El Pacto Fiscal, las reformas laboral, previsional y tributaria forman parte de un paquete de medidas orientado a ajustar las cuentas públicas, a entusiasmar al empresariado y alentar la llegada de inversiones, mediante una receta de la ortodoxia económica y fomentada por el Fondo Monetario Internacional.

Tras dos años de gestión, la administración macrista parece haber encontrado los motivos del retraso en el despegue económico y la demora en la llegada de inversiones.

Todas las medidas que tras las elecciones impulsó el Gobierno de Mauricio Macri están orientadas a recortar el gasto en el Estado, bajar el costo laboral, restringir el financiamiento del sistema previsional y corregir los desajustes impositivos de las Provincias, donde también se promueve una fuerte baja en la cantidad de empleados públicos.

Aunque no hubo foto, Macri consiguió que los gobernadores, con la excepción de San Luis, por ahora, aceptaran las condiciones de un acuerdo que también las obliga a desistir de demandas judiciales millonarias que superarían los 340 mil millones de pesos a cambio de un bono por 80 mil millones de pesos.

Las provincias aceptaron, además, bajar gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos y subir las tasas de impuestos inmobiliarios.

"No hay que tomarlo como que unos ganan y otros pierden. Acá todos ganamos. Las provincias van a bajar Ingresos Brutos y Sellos. Eso tiene un costo de un punto y medio de PBI", explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La Nación se comprometió a financiar el estado deficitario de las 13 cajas previsionales no transferidas y otorgar créditos especiales para programas de retiro y jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales.

Otra pata del acuerdo y no menos trascendente es el cambio en la fórmula del ajuste previsional que el Gobierno salió a explicar públicamente que permitirá aumentar las jubilaciones por encima de la inflación, aunque no se especificó cómo se hará el cálculo.

Desde que se puso en marcha la ley de movilidad jubilatoria, en marzo de 2009 y hasta septiembre de 2017, las jubilaciones acumularon un aumento del 950%.

En ese mismo plazo, la inflación fue poco menos de 700% según las mediciones de consultoras privadas y del Gobierno porteño, con lo que se concretaría una fuerte pérdida para los haberes previsionales.

Con todas estas medidas, celebradas con visible euforia por las principales cámaras empresarias del país, el Gobierno pretende allanar el camino para la llegada de inversiones y dar impulso al aparato productivo que viene creciendo a paso muy lento.

En sí, toda este enjambre de proyectos y acuerdos apunta a fortalecer lo que representa el talón de Aquiles del gobierno macrista: un país que funciona a fuerza de un endeudamiento exponencial que de mantenerse en el tiempo se convertirá en explosivo.

El comercio exterior, la fuente genuina de ingreso de divisas, se encamina a redondear uno de los peores años de la historia, con un déficit cercano a los 7000 millones de dólares, generado por una brusca caída en las exportaciones.

A los dólares que salen por importaciones se le agregan las sumas récord por compras en exterior y por turismo internacional, que hacen un cóctel complejo de afrontar.

En ese contexto, Macri, apoyado en el caudal de votos que cosechó en las legislativas, impulsó un fuerte ajuste en las cuentas, sobre todo en las provinciales y en el sistema previsional.

La idea central siempre es la misma: mostrar al mundo que la Argentina cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo de empresas y la inversión productiva.

Contra este último tópico, la política cambiaria que impulsa el Banco Central, con una fuerte suba de tasas, conspira contra la llegada de inversiones productivas.

Los dueños de esos capitales están más interesados en comprar Lebac, obtener rápidas ganancias y salir rápido del mercado sin correr ningún tipo de riesgos.

La inflación que no cesa

La última suba de tasas del Banco Central y recientes declaraciones del ministro Nicolás Dujovne confirman que la baja de la inflación es una batalla muy compleja.

"Estamos en un problema con la inflación", admitió Dujovne, aunque aclaró que no se cambiará la estrategia asumida porque se está "en el buen camino".

"No tenemos que perder la perspectiva de que venimos de 10 años con tasas de inflación superiores al 25% anual, es difícil salir de eso", consideró para explicar que este año terminará con una inflación apenas inferior a la de 2015.

La perspectiva es moderadamente optimista si se tiene en cuenta que para diciembre se esperan nuevos tarifas en las boletas de luz y gas.

En paralelo, la estrategia del Central fue parcialmente exitosa, si se tiene en cuenta que había establecido para este año un rango de entre 12 y 17%.

Para el año que viene, la autoridad monetaria proyectó un aumento en el costo de vida de entre 8 y 12%, que a esta altura aparece como demasiado optimista.