A pesar de que se apagó mediáticamente en los últimos días, la discusión por la coparticipación de la Nación a las provincias sigue más vigente que nunca. Para entender esa discusión hay que recordar que, según la reforma de la Constitución Nacional de 1994, antes del año 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Pero la desidia y el oportunismo generaron las condiciones para una centralización extrema que es la fuente de las arbitrariedades.

Pasaron 16 años de la fecha límite establecida por la Constitución y este mandato no se ha cumplido. Desde entonces, los impuestos recaudados por la AFIP que automáticamente se remiten a las provincias tuvieron el siguiente devenir:

-Entre los años 1994 (cuando se reforma la Constitución Nacional) y 2011, las provincias recibieron, en promedio, el 32,0% del total de la recaudación.

-Entre los años 2002 y 2008, la porción de los recursos nacionales que fluyó automáticamente hacia las provincias se redujo al 27,5%.

-Entre los años 2009 y 2012, período durante el cual opera el Fondo de la Soja, los recursos fiscales nacionales distribuidos automáticamente a las provincias llegan apenas al 26,1%.

Tomando esos datos, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) elaboró un informe donde deja claro cómo se fue deteriorando la relación fiscal entre la Nación y las provincias por no cumplir con el mandato constitucional. "Cuando se reformó la Constitución, $1 de cada $3 de recaudación impositiva nacional llegaba automáticamente a las provincias. En la actualidad, y aún mediando el Fondo de la Soja –que se creó con el fundamento de redistribuir entre las provincias parte de los beneficios de la bonanza internacional–, apenas $1 de cada $4 llegan a las provincias de manera automática", asegura el documento, que se puede leer completo haciendo clic acá.

Equipo de Economía de TDP