El grado de perversión administrativa ocultada ex profeso por el gobierno de MACRI, sólo ve la luz mediante amenazas públicas o causas judiciales para presionar a sus oponentes gremiales.

“Ni los empresarios ni los gremialistas nos van a decir lo que tenemos que hacer”. Tras el paro general de la CGT, el presidente Macri (Mauricio) amenazó públicamente a las mafias.

Las políticas, judiciales y empresarias ya habían sido señaladas por el primer mandatario, pero en esa oportunidad fue muy enfático al prometer que las “desterrará”.

La lectura más clara es que, en vez de prometer advirtió con fundamentos a estos sectores un gran perjuicio que, desde el inicio de su gestión, le resultan un verdadero problema.

 Ahora incluía sin tapujos a las mafias sindicales.

¿Cuáles serían las herramientas que Macri dispone para expresarse así, sin que los imputados consideren estar frente una “bravuconada para la gilada electoral”?

Una simple expresión amenazante no hubiese acelerado el desbande interno que quedó al desnudo durante el atípico 1° de mayo de 2017 con una desparramada “conmemoración” de actos nunca antes vivida. Es más, el propio presidente encabezando uno de los que mayor cantidad de personas concentró, incluidas citas de Perón (Juan Domingo) y la clásica marcha peronista. No estaban frente a una fanfarronada pública.

El antes y el después

Estos adverbios son aplicados entre signos de pregunta, por parte de algunos analistas, respecto al poder de la dirigencia sindical tomando como punto de partida este “Día Internacional del Trabajo”, pero para este ensayo sería oportuno aplicarlos para un segmento originado antes del paro y después del mismo.

Cuando la vapuleada dirigencia cegetista se encontró frente al callejón sin salida de un paro general, el propio MACRI y su entorno más allegado insistía con la resonante causa de “Caballo” Suárez (Omar) del SOMU y encarcelado desde 2016, HERME JUÁREZ del SUPA, ciertas seccionales de la UOCRA, Carlos Acuña del SOEGSyPE (Estaciones de Servicio) y Omar Viviani de SPT (Peones de Taxis) quien ya se encuentra cumpliendo una pena judicial. Los históricos Gerardo Martínez, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano quedaron “heridos” de seriedad con estos casos puntuales. De ahí que estos sindicalistas no consideraron de bravuconadas las duras expresiones del presidente. Sabían muy bien que las referencias a estas causas mafiosas, con violencia explícita para la defensa de negocios oscuros, eran concretas advertencias cuasi extorsivas por la calidad de información que guarda el oficialismo vinculada al funcionamiento sindical interno.

Herramientas que son armas

Hasta 2011 “Momo” Venegas (Guillermo) tejió desde la CGT liderada por Moyano, una telaraña de poder en las mismas estructuras de los Ministerios de Trabajo y de Salud, que le permitió conocer el funcionamiento de cada sindicato de cualquier rincón del país y su vinculación con cada obra social.

El entramado consistió en la clásica designación de personas de su confianza en las sedes centrales y filiales muy importantes. Con el tiempo, ese personal, fue formando parte de las plantas permanentes de esos organismos oficiales para convertirse en el sostén de su influencia dentro de las determinaciones y control vinculados a todos los sindicatos, pero además una valiosa fuente de información que le solidificó su poder para que hoy Macri lo tenga a su lado.

Venegas pudo superar los tremendos embates del gobierno anterior, aún con la dura herida por la creación de la Asociación Argentina de Trabajadores, Horticultores y Floricultores (AATHF) liderada por Gustavo Arrecergoy para contrarrestarle fuerza a la UATRE, pero fortaleció su espacio saqueado desde el pacto de apoyo con MACRI como candidato a la presidencia, posición que quedó evidenciada tras la auto promocionada “conferencia de prensa” en junio de 2016 en la cual daba detalles por el vaciamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios (RENATEA).

En esa oportunidad, el “Momo” vociferó a fondo contra Carlos Tomada uno de los intocables del “cristinismo” por facturas “truchas”, gastos injustificables y ñoquis de La Cámpora a partir de una auditoría de su “recuperado” ReNaTrE, asegurando que el ex ministro iría “preso”.

