceversa, y desconfían del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El Poder Judicial y el Ministerio Público desconfían de los Organismos de Derechos Humanos, pero tienen terror reverencial ante sus presentaciones o declaraciones públicas.
La Policía desconfía del Servicio Penitenciario y viceversa. Ambos tienen “celos de uniforme” respecto del otro. Se auto adjudican el real conocimiento del delito y del delincuente, despreciando la visión de la otra fuerza de seguridad.
Todos los organismos que integran el Sistema Penal desconfían de la prensa. Tienen pavor ante noticias que los cite, aunque sea sólo al efecto informativo. Sin embargo, muchos de sus integrantes, “mueren” por aparecer en los medios masivos de comunicación y “filtran” permanentemente información, generando rumores o trascendidos.
Esta simple descripción (una más) de una parte de la realidad del Sistema Penal debería ser tenida en cuenta en futuras (y seguras) “reformas” o “contrarreformas”, ya que la posibilidad de una política criminal seria y duradera, en la República Argentina, parece una verdadera entelequia.
Marcelo Carlos Romero
Fiscal del Ministerio Público
Especial para Tribuna de Periodistas
Descriptiva la situacion que presenta el fiscal, pero me parece que esto no se soluciona con parches. Una fuerza armada como la policia con un grado altisimo de corrupcion, debiera ser disuelta o al menos intervenida, lo mismo pasa con el servicio penitenciario. Respecto de Jueces y Fiscales, las leyes deberian achicar el margen de discrecionalidad en la aplicacion de las leyes. Como primera medida hasta tanto se estudie en profundidad la solucion, habria que suspender las excarcelaciones, al delincuente como minimo hay que sacarlo de la calle, con eso bajamos un altisimo porcentaje el delito. Las penas deben ser acumulativas y debe computarse como agravante la reincidencia, eso desalentaria seguir en el delito. Las penas para el funcionario publico, debe como minimo duplicar la que se aplica al ciudadano comun. Llevar un arma cargada en un acto delictivo, debe merecer una minima de 10 años sin excarcelacion, aunque no se use. Ni hablar de los delitos de corrupcion administrativa, que tienen penas irrisorias, como el peculado o el cohecho. Entonces no es tan dificil, es cuestion de ocuparse y tener las pelotas bien puestas. Claro hay que dejar de pensar que el delincuente es una victima de la sociedad y considerar que la verdadera victima es el asaltado o el muerto en un asalto, ni hablar de su familia.
El proyecto de reforma es del código procesal penal de la nación, pero hay que tener presente que cada provincia tiene su propio codigo procesal penal.De manera que la reforma se aplicará a la ciudad de Buenos Aires y en los tribunales federales de cada provincia, por los delitos que corresponden a estos tribunales.
Hay que reformar el sistema de excarcelaciones y el sistema de cumplimiento de penas. No puede ser que les den 10 años y a los 2 salen...en los penales tienen que obligar a los penados a trabajar 8 horas y estudiar 5 horas diarias (según el nivel de estudios que tengan). Se tiene que prohibir el cigarrillo, el uso de teléfonos celulares y la TV dentro de los mismos.- A los jueces liberadores hay que enjuiciarlos...