En el último día hábil judicial de 2017, el juez federal Sebastián Casanello dispuso elevar la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, que se conoce como "la ruta del dinero K": pero el expediente con más de 180 cuerpos aún no está en manos de un Tribunal Oral puesto que se rechazó un pedido para que se sortee la causa durante la feria judicial de verano.

Además, en los primeros meses de este año y pese a que el expediente completo pasa a instancia de juicio oral y público, la Justicia definirá la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El 29 de diciembre pasado Casanello dispuso elevar la causa a juicio: incluye a unos 25 imputados con embargos de hasta 10.500 millones de pesos y entre ellos se encuentran Báez, sus cuatro hijos, el empresario Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, Fabián Rossi, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin.

En enero y en pleno receso judicial, con Casanello de licencia, su colega Sergio Torres dictó una resolución con la cual los 180 cuerpos pasaban de inmediato a manos de un Tribunal Oral, pero fracasó en el intento.

Un tribunal oral de feria, invocando una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, consideró que no podía llevarse a cabo el sorteo porque no estaba habilitada el mismo en pleno receso de verano.

No obstante, el primer día hábil de febrero será Casanello quien eleve el expediente a un Tribunal Oral, un dato no menor, pues donde quede radicada la causa podrían sumárseles más adelante otros expedientes donde se vinculan los negocios de la ex Presidenta con el empresario detenido.

Mientras tanto, la Cámara Federal tiene que definir el pedido de indagatoria hecho por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) sobre Cristina Kirchner, luego de que el mismo fuese rechazado en dos oportunidades por Casanello en primera instancia.

También está pendiente de definirse la situación del ex titular de la AFIP, Echegaray, quien ya fue indagado por Casanello por la falta de controles en función de las maniobras de evasión que cometió Báez.

Existe, sin embargo, una traba para avanzar sobre la situación de Echegaray: el entonces juez federal Norberto Oyarbide había sobreseído al funcionario en una causa donde se lo investigaba por presunto encubrimiento sobre los negocios del empresario.

En ese sentido, el problema radica en que no se puede investigar dos veces a una persona por el mismo hecho: incluso el fiscal Guillermo Marijuan reclamó su sobreseimiento con ese argumento y Casanello ahora evalúa si, pese a esa traba jurídica, puede avanzar sobre la responsabilidad de Echegaray en el caso.

Incluso, en los últimos días de diciembre la AFIP se presentó como querellante y fue tenida como tal por Casanello, lo que le permite no sólo acceder a la causa sino además solicitar medidas de prueba.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe televisivo de Periodismo Para Todos, que luego la investigación corroboró: la fuga de unos 55 millones de euros al exterior a través de paraísos fiscales y el retorno de gran parte del dinero a la Argentina de manera ilegal.

El origen de los fondos, esto es el delito que dio origen al lavado de dinero, es diverso: no sólo la evasión cometida por Báez a través de sus empresas, sino también los negocios con la obra pública, en los que fue favorecido por el kirchnerismo durante una década.

Hasta el momento, la investigación que lleva adelante Casanello tiene incautados bienes por más de 3 mil millones de pesos y muchos bienes ya en poder del Estado Nacional, como ser dos aviones, máquinas viales y otros tantos que se le quitaron ya al empresario Báez.