No sólo, el gremialista “asociado” con la patronal del campo para controlar éste registro de trabajadores del sector, había contrarrestado el costo político oficialista por el despido de 800 empleados sino que públicamente mostró la espoleta de una granada apuntada al corazón de sus enemigos.

Amenaza, grito de guerra o denuncia “en la lucha contra la corrupción” tendrán su respuesta si todo este episodio está en manos de la AFIP, la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía de Irregularidades Administrativas (FIA) para presentarla a la Justicia Federal. Ya transcurrió un año.

Las obras sociales, la bolilla que faltaba

Ricardo Pignarelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), surge como el caso más patético desde que el “Momo” mostrara los dientes.

Quien había pactado su apoyo a Scioli durante su campaña electoral como presidente, ahora se muestra al lado de Macri tras recibir el “recordatorio” de los manejos en “su obra social”.

Ya es pública la difusión de faltantes y mucho más en este asunto, pero no fue un impedimento para que ambos –en cuatro oportunidades- se comieran silbatinas cuando se mostraron juntos. La realidad argentina indica que las obras sociales sindicales son el combustible del mecanismo que utilizan los dirigentes de los sindicatos, más allá de toda la reglamentación existente.

Las obras sociales sindicales iniciaron sus actividades para otorgar beneficios a los afiliados de cada gremio, puestas en vigencia con un estatuto específico.

Con el tiempo, su mecanismo de funcionamiento fue mutando de tal modo que hoy son cajas de recaudación manejadas a discreción por la dirigencia de cada sindicato.

Hoy tenemos a la Superintendencia de Servicios Sociales (SSS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, como al organismo de contralor, es decir una “AFIP impositiva” que lleve el registro de todos sus movimientos.

Las Obras Sociales recaudan fondos de los mismos afiliados, independientemente de todo beneficio impositivo, monetario oficial o de cada sindicato relacionado. Sus autoridades son encabezadas por integrantes de la comisión directiva del gremio, con cargos rentados casi todos blanqueados ante la opinión pública (Luís Barrionuevo de Gastronómicos en “Almorzando con Mirta” 2017) en tanto que otros perciben emolumentos como “gastos de movilidad”.

Cada fuerza política gobernante pudo introducir en la planta permanente de la Superintendencia a su propia gente. Los sindicalistas “amigos” lograron algo pero no tanto como en el Ministerio de Trabajo.

Las decisiones que toma cada Obra Social son puestas a consideración previa de los afiliados para que una vez aprobadas sean ejecutadas por sus autoridades. Es muy extraño que un laburante de esta condición sepa que así debe hacerse. Debido a la escasez de concurrencia, por lo general se ven convocatorias a asambleas para tratar cuestiones gremiales y de la obra social en una misma jornada. Es tal la ligereza de la mayor parte de la masa afiliada que, en la actitud, todo es una misma cosa, más aún si –a pesar de la sobredimensión de empleados públicos de ambos ministerios- es costumbre la ausencia de veedores oficiales para dar paso al “uso y costumbre” de la que todos los involucrados son partícipes. Unos por ignorancia y comodidad. Otros por saber mucho y aprovecharse de la situación.

Gordos y gorditos

Por décadas esto fue así. Las actividades gremiales y de sus obras sociales han sido registradas por organismos oficiales para constituirse en herramientas de negociación favorable a cada gobierno de turno toda vez que trataron intereses planteados por una dirigencia sindical, ganadora del mote “gordos” que nunca terminó de cerrar acuerdos firmes a favor de cada gremio porque terminaron cediendo a la presión oficial, aún con exitosas las medidas de acción directas o breves etapas de bonanza, cuestión que los fue convirtiendo en dirigentes reelectos hasta su último aliento.

Los casos concretos de “renovación” de esta dirigencia son los menos. Hay “gorditos” más recientes que llevan la misma metodología de manejos. Esto va más allá de si son de izquierda, derecho o centro, utopías que manejan opinólogos facilistas que sólo tapan el meollo del manejo discrecional de estas “cajas” y el poder que les da a cada uno.

