Dice el diccionario que “víctima” quiere decir persona que sufre un daño o perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Del latín, “victus”, vencido. Ha sido vencido por un victimario, es decir, aquel que por acción convierte a otra persona en víctima. Tanto el victimario como la víctima, son sujetos que sufren o ejercen violencia.

El siglo XXI es el siglo de la tecnología. Se supone que todos los organismos del Estado se manejan con computadoras, que los datos sobre las personas se cruzan entre los organismos nacionales y reciben información de los países con los que estamos relacionados.

Pero no siempre es así. Si a esta falta de información, o de lectura de la misma, se le suman jueces salidos de la escuela de Zaffaroni, abolicionistas del Código Penal (no son garantistas, garantistas son los que respetan las garantías constitucionales), el resultado es un trágico sainete rioplatense.

Rioplatense porque el sainete fue un invento de las dos márgenes del Río de La Plata, no porque el Uruguay carezca de sentido común. Ese privilegio es nuestro. Desde los piqueteros que impiden que lleguen al trabajo a los que los mantienen con sus impuestos, -y las calles no se cortan ni en La Habana ni en Miami-, los victimarios tienen más derechos que las víctimas.

Una razonable ley que intentaría terminar con los “barras bravas”, no es votada en el congreso, dispuesto a defender a los delincuentes en contra de los hinchas auténticos. Los victimarios de las canchas de futbol, son amparados por los que dicen representarnos a nosotros, las víctimas. Y la Argentina no puede organizar un partido por la Copa Libertadores.

El proyecto de ley contra los motochorros, es otra ilusión del ejecutivo, que en un año electoral no tiene muchas chances de ser aprobada en el Congreso. Los victimarios se siguen imponiendo a las víctimas y lo hacen desde el poder legislativo y casi siempre desde el poder judicial. El ejecutivo no tiene la fuerza suficiente como para imponerse.

Hablando de motochorros, hechos. La semana pasada la policía detuvo a un uruguayo, Antonio José Franco, en Boedo, con varios celulares robados. Franco tenía 3 condenas previas y orden de expulsión del país. La jueza, a cargo del juzgado Nª 62, Patricia Guichandut, lo liberó en menos de 24hs. Ha sido nuevamente detenido robando, a razón de 9 a 10 celulares por día.

La misma jueza liberó hace poco a un colombiano, Jair Jurado Mora, que entró al país sin problemas a pesar de estar condenado en el suyo por hurto, tráfico de armas y violencia familiar. Este individuo a bordo de su moto, le arrebató el celular a una chica que cruzaba la Av.+ La Plata, en Caballito. Detenido in fraganti. En menos de 48hs, la jueza lo multó con $ 700 (¡era todo lo que tenía!), una probation y: “Pórtate bien”.

Quizás la jueza pueda alegar que las leyes no le permiten dejarlos detenidos. Puede ser, todo es posible en el país del absurdo desde hace tantísimos años. Pero señora jueza, existe algo llamado sentido común, sin el cual alguien con la responsabilidad de impartir justicia, no puede ejercer un cargo tan importante para con la sociedad.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su sitio, las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios. Eso de poner sobre los hombros de la sociedad que trabaja, paga impuestos, mantiene a los poderes del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la culpa de haber convertido en delincuente al delincuente, debe terminar.

El delincuente que infringe la ley, debe ser castigado. Es el victimario, el malo del cuento, el lobo de Caperucita, y no es cuestión de empezar acusando a Caperucita de haber entrado al bosque, de ir a visitar a la abuelita…Este disparate es lo que está sucediendo en Argentina. El Consejo de la Magistratura debería revisar los fallos de todos los jueces.

Los ciudadanos debemos saber a quienes votamos para representarnos en el Congreso. Personas con valores que no tengan precio. Personas dispuestas a castigar a asesinos y ladrones, no a fabricar leyes que los beneficien, mientras los ciudadanos son víctimas de los malhechores.

Los delincuentes libres, a sus anchas, los ciudadanos encerrados en sus casas, enrejados, con cámaras, claves de advertencia, custodios privados (también mantienen a las Fuerzas de Seguridad), aterrorizados, sin saber al salir de sus casas, si volverán o no, o si lo harán sus hijos.

Ya basta, todo tiene un límite. Es tiempo de evitar que haya víctimas y de encarcelar y/o deportar a los victimarios.