Hace pocos días, y en el contexto de la interna del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, que enfrenta a Gabriela Michetti con Rodríguez Larreta (este último, apoyado por Macri) la precandidata a Jefa de Gobierno se pronunció por “poner absoluta restricción al juego”. Acto seguido, Macri se vio obligado a responder a dichas expresiones: “Al juego le pusimos límites desde el primer día de gobierno.”

Hace pocas horas se conoció que el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a Lotería Nacional por incumplir un acuerdo entre dicho organismo y la Ciudad de Buenos Aires. Macri acusa a Lotería Nacional de haber convocado la licitación para otorgar la explotación de los cinco bingos porteños, sin la participación de la Ciudad en la aprobación del pliego y del proceso licitatorio. El juez Casanello, llevará la instrucción de la causa.

En 2003, durante la gestión de Ibarra, la Ciudad firmó un convenio con la Nación a fin de que la explotación, comercialización y fiscalización de las cinco salas de bingo existentes en el territorio porteño quedara a cargo de Lotería Nacional.

Dicho convenio establece, sin embargo, que el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad es el titular de los derechos autonómicos y, por lo tanto, tiene que prestar conformidad expresa a cualquier licitación.

Así se hizo en la gestión de Telerman, cuando se renovaron las licitaciones con el aval del gobierno local.

Ahora bien, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece, en su artículo 50, que “la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio...”.

Cuando se sancionó la Constitución local, allá por 1996, los cinco bingos porteños ya estaban funcionando, por lo que la Legislatura dictó la ley 538, de fines del año 2000 que, en su artículo 28 dice: “Las salas de juego conocidas como "Bingo", el Hipódromo y las salas de apuesta hípicas, que funcionen al momento de la promulgación de la presente ley, y hayan cumplido los requisitos legales vigentes al momento de su habilitación, pueden continuar funcionando hasta la finalización de sus permisos o concesiones, los que no pueden ser renovados bajo ninguna circunstancia.”

Claramente, la ley 538 prohibió nuevas concesiones porque, según la Constitución de la Ciudad, el juego debe estar regulado, administrado y explotado por el Estado.

En definitiva, los gobiernos de Ciudad y Nación se pelean por ver a qué empresario del juego benefician en las próximas licitaciones, pero pasan por alto que el juego, en la Ciudad de Buenos Aires, ya no debería estar en manos privadas.