Los procesos judiciales no los gana quien dice la verdad o tiene razón, sino quien mejor prueba las acusaciones. De todas las causas sexuales que le iniciaron a Michael Jackson, no prosperó ninguna. Porque no había un damnificado directo ni un testigo presencial. Decían que les habían comentado que Jackson hacía esto, o “mi hijo soñó anoche”, o “ahora está confundido en su identidad sexual”. En cambio en los juicios civiles lo despedazaron, a tal punto que quedó en bancarrota. ¿Por qué? Porque en derecho civil, comercial, laboral y constitucional, las condenas consisten en pagar una multa, una indemnización o retractarse en medios públicos. En derecho penal la condena es a la cárcel, y por eso las pruebas deben ser muy sólidas y contundentes, incontrastables.

De todas las acusaciones que se levantaron contra el ex gobernador y candidato a presidente Eduardo Angeloz, no se llegó a ninguna condena. Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, dueño de galpones y silos, lanchas deportivas y fortunas en el exterior. Quizá era inocente o quizá usó testaferros con habilidad. La cuestión concreta es que no se pudo probar delito alguno en forma fehaciente. El reconocido mafioso Al Capone de los años 30 en Chicago fue condenado a prisión por evasión impositiva, aunque las autoridades sabían que traficaba bebidas alcohólicas, lo rodeaba una pandilla de facinerosos armados, sobornaba policías y jueces, seguramente estaba implicado en asesinatos y atentados a competidores rivales. Pero el único delito que se le pudo comprobar con libros societarios y datos contables fue la evasión impositiva, y por eso fue a la cárcel, donde murió antes de cumplir su condena.

Los jueces que declararon inocentes a los acusados de secuestro y prostitución de Marita Verón no dijeron que no eran criminales. De ese juicio se desprendieron cinco causas penales por las que fueron o hubieran ido a prisión los acusados. Pero el crimen específico por el que fueron juzgados en esa oportunidad no logró reunir pruebas contundentes. Susana Trimarco declaró en TV que cada miembro del tribunal había cobrado US$ 2 millones para declararlos inocentes. Esto aparece como un divague, ya que US$ 6 millones en Tucumán es muchísimo dinero. Aunque lo concreto es que nada de lo que sostuvo la madre pudo ser probado: ¿alguien vio el momento en que supuestos secuestradores levantaron por la fuerza a Marita en la calle y la introdujeron en un automóvil? No, no hay testigos. ¿Alguna prostituta habló directamente con alguien que se identificara como Marita Verón y mandara saludos a su hija con un sobrenombre que sólo la familia íntima conociera? No, todas dicen que escucharon, que les comentaron, que vieron a una chica con esa descripción… ¿Apareció el cadáver de Marita? Tampoco. ¿La falta de todas estas pruebas hace que la acusación sea falsa y los procesados resulten inocentes? No, y ése es el punto medular. Lo único que se desprende es que no se puede probar la acusación, y por ende los reos deben ser declarados inocentes. De este crimen en particular, no del resto que conformarían su normal actividad, como proxenetismo, lavado de dinero, tráfico de drogas, amenazas, retención de mujeres por la fuerza, violación, sobornos a las autoridades y otros. Susana Trimarco se empeña en no comprender la fundamental diferencia.

Mario Pontaquarto asegura que contó el dinero de los sobornos a senadores, escribió la lista de apellidos, realizó o presenció los pagos en las viviendas y despachos de cada uno; describió la música que se escuchaba en las reuniones, quiénes participaban en cada una. Pocos antecedentes debe haber en la historia de la Justicia argentina de un caso con tantos indicios y testimonios. Sin embargo, tras once años de extenuante proceso, los senadores fueron absueltos y el denunciante Pontaquarto terminó abofeteado y en la ruina. ¿Por qué? Porque de haberse comprobado la acusación, los señores parlamentarios hubieran ido presos, y los hechos no pudieron comprobarse fehacientemente.

Nadie duda de la legitimidad de la lucha de Susana Trimarco ni de su coraje, así como tampoco del grado de delincuencia de la banda que finalmente logró meter en prisión. Lo que no comprende la madre de Marita es que el delito por el que fueron juzgados en primera instancia no pudo ser probado, más allá de que sea verdadero y ella tenga razón.

Por eso vale el ejemplo que se desprende de esta situación, y es que tal vez algún día los jueces que formaron el tribunal le hagan juicio a Susana Trimarco por acusarlos públicamente de haber cobrado US$ 6 millones por su fallo favorable. Mejor que la señora tenga pruebas sólidas y concretas de esto, porque de lo contrario será condenada y deberá pagar por el buen nombre y honor de los juristas. Así funciona el derecho, le disguste a quien le disguste.

*Claudio Ramos es exdirectivo de Ámbito Financiero.