Los números no pueden ser más contundentes. Después de tres años de Presidencia y a pesar de aumentos de tarifas de servicios públicos que le valieron la antipatía de gran parte de su electorado y podrían costarle la reelección, Mauricio Macri observa cómo la factura de subsidios que el Estado nacional otorga a diferentes sectores económicos crece tanto en términos absolutos como relativos, al punto de seguir representando uno de los principales focos del déficit fiscal.

La devaluación y el desborde inflacionario desatado en el segundo trimestre de 2018 echó por tierra todas las previsiones -incluso las más pesimistas- en materia de gastos por subsidios. En un septiembre de 2017 que parece más lejano que lo que indica la cronología, el Gobierno presentó un proyecto de ley de Presupuesto para el año siguiente en el que se ratificaba la tendencia declinante de esas erogaciones.

Por entonces (hace eternos 17 meses) el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, proyectaba para 2018 un gasto en subsidios de $ 224.000 millones, un 24,7% menos de los recursos que finalmente se destinaron en el mismo sentido en 2017.

Todo marchaba según lo convenido. Los aumentos tarifarios habían sido elevadísimos e impopulares, pero en el fuero íntimo -más allá de las declaraciones pour la galerie- los funcionarios sabían que se trataba de un mal trago necesario para matar dos pájaros de un tiro: por un lado, el déficit fiscal, por el otro, el desbarajuste en los servicios públicos, en los que las tarifas no cubrían ni la décima parte de los costos allá por 2015.

La progresión daba cuenta de una baja significativa: en 2015 se habían destinado $ 248.802,1 millones para el pago de subsidios, un monto que representó más del doble del déficit primario de ese año y casi la totalidad del financiero. Ese fue el punto de partida de la administración Macri, que desde un comienzo encaró el problema de una manera por lo menos cuestionable: el temor a la conformación de un superministerio diseminó la toma de decisiones entre varios funcionarios.

Así, Guillermo Dietrich pasó a ser el responsable de los subsidios a trenes, colectivos y transporte aéreo, Juan José Aranguren de los de electricidad y gas, Rogelio Frigerio de los de AySA, Oscar Aguad de los del Correo, Ricardo Buryaile de los del agro, Francisco Cabrera de los de la industria y Hernán Lombardi de los de los medios públicos. Ninguno pasaba de manera directa por las manos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, precisamente el encargado de financiarlos.

De todos modos, los resultados se obtuvieron en una forma relativamente rápida, aún debiendo sobrellevar un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia y las protestas de usuarios, a las que a veces se sumaban dirigentes de los partidos aliados al PRO en la coalición oficialista. En 2016, el gasto en subsidios había pegado un salto a $ 335.311,9 millones, un 34,8% más que en 2015. En términos reales el aumento nominal había sido inferior a la inflación y a la suba inicial de la cotización del dólar oficial. Y en cuanto a la proporción respecto del resultado fiscal, la mejora fue importante: se pasó del 218% al 181% del déficit primario y del 95% al 70% del financiero.

Pero los frutos del “trabajo sucio” se cosecharon en 2017. Fue el primer año desde que se implantaron los subsidios después de la salida de la Convertibilidad en el que hubo una disminución nominal. Con $ 252.358 millones, la reducción fue del 24,7%. Si se considera la inflación del período, en términos reales la disminución fue del 40,6%.

Y lo más importante para el Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Nicolás Dujovne. El peso de los subsidios en el resultado fiscal se había derrumbado. Pasó a representar el 40% del déficit financiero y el 62% del primario, la tercera parte del año anterior y casi cuatro veces menos que al momento de la asunción de Macri.

Las perspectivas para 2018 desbordaban de optimismo. Los $ 224.000 millones proyectados, en una economía que iba a crecer el 3,5%, reducirían los subsidios a menos de la mitad del déficit primario y quizás a la cuarta parte del financiero, dejándole a Cambiemos una plataforma inmejorable para la campaña electoral de 2019.

La batalla contra los subsidios estaba ganada después de dos años de lucha. Solo faltaba el golpe de gracia, que se aplicaría de manera paulatina, a medida que el crecimiento económico y la mayor generación de energía achicará ese gasto a su mínima expresión. Y con ese optimismo arrancó 2018, al punto que en el primer trimestre el descenso interanual de los subsidios fue del 39%.

Las paritarias para los gremios del transporte del orden del 15% ponían en caja las transferencias para la atención de los gastos salariales. El despegue de Vaca Muerta hacía presagiar un invierno sin demasiados gastos para compensar el precio del gas importado a través de ENARSA. AySA y Aerolíneas Argentinas ya no eran un problema. Todo se circunscribía a algunos ajustes tarifarios adicionales en Transporte y Energía.

La devaluación entre abril y septiembre y el rebrote inflacionario que trajo como consecuencia alteraron todas las previsiones. En 2018, los subsidios al gas importado se cuadruplicaron. Las paritarias tuvieron que renegociarse y los costos de los servicios -en su mayoría dolarizados- acompañaron el alza de la moneda estadounidense.

Los $ 224.000 millones se transformaron en $ 315.263 millones, un 24,9% más que lo gastado en 2017 y un 40,7% por arriba de la previsión presupuestaria.

El consuelo de presentarlo como una caída en términos reales ante una inflación del 47,6% sirve de poco. La tendencia decreciente en relación con el resultado fiscal se quebró. De un año a otro, la factura de los subsidios pasó del 40% al 43% del déficit financiero y del 62% a nada menos el 93% del primario.

En un año signado por el compromiso de equilibrio fiscal primario pactado con el Fondo Monetario Internacional, los subsidios vuelven a estar en el ojo de la tormenta. El traspaso de parte de su financiamiento a las provincias y la ciudad de Buenos Aires no será suficiente si se tiene en cuenta que el Estado nacional proyecta destinar $ 305.000 millones.

En los despachos oficiales cruzan los dedos no solo para que el dólar no se dispare sino para que el invierno sea los más benigno posible. Esas dos variables (una más exógena que la otra) más el incremento de la producción de Vaca Muerta, podrían volver a torcer el rumbo y permitir al Gobierno retomar la tendencia descendente en el gasto de los subsidios.

Como se puede apreciar, una estrategia prendida con alfileres. Si en los tiempos del “granero del mundo” algunos decían que el mejor ministro era una buena lluvia, las cosas no han cambiado demasiado en cuanto a la dependencia de las cuestiones meteorológicas. Modestas pretensiones en el inicio del cuarto año de gestión de un gobierno que descontaba que a esta altura el problema de los subsidios estaría solucionado en su mayor parte.