Hace unos días salió a la luz que Cristina Fernández requirió al Senado de la Nación que preste acuerdo al Dr. Jorge García Davini como Juez Federal de Eldorado, Misiones.

El mencionado candidato había obtenido el cuarto lugar en la evaluación que, para dicha vacante, efectuara el Consejo de la Magistratura.

La Constitución Nacional otorga un razonable margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Le permite elegir entre los tres primeros candidatos que surgen de un concurso en el que se evalúa técnicamente a los postulantes. Así, la Presidente está facultada para hacer una evaluación política y optar aún por quien no sea el mejor calificado, pero siempre dentro de la terna.

De este modo, la elección de quien sólo accedió al cuarto lugar, vulnera sin duda alguna la Constitución. Y ese es motivo suficiente para que el candidato no obtenga el aval del Senado. De lo contrario, la persecución de gravísimos delitos como el narcotráfico, quedarían en manos de un juez de facto.

Se ha cuestionado que el candidato haya sido por 20 años el secretario letrado del Juez Oyarbide. Pero la realidad es que, aunque ello pueda despertar sospechas, no es prueba de inconducta alguna.

Ahora bien, ¿cuál debiera ser la conducta de una persona apegada al Estado de Derecho que es propuesta ilícitamente para una magistratura? Sin duda que declinar públicamente dicha postulación.

Que en el caso que nos ocupa ello no haya ocurrido hasta ahora pone en duda la idoneidad moral del candidato para ejercer el cargo que pretende, así como el cargo de Juez Federal Subrogante que actualmente detenta en General Roca, Río Negro.