“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Séneca.
La definición más conocida sobre justicia la brindó Ulpiano “dar a cada uno su derecho” y tanto las autoridades de la UNC, como el juez y la fiscal intervinientes en la toma del Pabellón Argentina, han hecho caso omiso a esta definición.
Las autoridades universitarias se negaron a solicitar el desalojo de los ocupas, faltando a su deber de velar por el patrimonio de la Universidad y de asegurar el libre acceso de los empleados, docentes e investigadores a su trabajo; así como el de miles de estudiantes a su educación.
Francisco Ferreyra (director del Belgrano) explicó: “Empezamos a tener comunicación con los jóvenes de la toma para poder destrabar la situación. Se creó una comisión que conformó una nota y la llevó personalmente al pabellón”. La sumisión de las autoridades universitarias a las demandas de esta caterva de delincuentes es patética.
Delincuentes, miembros de una secta ideológica que tomaron violentamente el Pabellón Argentina (toda toma es violenta, aunque no exista violencia física explícita), mientras aseguraban en forma perversa que “nuestra intención es apropiarnos de los espacios de la Universidad de forma pacífica pese al intento de impedirlo por parte de la Policía de Córdoba”. ¡Como si las fuerzas del orden no tuviesen la potestad y la obligación de detenerlos!
Incluso cantaban “fuera yuta fuera”, obligando de este modo a los desamparados guardias (abandonados por las autoridades responsables), que se encontraban protegiendo los bienes del estado nacional a retirarse.
Grupúsculo adoctrinado, que con la cantilena de “universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”, demostraba una clara posición discriminatoria, ya que este cántico excluye de la casa de altos estudios a quienes ellos no consideran trabajadores; además de ser absurda, ya que la educación (y la universidad por ende), tienen su razón de ser en los estudiantes no en los trabajadores.
Tal es el desquicio de estos infames patoteros, que a través de un comunicado, afirmaron que hacían “responsables a las autoridades decanales, rectorales y al Gobierno provincial de la seguridad de cada estudiante”, abstrayéndose ellos mismos de la responsabilidad de sus actos.
Son incontables los ejemplos de los mensajes perversos de los usurpadores, “hoy nos despertamos con la noticia de que el ministro de Educación está pidiendo el desalojo del Pabellón, lo cual nos parece terrible, y ayer muchos de los grandes medios salieron a pedir un desalojo, con lo que implica usar la fuerza represiva para sacar a estudiantes que están haciendo una toma pacífica en una universidad pública”. El estado, en un estado de derecho, está autorizado a usar la fuerza para reponer los derechos ciudadanos avasallados por unos malandras.
El propio ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, tampoco asumió su responsabilidad ante este atropello y expresó que “las autoridades universitarias tienen todas las herramientas para hacer cesar este hecho”, “avalamos lo que hagan los padres y lo que hagan las autoridades universitarias para reponer el orden. Esto tiene que volver a la normalidad”. Increíble, también se lavó las manos.
Finalmente, la justicia también se hizo la distraída y aduciendo cuestiones formales, se limitó a contemplar los acontecimientos. El juez Hugo Vaca Narvaja comentó que “quedó apostada una guardia de la policía federal frente al pabellón para ver qué sucedía y se me ha transmitido un informe cada 6 horas de todos los movimientos de estos chicos estudiantes y no estudiantes de la toma”. Mientras se llevaba adelante un delito, expuesto incluso con filmaciones por distintos medios, la justicia sólo se limitaba a “tener informes”.
Ante el delito in fraganti que se estaba produciendo, la fiscal López de Filoñuk le preguntaba al rector Hugo Juri y al vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra si “querían el desalojo”, ¡como si esto fuese una cuestión de voluntad de unos privados sobre su propiedad! ¡La Universidad no es su propiedad privada, es su obligación defenderla de los vándalos!
Por último, se develaron los motivos ideológicos y timoratos que disfrazaban con subterfugios los actores de los poderes públicos.
Ideológicos, pues tanto el Rector como el Juez, hablaron de “los chicos” al hacer referencia a los estudiantes universitarios. Cabe aclarar que estos educandos son mayores de edad, adultos responsables de sus actos y que no son ningunos “chicos”; así como tampoco fueron “jóvenes idealistas” los guerrilleros, ni son “víctimas de la sociedad” los delincuentes. Llamemos a las cosas por su nombre.
Y los motivos timoratos quedaron expuestos por el juez, al confesar que quería evitar “consecuencias disvaliosas al utilizar la fuerza pública”. Incluso reveló que estuvo a punto de enviar al desalojo a ¡60 gendarmes mujeres desarmadas!, quienes pondrían en juego sus vidas por la cobardía de quienes deben imponer sin dudas y sin dilación, el orden y el respeto por los derechos individuales y por las instituciones.
“No queremos ningún Santiago Maldonado” confesó al respecto Vaca Narvaja, como si ese individuo hubiese muerto en manos de las fuerzas de seguridad o al menos por su responsabilidad.
Los piqueteros, los sindicalistas, los politiqueros, las feministas fanáticas, los militantes políticos violentos y toda esa sarta de energúmenos incivilizados que padecemos día a día, saben que los que deben “poner los huevos sobre la mesa”, son devotos de lo “políticamente correcto” y que nunca cumplirán con su deber.
Estamos en manos de una minoría que es una cloaca social y quienes deben defendernos les tienen miedo. Es tiempo de terminar con “El Imperio de la Decadencia Argentina” que estamos padeciendo.
Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, llegó el momento de abrir los ojos.