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Julio De Vido y José López, los ex ministro de Planificación y ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo presos por hechos de corrupción, fueron procesados por administración fraudulenta y cohecho en el marco de la "causa Skanska", donde se investigan delitos en la adjudicación de obras para ampliación de gasoductos.
Como sea, el procesamiento firmado por el juez federal Sebastián Casanello incluyó embargos por 49 millones de pesos, pero en el caso de ambos no se resolvió su prisión preventiva porque ya están detenidos en otros expedientes.
Para el juez, De Vido, en su carácter de máxima autoridad del entonces Ministerio de Planificación Federal, había diseñado un esquema jurídico de delegación de funciones que le permitió -a la par de licuar su responsabilidad- determinar las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y otras empresas.
Y lo hizo, dijo Casanello, a través de sus dependientes directos, como las secretarías de Energía y de Obras Publicas y el Enargas (ente regulador del gas).
Casanello procesó además al ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, por entender que era quien "disponía del dinero para el pago de las obras y fue el encargado de aprobar junto a otros funcionarios los incrementos de presupuesto y recibir sobornos", dijeron fuentes judiciales.
La medida alcanzó también a nueve ex directivos de la firma Skanska, entre los que está el ex gerente comercial Javier Azcarate, que aparece en una escucha donde se habló de las coimas que se habían pagado para conseguir las obras del gasoducto.
En total los procesamientos son 31 e incluyen a los encargados de otras 23 empresas que actuaron proveyendo facturas apócrifas que recibían cheques y actuaron de intermediarios.
Los embargos fijados, con vistas a la recuperación de los activos generados ilícitamente, fueron fijados en 49 millones de pesos para cada uno de los funcionarios públicos y directores y gerentes de Skanska, procesados por administración fraudulenta y cohecho, y de 14 millones para los responsables de las empresas de facturas truchas e intermediarios en los cheques, que para la justicia fueron autores solo de cohecho.
La "causa Skanska" investiga los presuntos pagos ilegales por parte de la empresa multinacional a funcionarios locales para la adjudicación de la ampliación/construcción de gasoductos al principio del kirchnerismo.
La obra -que iba a ser financiada por un fondo fiduciario por Nación Fideicomisos- buscaba la expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (TGN) y en el sistema sur (TGS), además de potencia de compresión en las dos plantas existentes y la creación de una nueva planta.
Los sobornos habrían sido simulados mediante la emisión de facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes que, en realidad, enmascaraban la maniobra ilegal.
La grabación donde se reconocía el pago de las coimas había sido declarada nula por la Cámara Federal que, de esa manera, posibilitó los sobreseimientos de tres de los principales acusados: el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, el ex gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación Néstor Ulloa y el ex secretario de Energía Daniel Cameron.
El sobreseimiento de los ex funcionarios quedó firme porque el fiscal Germán Moldes no lo apeló, pero en diciembre de 2015 la Corte Suprema -por apelación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- ordenó revisar la validez de la grabación, en una suerte de virtual reapertura de la causa.
Y en abril de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal dio por válida la grabación, mientras el juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria a De Vido y a López, por pedido del fiscal Carlos Stornelli.
Mientras, sigue pendiente una resolución de "cosa juzgada írrita" para los que ya habían sido sobreseídos, Casanello definió hoy los procesamientos en la causa, que ya lleva 11 años de trámite.
Si la Cámara Federal confirma los procesamientos, Stornelli estará en condiciones de elevar a juicio este tramo del expediente y avanzar con los otros segmentos de la instrucción, dijeron fuentes judiciales.
