El nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, asumió con el compromiso de ocuparse de los pequeños y medianos productores y de simplificar los trámites, a los que son sometidos todos los actores de la actividad agroindustrial.

Mientras que el recambio de Ricardo Buryaile (quien finalmente desistió de ir como embajador a la Unión Europea) aparece con las líneas segundas y terceras del Ministerio ratificadas, lo que no pronostica muchos cambios, más bien mismo rumbo y sólo una renovación en algunas metodologías, por ahora.

Por ejemplo, todos los miércoles a las 8:30 la actividad más importante será la reunión de los integrantes del Gabinete ministerial, un encuentro que será infaltable, según confirmó a NA, Juan Balbín, nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quien con su par del Senasa, Ricardo Negri (h) también participarán de la mesa.

"Mi teléfono lo tienen todos ustedes", dijo Etchevehere a los periodistas que asistieron a la primera conferencia de prensa, el mismo día de su asunción.

Sin embargo, terminó la rueda de prensa y se rehusó a atender a más de un periodista que quiso entrevistarlo, con la excusa de que estaba ocupado y se tenía que ir.

En la primera reunión que hubo en el Ministerio, a su llegada, el viernes 24 de noviembre para celebrar el Día Nacional del Vino Bebida Nacional, con el lanzamiento del Plan de Difusión del producto, tampoco estuvo presente.

Etchevehere está acostumbrado a mandar y en la cancha se verán los pingos, por ahora se comprometió a trabajar en tres ejes: solucionar los problemas de competitividad mediante las reuniones de las mesas sectoriales, dar un combate a la burocracia y abrir más mercados externos.

"Estaremos realizando nuestra tarea en un marco de transparencia, eficiencia y austeridad", aseguró el nuevo titular de la cartera de Agroindustria.

Además señaló: "Vamos a simplificarles la vida a los productores y a los industriales de los alimentos, desburocratizando los procesos productivos. Ese va a ser un eje principal, sacar trámites innecesarios".

Es lo mejor que puede hacer porque sino las inversiones en el campo argentino peligran con medidas impactantes y negativas como la ratificación del impuesto inmobiliario rural del 50% en la provincia de Buenos Aires, el 40% del territorio rural argentino que es eminentemente agropecuario.

Esta semana se reunió la Mesa Provincial bonaerense con Coninagro, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y emitieron un comunicado sobre el "impuestazo".

En el encuentro, se analizaron las gestiones realizadas a distintos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial antes de la votación de la Ley Fiscal 2018, "que lamentablemente no pudieron modificar el grave aumento del Impuesto Inmobiliario Rural del 50 %", indicó el mensaje.

Las entidades intercambiaron información acerca del enorme impacto que tendrá esta medida, muy alejada de la inflación proyectada, en la vida rural bonaerense.

Asimismo, se destacó la enorme preocupación por las medidas que podrían tomar diferentes Intendencias, que ya abusan de la contribución sobre la Tasa de Caminos y otras como la de Higiene y Seguridad, sin prestar un verdadero servicio y se prevén alzas de similar orden.

Todo esto aleja inversiones en el agro que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su habitual Informativo Semanal trató desde el ángulo del financiamiento de las actividades.

Los economistas Julio Calzada y Juan Ignacio Calivari consideraron que "un tema importante" el "relativo al financiamiento agrícola en Argentina".

Estimaron en consecuencia, las fuentes de financiamiento para la siembra de los seis principales cultivos en el ciclo 2016/2017: trigo, soja, maíz, girasol, cebada y sorgo.

Los productores podrían haber necesitado para la campaña anterior 2016/2017 cerca de 10.450 millones de dólares.

Un 30% de estas erogaciones habrían sido afrontadas con fondos propios que son unos 3.130 millones de dólares y 70% con financiamiento de terceros, 7.320 millones de dólares.

Fuentes de financiamiento de terceros relevantes son los bancos, corredores, acopios, cooperativas, proveedores de insumos y traders, pero a los productores que tienen que pagar 50 por ciento de un inmobiliario rural y otros tributos comunales se les hace difícil recurrir a la búsqueda de más recursos económicos.

Una buena noticia vino desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) que publica el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) y que reportó que en octubre creció a 46,76 puntos, 4.18 puntos más que en septiembre y en un año aumentó +13,82 por ciento.

Los principales tópicos del informe marcan un "leve pero constante crecimiento de la actividad inmobiliaria rural", con un "efecto positivo en el mercado post elecciones legislativas" y "mayor oferta de campos en venta".

En la cámara ven con "gran optimismo" los "próximos meses" y el promedio del índice 2017 es del 9,1 por ciento mayor que el año pasado.

Este índice, de elaboración ininterrumpida desde hace cuatro años, refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en la República Argentina.

El interrogante es ver quién compra y vende los campos, porque si se van pequeños y medianos productores no es una buena noticia.