El juez federal Sebastián Casanello quien viene investigando al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero y la supuesta compra de un millonario Campo en Mendoza, ahora lo hará por la utilización de facturas truchas.
Así lo dispuso la Cámara Federal porteña, que le encargó al magistrado que investigara una presentación de la diputada Margarita Stolbizer, quien denunció la utilización de facturas apócrifas por parte de las empresas del entorno Lázaro Báez.
La legisladora había acusado en enero a Báez ante el juzgado de Casanello, quien ya lo indagó por la compra de un campo en la localidad de Tupungato, que realizó el mediático Leonardo Fariña.
Fariña en una primera declaración había asegurado que el campo lo compró por orden de Báez en 5 millones de dólares (luego lo vendió al año en 1,8 millones), pero recientemente cambió su versión y sostuvo que quien le entregó el dinero para adquirir el terreno fue el empresario Carlos Molinari.
Casanello indagó ya a Báez por este hecho concreto y lo investiga en una mega causa por la presunta fuga de unos 55 millones de euros al exterior y del que dio cuenta un informe periodístico en 2013.
Pero a principio de este año, la diputada Stolbizer ante el juzgado de Casanello denunció al empresario a raíz de que su empresa insignia Austral Construcciones utilizó facturas apócrifas de empresas de Bahía Blanca para evitar el pago de impuestos.
Entre las compañías que aportó la diputada están las firmas de Grupo Penta, Calvento SA e Iberoamericana de Servicios.
Tal cual expuso Stolbizer, esas empresas le facturaron servicios a Austral Construcciones que en verdad nunca existieron, y así le habría permitido a Baéz "inflar" gastos.
En la misma denuncia, la diputada pidió que se investigue al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por supuesta complicidad en la maniobra.
No bien Casanello recibió la denuncia, se la giró a su par Norberto Oyarbide, quien venía investigando un caso similar por una denuncia hecha por el fiscal federal Germán Moldes, uno de los más enfrentados en Comodoro Py con el gobierno nacional.
El fiscal había denunciado a la AFIP por brindar una cobertura hacia las empresas de Báez.
Pero Oyarbide rechazó que se trate de los mismos hechos y devolvió la causa a Casanello, y ahora la Cámara Federal ordenó que éste último sea quien investigue a Báez por el uso de facturas apócrifas.
El empresario tiene varios frentes abiertos a raíz que es investigado ya por media docena de jueces, por causas que lo tienen directamente imputado o en forma indirecta.
Casanello lo hace por lavado de dinero y es la causa donde ya fue indagado, en tanto que Oyarbide lo sigue por ser beneficiario de la protección que sobre sus empresas brindaría la AFIP.
A la vez, un juez federal de Bahía Blanca también investiga al empresario por el uso de facturas truchas, pues es a raíz de la supuesta relación con el empresario Juan Suris quien está detenido también por hechos de narcotráfico.
Por su parte, el magistrado en lo penal Tributario Javier López Biscayart investiga a algunas empresas de Báez, por la supuesta evasión cometida en el alquiler de plazas a hoteles de los Kirchner.
En tanto, el juez federal Claudio Bonadio tiene a su cargo –tras ser ratificado en la causa por la Cámara de Casación Penal– la investigación del caso Hotesur, la firma que integra la presidenta Cristina Kirchner y a raíz de supuestas maniobras de lavado de dinero, ante la sospecha que nunca se ocuparon esas plazas hoteleras alquiladas por empresas pertenecientes a Báez (NA).