Como ya se reveló con anterioridad mediante el presente periódico, a pesar del patrocinio que Mauricio Macri realiza, con gran astucia es dable mencionar y con Jaime Duran Barba soplándole al oído, respecto de la Justicia independiente, es el gestor más importante de la impunidad a la corrupción.

Es quien le pidió, junto con Marcos Peña, al ministro de Justicia German Garavano, quien a su vez le peticiona a Juan Ignacio Izura, que negocie con funcionarios judiciales para que no apresen a la ex presidenta Cristina Fernández.

Al mismo tiempo, es el responsable de la absolución al otrora jefe de Estado Carlos Saúl Menem en la causa por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.

Como si fuera poco, el primer mandatario argentino lleva a cabo todos los mecanismos de defensa que posee a su alcance para evadir la prisión tanto de su primo Ángelo Calcaterra como de su padre, Franco Macri.

No obstante, hay mucho más detrás de esa cortina de impunidad que ha sabido imponer con imperiosa demagogia el oficialismo.

Un dato tan sintomático como irrespetuoso es el hecho de que los empresarios más allegados al presidente hayan quedado en libertad con una facilidad que espanta. El primero fue el todopoderoso dueño de Techint, Paolo Rocca, uno de los empresarios más complicados en la causa, sin embargo no tuvo que sufrir una sola noche tras las rejas, y ello sin siquiera tener que luchar por convertirse en imputado colaborador.

El segundo de los casos fue el primo-hermano de Macri, Calcaterra, otrora dueño de IECSA, no casualmente hasta la llegada de su primo favorito a la presidencia, momento en el cual le dejo el mando al tercer empresario más querido por el mandamás del país, Marcelo Mindlin, quien a su vez es dueño de Pampa Energía, dos empresas estrechamente vinculadas con la faraónica causa de corrupción del kirchnerato.

Mindlin pasó hoy por los tribunales de Comodoro Py por la mencionada causa, aunque no se arrepintió, solo atinó a mencionar que se reunió en varias ocasiones con el ex ministro de planificación Julio De Vido, pero nunca le pidieron nada.

Además le inquirieron respecto de los subsidios a la energía, a lo que supo responder con total simpleza que directamente no los recibía.

Las declaraciones del actual apoderado de IECSA y Pampa Energía fueron más que escuetas y dejaron mucho que desear, sin embargo quedó en libertad, sin más.

Para colmo de los colmos, Calcaterra se puso en exquisito y lanzó una petición bastante absurda, que lo saquen de la investigación de los cuadernos por ser un “coimero ocasional”.

Según argumentaron los abogados del antecesor de Mindlin en IECSA, Ricardo Rosental y Fernando Díaz Cantón, “a la investigación le queda un larguísimo camino por delante. Hay que revocar este procesamiento y dictar la falta de mérito”.

Es dable destacar que según el artículo 258 del Código Procesal Penal “La falta de mérito es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo y el procesamiento. Se trata de una resolución sobre el mérito de la imputación inicial que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o su inexistencia y que, por tanto, no es conclusiva del proceso”.

¿Se entiende la irrisoria implementación de dicha figura legal?

Cuando se dicta la falta de mérito, se está diciendo que una persona no es inocente aunque tampoco es culpable, la estupidez más grande en la historia de la Justicia, una figura que sirve simplemente para apadrinar a la impunidad.

Resulta ser tan extraño el hecho de la falta de punibilidad en el caso de los cercanos al presidente que hasta se muestra evidente la operatoria que está realizando Macri dentro del Poder Judicial.

Pero hay más, como si lo redactado arriba no fuera sobrado para describir la impunidad macrista, ahora la vicepresidenta Gabriela Michetti y el funcionado más cuestionado de Cambiemos, el jefe de Gabinete Marcos Peña, firmaron un decreto con el cual se logró enterrar la investigación respecto del intento del jefe de Estado de autoperdonarse 70 mil millones de pesos por una deuda del Correo Argentino mediante el otrora ministro de Comunicaciones, y actual de Defensa, Oscar Aguad.

Antes de esta polémica determinación en nombre de Macri, el escándalo había seguido un derrotero de intentos de la Justicia por investigar y de operaciones del macrismo para cerrar el caso: el 10 de febrero de 2017, tras conocerse la maniobra del presidente para condonarle la multimillonaria deuda a su familia, el entonces titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, le pidió a la Procuración del Tesoro (PTN), que es la cabeza de los abogados del Estado, que iniciara un sumario para investigar el rol de los letrados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri estatales y los Macri empresarios.

Carlos Balbin, quien era entonces procurador, accedió al pedido, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que depende directamente del Presidente. Eso lo eyectó del Gobierno, ya que luego fue desplazado y reemplazado por Bernardo Saravia Frías, que supo ser abogado de las empresas familiares.

“Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías apenas llegó a la PTN, Y así fue, cerró el sumario que había iniciado Balbín, lo que motivó la apelación del fiscal de la PIA que, en lugar del jefe de Estado, ahora el tándem Michetti-Peña rechazaron.

A través de esa resolución, los abogados del Estado dieron "por clausurado el sumario administrativo" que se había dispuesto en febrero de 2017 por la condonación de la deuda del Correo. Así, en mayo de este año "se declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno, en relación con los hechos denunciados en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/Concurso Preventivo (Expediente Nº 94360/01), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6".

La Procuración había elevado el reclamo porque, al clausurarse las actuaciones se impedía "de manera definitiva la pretensión de lograr una investigación integral de los hechos denunciados en el marco del proceso sumarial, apartándose así del propósito específico del mismo".

Según consta en el decreto, "en la investigación sumarial, se tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del Estado nacional, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones (Oscar Aguad), por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable".

Además, se informó que el sumario determinó que "el accionar de los funcionarios públicos intervinientes fue el que les imponía la estructura organizativa" del Ministerio de Comunicaciones y que "los mismos estaban cumpliendo la función que les correspondía en razón del puesto". 

No son casuales los últimos dichos de la diputada co-fundadora de Cambiemos Elisa “Lilita” Carrió, quien básicamente se puso fecha de vencimiento dentro de la alianza en caso de que Macri “se canse” de su “pelea contra la corrupción”.

"Si (Mauricio Macri) se cansa me puede echar, no tengo problema en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia. No voy a romper Cambiemos, pero tampoco mi conciencia", determinó fulminante la flamante diputada oficialista.

Lo que Carrió no terminó de entender es que el primer mandatario ya se cansó, o peor aún, nunca inició la mencionada lucha.

Tal vez el presidente tiene la sensación de que lo que alguna vez manifestó el periodista Javier Marías es tan real como aplicable: “La impunidad del mundo es tan inabarcable, tan antigua y larga y ancha que hasta cierto punto nos da lo mismo que se le añada un milímetro más”.