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En las últimas horas, en la Argentina empezó a darse una discusión inesperada, lejos de los problemas de coyuntura real del país: ¿Hay que cobrarles a los extranjeros que utilizan los servicios públicos locales?
No se trata de un tema solo filosófico: un diputado mendocino llamado Luis Petri presentó hoy un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la base de criterios de “reciprocidad”.
Según el diputado, del espacio oficialista Cambiemos, “el objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”.
Eso sí, en virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de “residentes permanentes” se mantiene inalterable.
En cambio, cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.
De lo contrario –en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina–, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.
Ello provocó una grieta inesperada dentro de la política: por un lado aparecieron quienes consideran que se trata de una idea retrógrada y poco solidaria; por el otro, aquellos que aseguran que es una medida justa.
Como es previsible, el kirchnerismo se alineó en el primer grupo y el macrismo en el segundo. Siempre con matices, obviamente.
En las redes sociales la discusión escaló a niveles insospechados, provocando debates que escaparon a toda caballerosidad posible. Pero la cuestión no se resolvió y la pregunta queda flotando en el aire, como el título de esta nota: ¿Hay que cobrar a los extranjeros para que usen nuestros recursos?
