Quizá una de las tópicas más urgentes del estado de derecho actual sea cómo dialogar con el dogma. En efecto, el fundamentalismo religioso sacude al globo, al punto que casi no hay espacios seguros dónde guarecerse.

La preocupación difiere en intensidad entre teóricos y políticos pero es igualmente acuciente para todos porque, precisamente, las creencias carecen de lógica, sobre todo las de tipo religioso. La impronta agustiniana es inocultable, mas se impuso la tesis de la integración. El Aquinante —en el mundo católico— y Averroes —en el Islam—, cada uno a su modo y con resultados disímiles, hicieron denodados esfuerzos por reconciliar la fe y la razón. Trascartón, la voracidad del poder, que siempre se las ingenia para desbordarse, fusionó la cruz y la espada.

Hubo que esperar hasta 1789 para explicitar la separación entre Iglesia y Estado. Rupturas y continuidades mediante, el legado de la Revolución Francesa despuntaría en la tecnología conceptual más descollante de nuestra cultura: los derechos humanos, cuyas pretensiones de universalidad forzaban a reciclar el contrapiso occidental y cristiano en un horizonte laico.

La conjugación de la racionalidad iluminista, al calor del liberalismo político, hizo del grito “libertad, igualdad y fraternidad” un auténtico límite al absolutismo monárquico y al oscurantismo medieval.

Con sus más y sus menos, ese fue el derrotero del mosaico europeo hacia las democracias republicanas. Por imitación, los estados naciones despegados del colonialismo hicieron lo propio en su tránsito al mundo libre. Hoy, casi dos siglos y medio después, Argentina duda y se retrotrae a instancias pre-políticas.

Parece mentira pero, desde hace ya un buen tiempo, estamos envueltos en un brete desopilante y sin precedentes con una facción violenta e impostora autodenominada “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM).

Si hay algo que ya desde ahora puede endilgársele al gobierno argentino es haberle dado soga al conflicto delirante con esta banda (literalmente) armada. No obstante, a favor de las autoridades, debe decirse que la recepción, contención, administración y resolución de los conflictos, presuponen un mínimo inexcusable de racionalidad y estándares aceptables de razonabilidad; éstos son conversables, aquello es ineludible.

Lo racional tiene que ver con el uso de la razón para conocer el mundo que es. Lo razonable se emparenta con la idea de emplear la razón para pensar el mundo que podría ser.

Claro que puede acudirse a otras vías (además de la razón) para acceder al conocimiento (como la fe o la intuición). Eso no es problema; de hecho, muchas veces, el origen de los conflictos radica precisamente en la hablitación de caminos alternativos a la razón. Cuando eso sucede, se explicita que la racionalidad se presenta enriquecida con más de una vía de indagación del mundo y la cuestión se difiere al plano de la razonabilidad, donde los diferendos se salvan en la gran plataforma que la tolerancia ofrece para la convivencia humana en pluralidad de cosmovisiones. En otras palabras: puede decirse que la razonabilidad se edifica necesariamente sobre la racionalidad; así, todos podemos tener un poquito de “razón”, sin que ello implique sacrificar la paz.

Sin embargo, la cuestión sí se torna completamente inviable cuando se clausura la vía racional y se abdica, a conciencia, de toda instancia lógica. Ahí sí, no hay forma de gestionar una controversia con pretensiones de éxito. Sencillamente porque se acaba por controvertir el nivel más elemental de la racionalidad, el que tiene que ver con las leyes físicas.

Desde luego que el mundo interno de los individuos casi siempre presenta niveles atendibles de inconmensurabilidad, pero el mundo externo también acostumbra a presentar una lógica de funcionamiento relativamente autónoma a esos mismos individuos. Disculpándome desde ya por lo pedestre de  mis ejemplos, pero si una persona se expone al fuego, hasta el momento, se quema, independientemente de sus interpretaciones. Lo propio acontece con el agua; en general, los niños, niñas y adolescentes, se mojan cuando entran en contacto con ella. Pues bien, la Argentina reciente ha decidido confrontar con la realidad expulsando a los hechos. Todo es interpretación; con lo cual, cada quien puede descolgarse de la rama como se le venga en ganas y san se acabó —como dice “el Nene”—.

Está claro que esto es un delirio. De ahí, entonces, que, sin dejar de reprochar fundadamente la inacción de los gobiernos provinciales y nacional a la hora de atender el conflicto con la RAM, se comprende tanto la desorientación de las autoridades civiles como el extravío de la sociedad.

Conviene aquí reconocer que el ombliguismo capitalino nos impide hacer una adecuada composición de lugar sin encajarse en las dificultades que supone representarnos la vida de los pueblos pequeños del interior del país.

Hoy por hoy, con la sola (y entendible) excepción del “El Calafate”, las pintorescas ciudadades de la bellísima Patagonia argentina ven tambalear sus expectativas turísticas para la inminente temporada estival porque la política juega al “lejano oeste” con una patota que no dejó norma alguna del Código Penal por infringir.

Nota aparte merecen los sectores medios de los grandes centros urbanos que, desde un progresismo apolillado, abrazan una causa presuntamente indigenista. No hay ninguna reivindicación originaria ahí.

