Tras las declaraciones del consultor estrella del macrismo, Jaime Duran Barba, quien mencionó que la sociedad argentina quiere que se establezca la pena de muerte, y luego de que el presidente, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieran al policía  Luis Oscar Chocobar, tildando de plausible su accionar contra un ladrón, una presentación podría impedir que se lleven a cabo las actuaciones del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores Nº7, Enrique Gustavo Velázquez.

Chocobar le habría disparado a un ladrón del barrio porteño de La Boca y lo remato por la espalda estando en el piso. Ahora el juez Velázquez, quien procesó y embargó al oficial por 400 mil pesos, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño en sus funciones.

Quien hizo la presentación formal, fue un abogado como una manera de retrucar la decisión de Velázquez contra el uniformado.

Según mencionó el letrado, el juez incurrió en “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato”.

La incógnita más incómoda que merodea por la sociedad hoy día, refiere al actuar del mismo oficial, ¿Está bien o está mal?, hay quienes dicen que el ladrón tenía merecido su destino y hay quienes repudian el actuar de este sujeto perteneciente a una de las fuerzas de seguridad.

En el video se ve claro, el ladrón corre de la escena del crimen y es disparado hasta provocarle la muerte, si se lo merecía o no es otra discusión, pero existe un Código Penal, el cual debe ser cumplido.  

Según el Artículo 34 del  Código Penal, la situación ya conocida entre el ladrón y el oficial no sería punible si chocobar hubiese actuado en legítima defensa, lo cual, se ve en el video, no sucedió.

Vale aclarar que no se trata de defender al malviviente, sino que se trata de hacer respetar las leyes que se encuentran vigentes.

La causa contra el magistrado ya fue elevada a la Comisión de Disciplina del Consejo, la misma está presidida por el diputado oficialista Pablo Tonelli, quien estará a la cabeza de una reunión para estudiar la denuncia y tomar una decisión sobre la base de la acusación.

Si la decisión desembocara en contra del juez Velázquez, el organismo podría sancionarlo e incluso hasta  destituirlo de su cargo.

En este caso, el juez laboró conforme dicta nuestra ley, si el juez Velázquez debe ser destituido, que así sea, pero por causas razonables.

Enrique Velázquez fue denunciado por acoso laboral en el año 2004 y estuvo sancionado en el año 2007 por firmar hojas en blanco para que sus secretarias redacten decretos cuando él se ausentaba. Además, es el mismo que le que otorgó la libertad a quien fuera el asesino de Brian Aguinaco a principios del año pasado.

Terminando el 2003, los dueños de la textil Brukman, habían denunciado a un grupo de obreros por haber tomado y autogestionado esa misma fabrica, sin embargo, el magistrado en cuestión, determinó que no se había cometido ningún delito, ni de robo ni de usurpación.

Tiempo después, la Cámara forzó el desalojo de la textil y a Velázquez lo apartaron del tribunal de menores.

El juez Velázquez debió haber sido destituido de su cargo hace ya mucho tiempo por las mencionadas negligencias, pero, es dable insistir, no por actuar conforme dicta la ley.