El Gobierno ansía y confía en que la Corte Suprema de Justicia permitirá la próxima semana aplicar la nueva tarifa de gas para salir del atolladero económico y político en el que entró desde que un tribunal platense frenó los aumentos en todo el país.

"Tarifas, paz social y reactivación", es la reformulada lista de prioridades que tiene Mauricio Macri de cara al próximo semestre, de acuerdo con uno de sus colaboradores.

Las idas y venidas respecto al nuevo cuadro tarifario siguen generando costos políticos al Gobierno. En simultáneo, echan un manto de incertidumbre sobre hogares y empresas —no se sabe cuándo ni cómo tendrán que pagarlas— y ponen en revisión las metas oficiales de reducción del déficit fiscal.

El último miércoles el oficialismo debió trajinar para frenar una embestida opositora en el Congreso, pero cedió a que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dé explicaciones ante un plenario de comisiones.

Pese al apoyo firme de Macri hacia Aranguren, en el Ejecutivo reprochaban la actitud de algunos referentes del interbloque Cambiemos, especialmente al líder radical Mario Negri, por retacear energías en la defensa del ministro.

Paralelamente, el Gobierno desistió de un llamado a audiencias públicas en agosto para discutir los aumentos —se mantienen las convocadas originalmente para octubre—, a la espera de que la Corte permita preventivamente aplicarlos.

El máximo tribunal pidió la opinión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien podría pronunciarse el miércoles, por lo que el jueves la Corte estaría en condiciones de acomodar el entuerto originado desde que la Cámara Federal de La Plata frenó el último esquema oficial con subas de hasta 400 y 500% para usuarios residenciales, y pymes y comercios.

"Estamos confiados, aunque algún nivel de intriga persiste", reconoció una fuente con llegada a los principales despachos del Gobierno. Sucede que el tribunal suele dar fallos "salomónicos" ante los pleitos de gran trascendencia nacional.

La Corte resolvería la cuestión con el actual plantel de cuatro ministros: Ricardo Lorenzetti; Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz se incorporará el 22 de agosto. "Llama la atención que haya postergado tanto su jura, quizá no quiera intervenir", especularon en Gobierno.

A la espera del proncunciamiento, la Casa Rosada buscó crear masa crítica en favor de las subas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sumó el respaldo público de gobernadores, aunque algunos se cubrieron de cuestionar la implementación, mientras Aranguren hizo lo propio con exsecretarios de Energía.

¿Paz social?

Marchas, agresiones y amenazas pintan un cuadro de conflictividad creciente en torno al gobierno de Macri. Es cierto que las acciones parecen obedecer a un sector radicalizado compuesto por militantes kirchneristas y de la izquierda, porque el movimiento obrero muestra todavía mayor tolerancia, pero la tensión social gana espacio en la agenda.

El viernes el Presidente fue insultado y su auto apedreado en Mar del Plata. Un día ante Hebe de Bonafini había convocado a resistir en la calle al Gobierno de Macri, al encabezar la ronda número dos mil de las Madres de Plaza de Mayo.

Bonafini venía de sacarse una foto con Cristina Kirchner, quien parece haber decidido defenderse de las múltiples acusaciones judiciales retomando la actividad política. En ese marco, el control de la "calle" sigue siendo K.

La ex presidenta también se sacó una foto con Daniel Scioli, quien luego habló con el presidente del PJ, José Luis Gioja. Consecuencia: volvió a postergarse la intención del sanjuanino de dividir los bloques legislativos entre peronistas y kirchneristas.

Horas antes de aquellas palabras desafortunadas de Bonafini, justo en un momento histórico, el Presidente había tenido el poco tino de hablar de "guerra sucia" al referirse al Terrorismo de Estado aplicado en la última dictadura.

Pese a que Macri prometió en campaña "unir a los argentinos", en verdad rápidamente desechó esa abstracción y se puso a trabajar para aislar a aquellos sectores. Políticamente no le fue mal, pero los números de la economía no ayudan para nada.

El jueves último el informe del Barómetro de la Deuda Social que elabora la UCA dio cuenta de la creación de 1,4 millones de pobres en el primer trimestre del año y de que el 57% de la población tiene problemas de empleo.

La respuesta oficial es que para revertir la tendencia —cada vez más lejana aparece aquella otra promesa de la "pobreza cero"— hay que comenzar con reducir la inflación. Ese plan tuvo un muy mal diagnóstico inicial pero ahora, dicen, "está funcionando".

El Índice de Precios al consumidor que confecciona el Indec dio un 2% para julio, luego de haber dado 4,2% en mayo y 3,1% en junio, mientras que el promedio de las consultoras privadas que difunde el Congreso dio 2,4% el último mes.

En ese contexto, los operadores de Cambiemos miran encuestas y miden la temperatura social en la cuenta regresiva hacia fin de año, cuando el calor escalda padecimientos y despierta agitadores.

Suena muy repetitivo pero Macri apuesta a que por fin la obra pública reactive sectores golpeados de la economía y también permita recuperar empleos. Solo en la provincia de Buenos Aires hablan de una inversión de 40 mil millones de pesos en infraestructura para los próximos meses.

Sin embargo, hay cuestiones todavía poco claras en el horizonte, como si la esperada aplicación del ajuste tarifario no volverá a azuzar a la inflación y al mismo tiempo dará otro golpe a la actividad económica.

"Para marzo de 2017 la cosa tiene que estar en marcha y todo indica que así va a ser. Si no, con la campaña empezando vamos a tener problemas". Palabra oficial.