La oposición de Venezuela salió de su letargo. Eligió una fecha emblemática, el 23 de enero, 61 años después del final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Salió a las calles despojada de una dirigencia dividida que, desde los tiempos de Hugo Chávez, no hizo más que cometer errores. Eligió también a un líder joven, Juan Guaidó, de 35 años, súbito alfil de una sociedad harta de quebrantos, frustraciones, desabastecimientos, represión y exilios. Una forma de espabilarse frente a un régimen, el de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo tanto dentro del país como en el exterior. Pocos validan las elecciones manipuladas del 20 de mayo de 2018.

Cuando Guaidó asumió a comienzos de 2019 la presidencia de la Asamblea Nacional, el único órgano bajo control de la oposición reconocido fuera de Venezuela, también se proclamó presidente de la república. Días después, durante un baño de masas, asumió “formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación”. Esa figura, la del presidente encargado, responde al artículo 233 de la Constitución Bolivariana. Infiere como “faltas absolutas” del presidente de la república “su muerte, su renuncia o su destitución, decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”.

Ese apéndice, el Tribunal Supremo de Justicia, que responde al régimen de Maduro, declaró en desacato a la Asamblea Nacional. Son dos poderes contra uno, más allá de su legitimidad. En esa puja entre un régimen ensimismado y una oposición remozada, los respaldos internacionales no tuvieron los mejores padrinos. El primero en reconocer al presidente encargado Guaidó resultó ser Estados Unidos. El Estados Unidos de Donald Trump, imitado por Brasil. El Brasil de Jair Bolsonaro. Ninguno de los dos despierta pasiones ni simpatías fuera de sus círculos íntimos. Algo que, en otros tiempos, con otros presidentes, no hubiera ocurrido.

Luego se sumaron Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile y Argentina con la excepción de México. El México de Andrés Manuel López Obrador, en disidencia con el Grupo de Lima. Otros, como la Unión Europea, instaron a realizar “elecciones libres y creíbles”, pero se abstuvieron de reconocer a Guaidó como presidente encargado. Una cuestión de formas frente a un artículo constitucional, invocado por la oposición, que no contempla el fraude electoral como causa de vacancia ni de precaución frente a alzamientos militares que, en principio, llevarían a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a no convalidar a un gobierno de facto.

Los militares manejan 14 de los 33 ministerios. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestó el 13 de enero, por un rato, a Guaidó, delfín de Leopoldo López. Una torpeza que exhibió las fisuras del régimen, sólo coherente en su victimización frente al “imperio gringo”. La ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no atenúa el impacto de la vuelta a las calles de los venezolanos después de los 125 muertos que dejaron las guarimbas (protestas) entre abril y julio de 2017. Un punto de inflexión tras la investidura de Maduro, el 10 de enero. Un enero distinto para una oposición que espera diciembre. El diciembre del régimen.