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Este lunes, Mauricio Macri sorprendió al anunciar que, a través de un DNU, implementará la extinción de dominio para los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado (ver al pie el documento).
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario señaló que el objetivo de la medida es que "la justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación" de bienes.
Si bien la medida era esperada —y es altamente necesaria en un país como la Argentina—, está claro que se trata de una medida electoralista, en medio de un año que se aventura tan o más complicado que 2018, según los vaticinios del siempre optimista FMI.
No es casual que en su discurso Macri dijera que con el dinero recuperado se construirán "escuelas, cloacas", y que también se podrán "subastar" los "campos, casas, barcos, autos y obras de arte" provenientes de estos delitos. Son palabras de campaña, con tono de campaña.
De hecho, ya mismo estaban midiendo en una encuesta telefónica qué tanto había impactado en la sociedad el anuncio. Sus resultados serán publicados por uno de los principales diarios argentinos esta misma semana.
Y habrá muchos más anuncios, no solo para crecer en las preferencias de los votantes, sino también para evitar que se hable de temas económicos.
Se impulsarán medidas referidas a la Justicia y la inseguridad, entre otras cuestiones. De manera creciente, de cara a octubre. Todo sea por lograr la reelección.
Igualmente, el decreto de extinción de dominio es una gran medida, necesaria y urgente. No es para minimizarla ni mucho menos.
Habrá que ver cuánto se logra incautar a partir de esa medida, y qué se hace con ese dinero. Por ahora, son solo reflejos de buenas intenciones.
