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Casi un centenar y medio de gobernadores de signos políticos variopintos, en más de dos décadas de convulsionada vida institucional, entonaron la misma canción.
Lo mismo hicieron -con distintos timbres y matices, claro- los encargados de turno del Poder Ejecutivo, sin dejar de incurrir en contradicciones notorias entre los dichos y los hechos, ya sea que atravesaran las puertas de entrada o de salida de los despachos en los que se maneja la administración pública.
Todos y todas consideraron "injusto", "caprichoso" y hasta "dictatorial" el reparto de los recursos que recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos, y clamaron contra las violaciones al federalismo.
Todas y todos, sin embargo, padecieron la misma maldición. Aquella que planteó un hipotético e idílico acuerdo sobre el modo de distribuir lo cobrado a los contribuyentes, pero dejó un vacío en el apartado que debía revelar la fórmula mágica para arribar al ansiado consenso.
La partición compartida de los impuestos con sentido federal y solidario, y consagrada además en una ley con acuerdo general, se transformó entonces en una quimera.
Pero como la vida continúa, la opción fue el camino más "práctico": el de un toma y daca provisional, desde luego inestable y sujeto a reglas discrecionales.
En cada caso, en cada etapa, hace ya generaciones, las transferencias se ligaron en forma directa a los pareceres y a los grados de urgencias de la Nación y de las provincias.
Así, las lógicas aplicadas para que la primera esparciera el dinero común entre las segundas no siempre respetaron razones históricas o geográficas. Peor aún, los criterios resultaron en ocasiones arteramente arbitrarios o encontraron meros equilibrios momentáneos a partir del derrame de recursos que pasaron del Tesoro nacional a distintas ventanillas de las gobernaciones.
Los disparadores fueron diversos: ora una crisis de las fuerzas de seguridad, ora los inveterados problemas de vivienda y las convulsiones sociales acicateadas por la pobreza.
En oportunidades el fuego se apagó con fondos destinados a obras energéticas o de infraestructura, casi siempre facilitados por afinidades partidarias; de todo hubo, hasta financiamientos de último minuto, peregrinaciones mendicantes a Olivos y la Casa Rosada, y salvatajes desesperados.
Ese sistema funciona, aún cuando no es políticamente correcto designarlo en forma pública, con "premios y castigos", con ganadores y perdedores, como en todo concurso transmitido por TV.
Bajo esas luces se ha desarrollado el complejo entramado económico del país, con sus sojas y sus petróleos, sus industrias, sus empresas de servicios de electricidad, medios de comunicación y teléfonos celulares.
Con un subproducto genéricamente nombrado como "empleo", la fuente principal de sustento para la mayor parte de la población (que da sostén asimismo a las jubilaciones y pensiones, igualmente alimentadas con los impuestos, que por añadidura se cobran a veces muy poco y otras en exceso).
Nunca, ni antes ni después de la reforma de la Constitución en 1994, hubo satisfacción y conformidad sobre lo que debía retirar cada quien del balde de la recaudación. Pero está claro que hoy la discusión se renueva porque hay sobrados motivos, agregados a los de la contabilidad del día a día.
En particular, nada menos, porque el 22 de noviembre pasado comenzó un nuevo régimen, tanto político como económico y financiero.
Se debate entonces un mecanismo que condicionará destinos de territorios (y de dirigentes). Están en juego también las ventajas y desventajas de las empresas de distintos ramos, y por supuesto, se definen las chances de sus trabajadores, como también los conchabos estatales y el alcance de las políticas públicas que se vayan a aplicar.
El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio (nieto), es de los que mejor saben de qué se trata. Tenía apenas 26 años cuando empezó a lidiar con los gobernadores desde su despacho en el cuarto piso del Palacio de Hacienda.
Como subsecretario de Relaciones con las Provincias del entonces ministro Roque Fernández fue testigo directo del ir y venir de los recursos. Continuó esa vigilancia luego desde su consultora, Economía & Regiones, paradójicamente ubicada a metros de Diagonal Norte, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.
Ahora tiene en sus manos el desafío de lograr el asentimiento del mal llamado "interior" y una armonía perdurable en una red social que incluye a todo el país, sin dejar de lado la necesidad de seguir saldando deudas externas e internas.
