Facundo Jones Huala fue extraditado a Chile en una operación hermética, secreta, coordinada por la Policía Federal alrededor de las 17hs . La medida fue dispuesta por el presidente Macri y avalada por el Juez Villanueva, de Neuquén.

La coordinación estuvo a cargo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del Jefe de la Policía Néstor Roncaglia. El celo con el que se llevó adelante el operativo respondió, por supuesto, a la necesidad de evitar incidentes con los grupos violentos que hicieron base en la Patagonia.

Recordemos que Jones Huala tiene fuertes vínculo con RAM y muchos sospechan que, en realidad, es uno de líderes.

La causa que originó la detención de Huala tuvo que ver con delitos de tenencia de arma de fuego de fabricación artesanal e incendio de propiedad, con el agravante de que una de las viviendas del fundo Pisu Pisue estaba habitada. Estos delitos se cometieron en Chile en 2013 Facundo Jones Huala estaba detenido con prisión domiciliaria en Chile, pero se fugó a nuestro país. Aquí fue detenido y desde entonces la Justicia chilena venía pidiendo la extradición para poder juzgarlo allí.

La defensa de Huala se negaba sistemáticamente a este traslado, tanto que el caso llegó a la Corte Suprema. El mes pasado la Corte se expidió por unanimidad y decidió que el “lonko” Facundo Jones Huala sea extraditado, y advirtieron que debería computarse el tiempo que ya cuenta Huala detenido en Esquel, algo más de un año. La defensa de Huala argumentaba persecución política, discriminación por su condición mapuche, falta de respeto de la cultura mapuche, discusiones técnicas acerca del arma, etc.

La Corte dio un fallo ejemplar que sienta precedentes en lo que a la doble incriminación se refiere. Esto es significativo porque, tal como sabemos, los mapuches rebeldes no respetan la división política Argentina/Chile, atentan de igual manera contra el Estado y la propiedad privada en ambos territorios, entonces la colaboración entre los dos países es fundamental.

La Corte también consideró que delitos como el incendio de una propiedad habitada o la violencia directa hacia las personas no pueden ser considerados como reclamos políticos reivindicativos del grupo mapuche. Son eso: delitos.

Insisto, es muy importante este fallo que echa luz sobre los límites que deberán respetar los integrantes del RAM, que obviamente no representan a la comunidad mapuche. Los mapuches en su gran mayoría están integrados a la vida pacífica en la Patagonia argentina y en Chile, donde son mucho más numerosos aún.

El gobierno argentino actuó con rapidez, teniendo el fallo de la Corte era importante hacerlo efectivo sin mayores disturbios. Las asociaciones de DDHH ya se habían puesto en marcha: como la defensa volvió a plantear una denuncia, la ONU pidió suspender el proceso. Esta solicitud de la ONU no es vinculante, de todas formas nuestro país respondió con una gran cantidad de argumentación jurídica.

Por supuesto no contar con reflejos ágiles resulta peligroso cuando de la RAM se trata. Recordemos hace poco más de un año lo que fue el caso Maldonado.

Santiago Maldonado era un joven anarquista oriundo de la provincia de Buenos Aires que vivía en el sur argentino y apoyaba causas contestatarias a ambos lados de la cordillera. El artesano, simpatizante de la comunidad rebelde del Pu Lof, formó parte del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017.

La historia es conocida, se produjo el desalojo de la ruta a cargo de la Gendarmería, los manifestantes encapuchados arrojaron piedras, cruzaron el río a nado, pero Santiago nunca llegó al campamento.

Lo que siguió fue un desfile de testigos falsos que juraban haber visto cómo los gendarmes metieron a Santiago en una camioneta y se lo llevaron; otros que habían escuchado ruido de botas en el último llamado al celular de Maldonado; en fin, sólo faltaban los Falcon verdes para despertar los fantasmas de la represión ilegal, la tortura y el terrorismo de Estado.

Se buscó a Maldonado en el territorio con la sospechosa renuencia de los mapuches que argumentaban cosas tan desopilantes como que el territorio era sagrado y así impedían los rastrillajes. Por supuesto, sabían que el armado del relato estaba destinado a erosionar a Cambiemos y así hacerles perder las elecciones legislativas. Mientras tanto, una falsa APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) organizó un escenario de denuncias internacionales para que el Estado argentino apareciera como un asesino de idealistas que luchan por los derechos de los pueblos originarios.

La farsa se evidenció cuando el cuerpo sin vida de Maldonado se encontró en las aguas del río. El cadáver habló frente a 55 peritos entre los que se contaban los de la familia y los de las organizaciones de derechos humanos. Maldonado murió ahogado, ningún mapuche lo ayudó, él no era baqueano y además no sabía nadar. El cuerpo no se movió del río. No presentaba señales de violencia, ni tortura. Pero ningún argumento científico alcanza cuando la ideología se quiere imponer al razonamiento.

Florencia Kirchner y Tristán Bauer son los artífices de una película documental que cuenta la historia del joven Maldonado. Omiten contar aspectos interesantes de su vida de los que él mismo estaba orgulloso, como que era un activista anarquista, profundamente anti eclesiástico y opositor de la figura del papa Francisco. Omitieron también hablar del peritaje ejemplar que tuvo el cuerpo de Maldonado, pero que lamentablemente no tuvo el fiscal Nisman después de ser asesinado en su departamento. ¿Qué valor puede tener un documental que no documenta?

Con el fallo de la Corte Suprema y la extradición de Jones Huala se inicia, en mi opinión, otra etapa en el manejo de los conflictos con los grupos cesionistas de la Patagonia Argentina. El próximo paso debería ser cambiar la carátula del caso Maldonado y cerrar un capítulo que se inventó con el único propósito de atacar la democracia argentina.