Dos derechos humanos colocados en una maquinaria para sacar ventajas personales. El trabajo y la salud. No sería extraño que si esta trama es expuesta ante la opinión pública, veamos “asociaciones ilícitas” manejando fondos sindicales (gremios con sus obras sociales) en beneficio de esos socios.

Un caso patético

Los Expedientes (1-231162249/2014 y 03/11/2014) pueden servir de ejemplo con sólo señalar sus respectivos recorridos y el mismo punto final.

Un afiliado y dirigente de una pequeña pero importante asociación sindical, presentó en 2014 respectivas denuncias concretas ante la Dirección de Asociaciones Sindicales de la Administración Tomada (Carlos) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Licenciada Korenfeld (Liliana) contra la dirigencia de su gremio, adjuntando toda la documentación que las respaldaba.

La sumatoria de hechos nuevos, por parte del denunciante, no hizo otra cosa que abultar las carpetas en cada organismo y reafirmar la carencia de respuestas oficiales.

El “mientras tanto” alimentó el reacomodamiento de los denunciados con apresuradas y groseras autocorrecciones que subrayaron los fundamentos de aquellos hechos, como un bizarro “autoblanqueo” de memorias y balances anuales (Doce) nunca realizados, durante una supuesta asamblea con la aprobación de sus Revisores de Cuenta.

En diciembre de 2015 llegaban los sucesores Triaca (Jorge) y Scervino (Jorge). El silencio fue el factor común con el gobierno anterior, excepto la única respuesta del actual ministro laboral en marzo de 2016 cuando daba el caso por archivado.

Mediante una sencilla operación de suposiciones podríamos imaginar el grado de perversión administrativa ocultada ex profeso y que sólo sale a la luz mediante amenazas públicas o causas judiciales que terminan con la vigencia de determinados popes molestos del momento como el bancario Zanola (José Luís) o el ferroviario Pedraza (José Ángel).

El gran bonete

De ahí en más, nuestra fuente se prestó a seguir todos los hilos institucionales que se le presentaron. Pidió al ministro Triaca el desarchivo del expediente y la reactivación del otro similar en la Superintendencia. El silencio total dio paso a la denuncia ante la Oficina Anticorrupción de Alonso (Laura). Otra piedra tirada al “pozo sinfín”. El eco de la nada. Un llamado al organismo indicaba que “la Oficina sólo atiende irregularidades de actuales funcionarios”. Dado el ríspido tramo de la charla, el denunciante recordó a la interlocutora que su presentación no involucraba de manera directa a los sindicalistas sino a varios funcionarios, incluidos dos ministros y dos secretarios de Estado, tras lo cual puso un paño frío derivándolo a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Así nació el Expediente con Referencia EXUG-266 en este organismo estatal. El silencio sigue, a pesar de los pedidos de reactivación del denunciante.

El marco institucional sigue abriéndose pero depende de la voluntad del denunciante quien ya no tiene relación alguna con ese sector pero que sirve hasta aquí para abonar la idea de la complicidad de todas las partes involucradas, cualquiera que fuese el signo partidario.

Estaríamos frente a un caso testigo para comprender la metodología impuesta por la mafia sindical, según la calificó el presidente Macri pero que no lo convierte en menos responsable.

Conclusión

De acuerdo con esta perspectiva, el Poder Ejecutivo se coloca en la misma altitud coptada por las denunciadas mafias. Tiene en sus manos toda la información disponible para colocarlas frente al Poder Judicial, pero no lo hace, prefiere usarla como arma de autoridad. La información es poder, pero es inevitable considerar que cuando en la política se negocia con las mafias la corrupción es inevitable.

Hoy no gobiernan quienes estaban dentro del “que se vayan todos” en 2001, pero su sistema es el vigente con nuevos protagonistas, de ahí que las pústulas de un piso endeble saltan en cada paso que se pretende dar. La “Moncloa” de la que tanto se habla también incluye el ámbito sindical ante el fracaso de la pretensión de comer, educar, gobernar, etc, con la democracia.

Macri mantiene a raya a los sindicalistas con la información del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud, la UFI y el “modus operandi” que tan bien conoce el caudillo sindical Guillermo “Momo” Venegas.