Una buena noticia recibió el empresario Cristóbal López, detenido en la causa por evadir el pago de ocho mil millones de pesos a la AFIP en impuestos: un juez votó a favor de un pedido suyo de nulidad para evitar el juicio oral y público.

El voto en cuestión es del magistrado Javier Ríos, integrante del Tribunal Oral Federal 3, donde está radicado el expediente y a la espera del juicio que aún no tiene fecha, quien hizo lugar al planteo para que la investigación vuelva a la etapa de instrucción.

Los abogados de López y su socio, Fabián De Sousa, también detenido desde el año pasado, cuestionaron que al momento de tomarles declaración indagatoria al comienzo de la causa no se incluyeron hechos que luego sí se tuvieron en cuenta en la elevación a juicio, con lo cual entendieron que se afectó el derecho de defensa.

La defensa incluso dijo que tampoco se los indagó a ambos por "el supuesto regreso de fondos evadidos del fisco a favor de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner o de sus hijos, a través de maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades".

El juez Ríos evaluó la acusación que se les leyó durante las indagatorias inicialmente en la causa a cargo del juez Julián Ercolini, y aquella que se especificó en el requerimiento de elevación a juicio.

A López y De Sousa se los acusa de haber evadido a la AFIP el pago de 8 mil millones de pesos por el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por el expendio en sus estaciones de Oil Combustibles, firma de las cuales tenían a su cargo.

Ríos recordó que en la elevación a juicio se acusó a López de "haberse beneficiado en su carácter de responsable de la firma Oil Combustibles" por el no pago de ese impuesto y volcar ese dinero luego en otras empresas suyas del Grupo Indalo.

Pero en las indagatorias iniciales se lo acusó de "haber creado la estructura societaria necesaria a los fines de instrumentar la defraudación, para lo cual constituyó la empresa que sería la responsable de recaudar el Impuesto a la transferencia de Combustibles, y creó un andamiaje societario por medio de la cual con su socio, De Sousa, realizarían desde el lado privado de la maniobra criminal las acciones y omisiones necesarias para su despliegue".

"Como se advierte ninguna mención existe en cuanto a la intencional creación de una estructura societaria para instrumentar la defraudación que se imputa", sostuvo en su voto el magistrado.

En ese sentido, advirtió que el requerimiento de elevación a juicio tiene hechos "por los que no fueron indagados" durante la instrucción y por eso propició en su voto devolver el expediente a primera instancia.

Pero más allá del voto a favor del juez al planteo de la defensa, el mismo no tuvo éxito, ya que el presidente del Tribunal, Fernando Machado Pelloni, y Andrés Basso votaron en contra, por lo que la nulidad fue rechazada.

Ahora solo resta que los magistrados fijen fecha y den inicio a uno de los juicios que podrá marcar la agenda judicial. Sergio Farella