Primero, porque la idea de “pueblos originarios” nos llevaría a considerar, aunque más no sea por hipótesis, que nuestro territorio debería anexarse quizá al continente asiático. Segundo, incluso desechando que el estrecho de Bering haya sido la posible causa que permitió la entrada de los primeros hombres que llegaron a América, huelga decir que mucho antes de que los europeos y los criollos corriesen a los mapuches, fueron los propios mapuches los que exterminaron a otros “pueblos (tan) originarios como ellos, pongamos por caso los tehuelches. Tercero, porque las 50.000 personas (aprox.) que reconocen ascendencia mapuche y viven actualmente en la provincia de Río Negro, están integradas a la sociedad y desean vivir en este país. Cuarto, porque aún los descendientes mapuches que se nuclean en cofradías que rescatan sus costumbres y tradicones (como en todo el país lo hacen los españoles, los italianos, los alemanes, los árabes y todas las colectividades que hicieron emerger a la Argentina) desconocen la representatividad de la RAM. Quinto, porque mientras los paladines de la corrección política nacional discuten sobre los niveles de “mapuchosidad” aceptable, a un lado y al otro de la Cordillaera (de acá la RAM y de allá la CAM —Coordinadora Arauco—Malleco—) hay pandillas que siembran el terror y desconocen la soberanía de los estados.

En este contexto, pavimentado de falsificaciones e incoherencias, los partidarios de la RAM deben rendir cuentas de los delitos cometidos. Para eso, se necesitan servidores públicos capaces de adoptar las decisiones hormonales que la hora reclama, especialmente los que gobieran el sistema de administración de justicia que (muy a tono con las circunstancias), de una manera completamente delirante, han decidido retirarse y habilitar “zonas liberadas”, con el subterfugio de reconocer “territorios sagrados” y por la sola exhalación de una sacerdotisa.

En una secuencia argumental muy contraintuitiva, el reducto autoritario que encarnan fundamentalmente los sectores trosko—kirchneristas, se oponen (con razón) a la educacion católica en Salta y, sin sonrojarse, reconocen que “la Machi” pueda declarar una suerte de estado de sitio en Villa Mascardi y suspender el bloque de constitucionalidad federal; al mismo tiempo que reniegan y desconocen el origen occidental y cristiano del estado y los derechos humanos, invocan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y formulan presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; apelan al carácter universal de los derechos humanos y se autoproclaman practicamente como la etnia fundacional de la vida terrestre (sólo les falta decir que Adán y Eva eran mapuches); se virulentan contra el patriarcado y el capitalismo y, simultáneamente, abogan por la jerarquización de una cultura machista y ensayan las más encendidas defensas del derecho de propiedad. Ya está muchachos, basta, decídanse: ¿En qué club quieren jugar?

Aquí no está en juego el derecho a la libertad de conciencia ni de profesar libremente el culto, comprensivo de todo tipo de ritual siempre que no imponga prácticas litúrgicas a terceros. Sencillamente porque el fenómeno religioso acontece del borde corporal para adentro y todo lo que lo trasunte no puede afectar a los demás; cuánto más si la interferencia es con la investigación judicial de un hecho delictivo que terminó con la muerte de una persona, paradójicamente de un joven que bancaba, precisamente, a la supuesta “Machi”.

Tampoco se trata de salvaguardar el derecho a protestar ni mucho menos puede apellidarse como social el reclamo que la RAM intenta. Pareciera ser que todo berrinche callejero puede guarecerse bajo ese paraguas.

Por un lado, una cosa es un reclamo que desborda las veredas por la cantidad de personas movilizadas e inevitablemente quedan ocupadas las calles impidiendo la libre ciruclación; otra cosa, muy diferente, es la intención deliberada de cortar el tránsito. Eso no se puede hacer. Es asombroso tener que recordarlo.

Por el otro lado, se han banalizado los distingos entre el plano individual, grupal, sectorial y social. Por tanto, como todo queda subsumido en este último nivel, cualquier situación que causa desagrado se transforma en carta blanca para que se pueda interferir en la vida ajena. Y eso no es tan grave, el problema es que la autoridad está conmovida, al punto que ya no es capaz de restablecer el orden y justificarse a sí misma.

Urge que la Argentina se dé un debate sobre el espacio público, entretanto conviene desatender a cierta academia irresponsable que habla de protestas criminalizadas y plantea juegos mentales que ponen derechos en conflicto. La discusión en su eje implica acordar nuevamente una premisa que ha sido fundacional para nuestro diseño constitucional: cada uno puede hacer lo que le plazca sin dañar a terceros; traducido significa que no se puede protestar por medios criminales. Da vértigo tener que decirlo, pero parece que hace falta.

Para finalizar, el rol del Poder Judicial es indelegable, máxime cuando hay delitos que esclarecer. Sin ir más lejos, la muerte del joven Rafael Nahuel, acaecida el fin de semana pasado en un confuso enfrentamiento con la Prefectura Naval Argentina. Increíblemente, se hace necesario explicitar que los jueces no están para negociar, y mucho menos cuando los eventuales interlocutores son inequívocamente desconocidos por las propias bases a las que dicen representar. A ese respecto, viene bien preguntarse a quiénes va a sentar el Papa Francisco a su mesa de diálogo y para qué.