El 30 de mayo pasado fuimos recibidos por directivos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quienes sin decirlo confirmaron la desaparición definitiva a partir de enero de 2020 de todos los centros de rehabilitación de adictos como así lo marca la reglamentación de la Ley de Salud Mental.

La reunión se mantuvo en la oficina del piso 12 oficina 1206 del Ministerio a las 12 en punto. Por un lado, estuvieron Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgo, y Luciano Grasso, director Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Por el otro, el autor de esta nota y Lisandro Juri del Centro Terapéutico Amanecer.

Lo primero que dijo Kaler fue que estaban trabajando en el tema de los centros de rehabilitación, a lo que respondí que podían avisar a los medios de comunicación que los centros de rehabilitación no se cerrarían.

Kaler indicó lacónicamente: “En esta mesa nadie ha dicho eso, no ponga en nuestra boca cosas que no hemos dicho”, confirmando así el cierre definitivo de las casas de tratamiento para drogadependientes.

Mas tarde en off, otros funcionarios, que observaba las alternativas de la reunión confirmaron a los visitantes que efectivamente los centros de rehabilitación deberán cerrar en forma definitiva o cambiar su denominación a Centros de tránsito bajo la modalidad de Reducción de Daño.

Recordamos que reducción de daño es una metodología que pretende enseñar a los adictos cómo consumir drogas con menos daño, sistema que se viene utilizando en la Ciudad de Rosario y que ha convertido a esa localidad en la pequeña Sinaloa Argentina.

El brazo ejecutor y por ende el verdugo, será Luciano Grasso, convencido que los espacios de rehabilitación son campos de concentración que coartan la libertad de las personas y le quitan el derecho a drogarse que tienen, basándose en la libertad individual que los precede.

Ni el verdugo, ni Kaler se animaron a ahondar en el tema de las internaciones compulsivas del adictos en crisis, solo se escudaron en la ley de Salud Mental diciendo aduciendo que tiene un mecanismo de internación. Lo que no quieren explicar es que ese mecanismo puede llevar al hospital al afectado donde se lo medica y se lo devuelve al hogar con el agravante que el enfermo enajenado tiene un nuevo motivo para agredir al grupo familiar que ha llamado a la policía y a un médico psiquiatra en busca de ayuda.

La ley de Salud Mental entiende la internación compulsiva como secuestro y procesa como secuestrador al médico tratante quitándole el título habilitante, siendo ésta construcción jurídica la que obliga al médico psiquiatra cuando es consultado por la familia del adicto a decir “no existe criterio médico para ordenar la internación”, dejando así sin cobertura alguna a personas con estados paranoicos y brotes psicóticos o esquizofrénicos.

Tras la actitud de las autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que no dialoga, sino que pretende monologar, que no busca el consenso sino que ejecuta políticas que condena a la cárcel o a la muerte al adicto como sucedió con el caso Pity Álvarez y otros, no nos dejan otro camino que convocar a las madres de adictos de todo el país a no votar a Cambiemos en las próximas elecciones.