La flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste en llevar adelante la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años con el propósito de enfrentar el fenómeno de la criminalidad entre los jóvenes.

En ese sentido, Bullrich, en la provincia de Neuquén, aseveró que a partir de los 15 años quien cometa un delito grave “va a tener consecuencias graves”.

En el mismo sentido, destacó algo en particular: “Estamos mandando una Ley al congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes. La norma tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia, sea estudiar o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”.

Un dato no menor es que lo hizo durante una cena en la que patrocinó al precandidato a gobernador de la provincia de Neuquén Horacio Quiroga.

Es dable destacar que los delitos cometidos por menores de edad no superan el 5%, si bien ello no debe dejarse de lado, podría decirse que no es una medida eficiente para que “haya menos delincuentes”, tal cual dice la titular de la cartera de seguridad.

No obstante lo antedicho, pese a los anuncios del Gobierno, la iniciativa que patrocinan desde el Ejecutivo resulta ser superflua, siendo que no genera ningún cambio más que una norma de rápida actuación frente a cuestiones un poco más profundas de lo que se muestran.

En ese contexto, los países que han aprobado esta clase de proyectos, con incluso mayor dureza, lograron resultados totalmente contrarios, véase el caso de Venezuela, donde un chico de 12 años puede ser imputado, de igual manera pasa la cuestión en Trinidad y Tobago, donde la edad para que un chico sea imputado disminuye considerablemente, tan solo a 7 años. Dicho ello, sendos países se destacan por el crecimiento desmedido y descontrolado de la delincuencia.

Según le ha mencionado el fiscal de instrucción nº 6 de La Plata, Marcelo Carlos Romero, a Tribuna de Periodistas, “lo que hay que tener en cuenta para declarar imputable o no a una persona, es la comprensión de la criminalidad del acto. Es decir, si la persona tiene la edad madurativa suficiente para comprender si lo que está haciendo es o no un crimen. ¿Hay que poner un límite de edad? Si, por supuesto, pero tiene que haber una prueba en contrario, que es un peritaje psiquiátrico por peritos del Poder Judicial, peritos oficiales. Es decir, no es lo mismo, o no era lo mismo un chico o una chica de 16 años en 1921 cuando se sancionó el Código Penal, que un chico o una chica de 16 años hoy con una información y un avance madurativo por la estimulación que tienen de tan chicos”.

Sin embargo, al ser consultado por quien escribe estas líneas respecto de si esta medida evitaría que se siga delinquiendo, el funcionario respondió que “el Código Penal no hace prevención, el Código Penal trabaja con el delito cometido. La prevención ya no es del Poder Judicial ni del Código Penal, sino del Ejecutivo. Coincido con usted en que hay que elevar y profundizar la educación, la contención, la integración; todos temas sociales más que del sistema penal, el sistema penal no hace prevención, lo único que hace prevención en el sistema penal es la Policía, cuando antes de que se cometa un delito trata de evitarlo. O si existiese, porque acá no existe, la inteligencia criminal. Acá la inteligencia es espionaje de peluquería pero si hubiese un sistema de inteligencia criminal que se adelanta al accionar criminal, eso sería prevención”.

Además agregó otros factores que de generarse un cambio serian promisorios en materia de seguridad: “La prevención sí tendría que existir, como un sistema de contención que hoy no existe, previo, al no ser la máxima contención como era en otras épocas por equis motivo. La familia calculá que acá no existe, la familia está desintegrada, la escuela y la iglesia de cualquier credo, el club de barrio, todo eso no existe más ya, o existe pero en algunos lugares, el resto ya no son ámbitos de contención del niño, de la niña o del jovencito”.

Mencionó incluso problemáticas más importantes de combatir a la hora de luchar contra la delincuencia: “Hay cada vez más chicos violentos, muy violentos, con mucho consumo de estupefacientes, y muchas veces también utilizados por mayores. Es decir, ya no es un delito autónomo, sino que detrás del nene o de la nena hay un adulto que se está digitando para generar la impunidad. Son dos cosas diferentes, la prevención coincidimos plenamente, lo que pasa es que tal vez, en épocas electorales se vende como que la discusión sobre la imputabilidad va a incidir sobre la seguridad o la inseguridad y no es así”.

También se le inquirió respecto de si se trataba de una medida meramente proselitista, a lo que respondió: “No, lo proselitista sería decir que la discusión sobre la imputabilidad va a incidir sobre la seguridad”.

El problema es que la ministra así lo dijo, textual: “El objetivo es que haya menos delincuentes”, por tanto, se puede comprender que efectivamente es una medida que va en busca de beneficios electorales.

Por último, Romero quiso hacer una síntesis del problema detrás del proyecto: “No alcanza con simplemente modificar la ley de menores en general, porque después qué hacemos con el chico, a dónde lo mandamos, a qué establecimiento, qué tipo de reeducación le vamos a dar, qué tipo de tratamiento, no puede ir a Olmos, a una cárcel de adultos, tiene que ir a un establecimiento especial, con personal especializado y con políticas de reinserción también especializadas. No es solamente cambiar una norma”.

Lo mencionado por el fiscal Romero brindó una mirada interesante, elocuente y útil a la hora de entender el impacto jurídico y social de la medida que tanto patrocina el Gobierno, pero ¿Cuál sería el lado psicológico del que habla el funcionario judicial?

Para entender esta parte, Tribuna de Periodistas se contactó con Mel Gregorini, quien fuera psicólogo forense y profesor titular de psicología médica y salud mental.

Al ser consultado sobre la efectividad de la medida en el ámbito social y las repercusiones políticas, aseguró que “es una medida muy política y politizada, mirá, nunca se puede juzgar a un menor como un adulto, es totalmente paradojal” agregando que lo que sí se puede realizar es el “cumplimiento efectivo de algún régimen pero siempre de ciclo educativo, nunca de castigo, porque de por sí es contra natura que un menor sea castigado como un adulto cuando en realidad no es un adulto”.

Incluso, coincidió con el fiscal Romero al mencionar que “obviamente se utiliza esta medida para lograr la mayor cantidad de votos posibles, pero nadie está hablando de los problemas de fondo, que son temas como la alimentación, la educación, los regímenes de deporte inclusivos y toda esta historia que la verdad se desatiende cada vez más y estos jóvenes quedan a la deriva”.

TDP consultó sobre este tópico a funcionarios de la cartera de Seguridad de la Nación, incluyendo a su líder Patricia Bullrich, pero nadie se animó a responder a este respecto.

Vale destacar que Según el artículo 1 de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27275), se debe “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

Conclusión

Es una obviedad, el trasfondo de la baja de la edad de imputabilidad resulta ser el proselitismo, con la mira puesta en las elecciones presidenciales y en una eventual reelección.

Mientras tanto, los problemas de fondo continúan, los delitos no solo se agravan sino que además crecen en cantidad, el único perjudicado es el ciudadano argentino, y para colmo, ¿La respuesta del Gobierno? Bien, gracias, es preferible faltarle el respeto a la Ley que quedar mal parados.