El primer ministro británico, Boris Johnson, se salió con la suya. Obtuvo la venia de la reina Isabel II para clausurar las sesiones del año parlamentario en la segunda semana de septiembre y estrenar el siguiente apenas dos semanas antes del Brexit. El 31 de octubre, la fecha clave, coincide con Halloween. En la Noche de Brujas, según la creencia celta, los espíritus salen de los cementerios para resucitar en los cuerpos en vida. No habrá esta vez truco o trato (traducción mañosa de trick or treat), sino truco. El truco consiste en recortar el tiempo del debate en Westminster para evitar una salida caótica de la Unión Europea.

La prórroga, término oficial de la suspensión de las sesiones parlamentarias, debe ser aconsejada por el primer ministro y aprobada por la reina. La reapertura, en la Cámara de los Comunes, está signada por el Discurso de la Reina, íntegramente redactado por el gobierno de turno cual plan de acción. Johnson aprovechó esa veta legal, como su antecesora, Theresa May, en 2017, para crear aquello que la oposición denuncia como una “crisis constitucional” en un país que se rige por una constitución no escrita. Las leyes permiten cierta flexibilidad, pero pueden tornarse desventajosas en situaciones excepcionales.

La audaz maniobra de Johnson dejó de piedra a la oposición, sorprendida por su falta de vocación democrática al rehuir al debate de la decisión adoptada en el referéndum de 2016. El divorcio, varias veces postergado, tiene fecha y hora. La imprevista estrategia de choque, más allá del efecto bumerán reflejado en la unión de los críticos de Johnson al margen de sus colores partidarios, no se sale de los canales institucionales. Se trata de un procedimiento estándar en el Reino Unido, aunque nunca haya sido tan extenso. Solía ser de tres semanas, no de cinco.

En ese lapso, el gobierno continúa en funciones y los legisladores concurren a sus despachos, pero no sesionan. La artimaña nació en 1626, cuando el rey Carlos I disolvió el Parlamento. Supone un debilitamiento de la oposición. En la historia hubo varias prórrogas controvertidas. La de 1948, cuando el gobierno laborista de Clement Attlee alentaba la nacionalización del acero y del hierro, y la de 1997, cuando el del conservador John Major sorteó la acusación contra dos legisladores de su partido de haber recibido sobornos a cambio de hacer preguntas en los Comunes. El actual período de sesiones es el más largo desde la guerra civil inglesa, entre 1642 y 1651.

La ex primera ministra May tiró la toalla después de tres intentos fallidos de convencer a los suyos de los acuerdos alcanzadas en Bruselas. Los acuerdos distaban de las promesas engañosas del antecesor de May, David Cameron, y derivaron en el ascenso de Johnson. Un demagogo de manual que gobierna por un pacto partidario, no por haber sido elegido en las urnas, y sin mayoría parlamentaria. El empeño en el Brexit por las buenas o por las malas, al cual contribuyó con su euroescepticismo el líder laborista, Jeremy Corbyn, derrapó en una curva autocrática que socava el control parlamentario y diluye el peso de la monarquía.

Raro en el Reino Unido. Tan raro, quizá, como el millón de firmas de ciudadanos con la petición de "defender la democracia". Una de las democracias más prestigiosas del mundo que irradia, ahora, un ejemplo para los mandatarios inescrupulosos que vulneran la división de poderes para lograr sus fines. Durante la prórroga, los parlamentarios británicos no podrán intervenir en las negociaciones de Johnson con la Unión Europea en las vísperas de una celebración tan arraigada en la cultura anglosajona como Halloween. Más inquietante que otras veces la de este 2019, tal vez el año bisagra de la historia británica y europea.