La semana pasada, frente al Congreso de la Nación, más de 1.000 personas, entra ellas grupos de derecha y ultraderecha, mostraron la hilacha con su ideología justamente para manifestarse en contra de otra: la «ideología de género».

Allí no solo reclamaron para mantener a los estudiantes sin educación sexual y hasta protestaron por puntos de la ley ESI que no existen salvo en las cadenas de Whatsapp, sino también aprovecharon por pedir mantener ilegal el aborto y hasta avanzaron en querer retrotraer la ley de identidad de género (2012) porque nunca es tarde para protestar.

«¿Quién está detrás de la ideología de género? Los judíos», pudo verse en algunos carteles de aquellos hombres que cuidan todas las vidas menos algunas otras. Sí, en la marcha también había mujeres, y bastantes nazis, pero no eran «feminazis». Ay, qué lío.

En los carteles también había caricaturas de todos los miembros del Gabinete con apellido que podría sonar judío para responsabilizar de esta hecatombe sexual, y no es la que nos pide a los ciudadanos ponernos en cuatro con la boleta del gas y el resumen de la tarjeta.

A raíz de tan artísticos carteles, la abogada, docente y experta en control de la corrupción, Natalia Volosin, realizó una denuncia penal por violación a la ley antidiscriminatoria.

«Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas», dice la ley 23592 en su artículo 3.

La denuncia penal cayó en el juzgado de Sebastián Ramos, y tiene como fiscal a Guillermo Marijuán.