Las sospechas que generó durante los últimos años el programa "Fútbol para Todos", en virtud a la inversión de fondos públicos, se traslucen ahora en una investigación judicial que pone en jaque a una marca registrada del kirchnerismo al final de su mandato.

En los próximos días, la jueza federal María Servini de Cubría recibirá un nuevo informe de los veedores que designó para controlar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que será terminante: concluirá que pese a la inyección de fondos públicos, unos 6 mil millones de pesos de 2009 a la fecha, los clubes de fútbol triplicaron sus deudas.

En los últimos meses la investigación se guió a partir de los informes que vienen entregando los tres veedores, Alicia López, extitular de la UIF; el perito contable de la Corte Suprema Horacio Della Rocca y el exjuez Alberto Piotti.

El próximo informe será sobre la deuda de los clubes y tirará abajo una de las promesas de los ideólogos del programa, esto es el mejoramiento financiero de todos ellos.

Los veedores actualmente están analizando unos 9 mil cheques que corresponden a las partidas que desde 2009 se giraron a los clubes y que hoy rondan los 120 millones de pesos mensuales.

Según el Estatuto del Fútbol para Todos, la AFA se comprometió a realizar auditorías en los clubes de fútbol para conocer la rendición de presupuestos de gastos anuales y los mismos debían ser presentados ante la Jefatura de Gabinete, a cargo en la última etapa de Aníbal Fernández.

Pero eso es algo que no se cumplió y tampoco la AFA nunca respondió al pedido de informes de la Justicia sobre el detalle anual de gastos de los clubes que se había comprometido a aportar.

Mientras tanto, la jueza Servini de Cubría intenta determinar qué frutos arrojó la pauta publicitaria del programa, que no es en billetes sino en los camiones que fue entregando a cambio la firma Iveco, único auspiciante del Fútbol para Todos.

La empresa otorgó desde el 2009 a la fecha unos 160 camiones a los cuales se sumaron otros 18 entregados en los últimos meses, y fueron a parar a distintos organismos públicos como Jefatura de Gabinete, Gendarmería Nacional, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a Policía Federal, a Prefectura Naval, y hasta uno a la comunidad aborigen Qom.

Servini de Cubría libró un oficio a la Jefatura de Gabinete que tiene a cargo el Fútbol para Todos con pedido de información sobre la documentación de cada uno de los camiones, su titularidad y datos de patentamiento.

El pedido de informes que también se hizo a la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor es para constatar el destino que se le dio a los camiones como contrapartida por los minutos de publicidad que se le dio a Iveco, el único auspiciante privado del programa.

En enero vence la labor de los veedores designados por Servini de Cubría pero se prevé que se les extienda el plazo para seguir analizando el funcionamiento del programa, puesto que aún resta mucho por estudiar.

La denuncia en manos de la jueza fue presentada por la legisladora Graciela Ocaña y se investiga la responsabilidad de todos los jefes de Gabinete desde 2009 a la fecha, a raíz de que tienen a su cargo el programa Fútbol para Todos.