Preocupado por el déficit de las cuentas públicas, el Gobierno pretende cerrar lo antes posible el pacto fiscal con los gobernadores y dar así una señal de fortaleza política que habilite la demorada lluvia de inversiones, reemplazada hasta ahora por una exponencial y preocupante emisión de deuda.

En su breve viaje por Nueva York, el presidente Mauricio Macri mantuvo encuentros con inversores y ejecutivos de corporaciones quienes volvieron a reclamar por las reformas y pidieron también un urgente encauzamiento del déficit.

El pedido no es ni más ni menos que lo exigido por la misión del Fondo Monetario Internacional que terminó de auditar las cuentas públicas.

Si bien los funcionarios del organismo felicitaron la política oficial, dejaron algunos reclamos vinculados, por un lado, con el lento proceso de desaceleración de la inflación y, por otro, con el elevado endeudamiento producto del desequilibrio fiscal.

Transcurridos casi dos años desde el inicio de la gestión macrista, las prometidas inversiones llegaron en cuentagotas y a medida que pasa el tiempo son mayores las exigencias.

Es que, primero exigieron medidas claras pro-mercado, después ganar las elecciones legislativas y ahora, un acuerdo político orientado a combatir el abultado déficit fiscal.

Como un mal endémico, la Argentina necesita dólares y, por ahora, la única fuente de abastecimiento es el exponencial endeudamiento que supera los 100 mil millones de dólares desde diciembre de 2015, en conjunto entre Nación, Provincias, Municipios y empresas.

En la última semana, la calificadora Standard & Poor´s advirtió que la economía argentina se encuentra entre las más frágiles para enfrentar una crisis internacional o una suba de tasas por parte de Estados Unidos.

"Si no podemos demostrar que para adelante vamos a bajar el déficit fiscal, no nos van a seguir prestando", advirtió en la semana el economista Miguel Angel Broda.

Para el director ejecutivo de la consultora Libertad y Progreso, Aldo Abram: "Nadie nos va a querer prestar plata cuando haya una caída".

El debate entre emitir deuda para sostener el déficit no es nuevo en la Argentina y ha sido, casi con exclusividad, el generador de los procesos más críticos.

En lo que constituye un preocupante círculo vicioso, el Gobierno necesita endeudarse para pagar obligaciones y para financiar el déficit porque la fuente genuina de ingreso de divisas, el comercio exterior, está planchado y no reacciona.

La Argentina terminará 2017 con un déficit comercial cercano a los 7.000 millones de dólares, una cifra que quedará en la historia de los peores resultados.

Lo preocupante es que en el horizonte más cercano nada hace suponer que se produzca una explosión de exportaciones, pese a la luz de optimismo que viene desde Brasil y su incipiente recuperación económica.

Todo apunta a un mismo objetivo: recortar el déficit, empezar a achicar el ritmo de endeudamiento para evitar un ajuste mayor del que ya contienen las reformas impositiva, laboral y previsional.

En la convocatoria que Macri hizo a los gobernadores en Casa Rosada, pidió eliminar impuestos distorsivos y ajustar al máximo las cuentas, aunque también dio hizo algunas concesiones como desistir de aplicar impuestos internos a los vinos, espumantes y la cerveza.

También allí intentó buscar una solución definitiva al reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, cuya demanda está en la Corte Suprema de Justicia.

En el encuentro, los gobernadores escucharon la compleja ingeniería financiera e impositiva que diseñó el Ejecutivo para compensar a las provincias a cambio de habilitar más fondos a la administración de María Eugenia Vidal.

Parte de esos recursos que deberá aportar el Estado nacional, provendrá de los 100 mil millones de pesos que el gobierno podrá ahorrar del presupuesto para el 2018 si finalmente consigue cambiar la fórmula que permite el aumento en jubilaciones y pensiones y asignaciones.

Con ese paquete de medidas fiscales, Macri intenta demostrar fortaleza política y cierto nivel de acuerdo con gobernadores de todo el arco político, un reclamo de los inversores.

Sin embargo, no hubo foto del Presidente y los gobernadores, quienes prefirieron esperar una semana más para leer la letra chica del acuerdo y, recién ahí, firmarlo para no llevarse sorpresas.