La fiscal federal Paloma Ochoa pidió enviar a juicio oral y público a la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación a la administración pública con los fondos para la construcción de viviendas sociales en el programa "Sueños Compartidos".

Lo hizo tras una dura controversia que mantuvo con el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, pues para la fiscal restaban medidas de prueba para realizar, mientras que el magistrado la había instado a que el caso pasara a etapa de juicio oral.

Semanas atrás, la fiscal había pedido enviar a juicio a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, pero no a Bonafini.

Es que Ochoa consideró que aún restaban realizar medidas de prueba antes de enviarla a juicio.

El juez Martínez de Giorgi rechazó la prueba solicitada por la fiscal: "El hecho de que los nombrados no hayan señalado a los hermanos Schoklender como quienes les impartían las órdenes de cobrar cheques emitidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma", dijo el magistrado.

"Conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido y que en tal sentido al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución", insistió el juez.

La fiscal Ochoa si bien remarcó que aquellas medidas "resultan fundamentales para clarificar la posible intervención de "Bonafini, hizo el requerimiento para enviarla a juicio "a fin de no dilatar el avance del proceso".

No obstante, consideró que las pruebas pueden realizarse en la instrucción suplementaria, esto es cuando el expediente llegue a un Tribunal Oral y previo a la sustanciación del juicio.

La imputación contra Bonafini, consideró la fiscal, es por ser partícipe de forma secundaria en la defraudación a la administración pública por los fondos que recibió la Fundación para la construcción de viviendas sociales.

Bonafini está acusada de avalar el accionar de los hermanos Schoklender en cuanto al desvío de los fondos públicos hacia otros fines fuera de la construcción de viviendas sociales.

Además de los Schoklender, De Vido y López, van a juicio Abelta Fatala, Alejandro Gotkin, Daniel Laurenti, Fernando Caparroz Gomez, Pablo Sette, Adolfo Bus, Christian Terdjanian, Gustavo Serventich, Manuel Camet, Mariano Moncada, Claudio Freidin, Carlos Castellano, y Daniel y Silvia Nasif.

El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos.

El proyecto original comprendía la suma de 1.295.218.967 millones de pesos.

"Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida", indicó el fallo sobre la Fundación y agregó que -del dinero otorgado por la Secretaría de Obras Públicas- "sólo la suma de 516.247.173 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras".

Se investiga entonces un faltante de 206.438.454 pesos que "fueron desviados de su fin específico", entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que "lo tenían como beneficiario".

Se detectaron también "hasta pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas", indicaron.

En la causa tienen falta de mérito los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.