Este viernes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a citar a declaración indagatoria a los detenidos ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Roberto Baratta por la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.

En tal sentido, el magistrado convocó a De Vido para el 7 de febrero próximo, a Baratta para el 12, y citó también para ampliar su indagatoria al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez (día 14) y a su primo Carlos (día 15).

Los nuevos llamados a indagatoria, que incluyen también al ex secretario de Baratta, Nelson Lazarte (13 de febrero), fueron decididos por el juez Martínez de Giorgi a partir de información surgida de la causa de los cuadernos de las coimas que instruye su colega Claudio Bonadio.

Los acusados "habrían participado directa o indirectamente de las distintas entregas de sumas de dinero plasmadas en el cuaderno marca Rivadavia color azul, del que surgen anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno a partir del 6 de mayo del 2013", señaló el juez en la resolución de tres páginas que emitió hoy.

El magistrado detalló, además, que fueron "siete encuentros entre Nelson Lazarte y Carlos Alberto Rodríguez entre los días 28 de julio y 31 de octubre del 2013, cuyo destino final resultan ser funcionarios del entonces Ministerio de Planificación de la Nación".

De Vido, Baratta y Rodríguez ya habían sido indagados en esta causa y se esperaba que para esta fecha el juez resolviera su situación procesal, pero la definición quedará para el año que viene luego de que los acusados amplíen sus indagatorias.

El soterramiento del Sarmiento fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) "Consorcio Nuevo Sarmiento", integrada por las firmas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa S.A.

En esta causa, el fiscal Franco Picardi ubicó al "Corcho" Rodríguez como nexo entre la constructora multinacional brasileña y los funcionarios locales, principalmente vinculados al Ministerio de Planificación y "especialmente a la Secretaría de Obras Públicas" en tiempos del kirchnerismo.

El juez Martínez de Giorgi aún debe resolver sobre el pedido del fiscal, formulado en octubre, de disponer embargos preventivos por mil millones de pesos a las empresas que se adjudicaron las obras para soterrar el Sarmiento.

Picardi pidió que los embargos alcancen a las empresas y sus directivos, e incluye a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, quien era dueño de la firma IECSA cuando participó en 2006 del consorcio que encabezó Odebrecht.

En uno de sus primeros dictámenes de esta causa, Picardi había detallado que entre 2005 y 2014 hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.

En ello se enmarcó el caso del soterramiento del Sarmiento, una obra presupuestada en 3.000 millones de dólares.

En la causa están imputados el detenido ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su ex asesor Manuel Vázquez.