La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, deploró que “la mayor parte de la información facilitada” por el matrimonio presidencial Ortega-Murillo sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, “carece de la precisión suficiente para un análisis adecuado”, a resultas de la represión desatada desde abril de 2018, que constituiría “crímenes de lesa humanidad, tales como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y persecución”, dice su informe publicado en Ginebra.

Las protestas contra el gobierno sandinista por la reforma de las jubilaciones iniciadas en junio-julio de 2018 causaron 300 muertes y 2000 heridos, “provocando la huida de Nicaragua de más de 80.000 personas”, enumeró la Alta Comisionada, corolario del “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención”. Pero Ortega-Murillo justificaron la represión como “una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido”, excluyendo “toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, consignó Bachelet.

Las “manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y barricadas fueron desmanteladas con violencia”, entre otros por “elementos armados progubernamentales en ataques contra los manifestantes y en detenciones llevadas a cabo con el consentimiento de las autoridades del Estado, principalmente de las fuerzas de orden público, y a menudo de manera conjunta y coordinada con estas”, subrayó el informe de ONU.

Con ello, la legislación represiva aprobada por la Asamblea Nacional, “dominada por el partido en el poder”, contraviene “los estándares y normas internacionales en materia de derechos humanos”, toda vez que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), “institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período”, y pretendió no disponer de “prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad”, sostuvo Bachelet.

Sin embargo, estas elucubraciones gubernamentales fueron desmentidas por las 187 entrevistas presenciales o a distancia a “víctimas y testigos” de los hechos; hombres, mujeres, refugiados, migrantes, abogados, periodistas y profesionales de la salud, sumadas al chequeo de videos, fotos, “documentos de fuentes abiertas” y las propias respuestas del gobierno a los 37 cuestionarios enviados a su Ministerio de Relaciones Exteriores, por los funcionarios de la Alta Comisionada.

Hasta junio pasado, se liberaron 492 detenidos durante las movilizaciones (452 hombres y 40 mujeres), aunque en lo mollar, “las negociaciones” están “paradas”, pese al aliento por reanudarlas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Santa Sede, sin olvidar que “el equipo de oficiales” de Bachelet desplegado en el país en junio de 2018 aceptado por el gobierno, fue “cancelado” el 30 de agosto de 2018.

Las “promesas y compromisos voluntarios” de permitir “visitas” de Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU, formulado por Nicaragua en 2006, son letra muerta, razón por la cual Bachelet, recomienda al gobierno cursar “invitaciones abierta” a los expertos independientes de Naciones Unidas para que vayan en misión a constatar la situación en Nicaragua.

Las violaciones de numerosos principios fundamentales de la jurisprudencia del derecho internacional vigente en Naciones Unidas, se están volviendo sistemáticas en Venezuela. Así se observa en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en los derechos de reunión pacífica, a la libertad de personal, de expresión y de asociación. Todos ellos cuestionan la represión selectiva de las voces disidentes, a no ser sometido a tortura y por el respeto a condiciones humanas de detención y a un juicio justo, y que las víctimas puedan interponer recursos y obtener reparación. La Alta Comisionada recomendó a Nicaragua cesar estas violaciones y reanudar la cooperación con la ONU; y por deprisa, reafirmar la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, celebrando “elecciones justas y transparentes”.

Michelle Bachelet espera que Nicaragua “condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y toda persona crítica con el gobierno”, que restaure “la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes y equipos incautados”.

La Alta Comisionada aguarda que Nicaragua “establezca un plan de acción amplio alcance orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y que contemple la creación de una Unidad Especial dentro del Ministerio Público” para la “investigación y enjuiciamiento penal rápido” de los abusos perpetrados desde el 18 de junio de 2018 en adelante, y que opere una “reforma del sector judicial, incluida la renovación de cargos”, en particular los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y las Directrices sobre la Función de los Fiscales”.

Michelle Bachelet alentó al gobierno Ortega-Murillo a que libere “a todas las personas” detenidas por “protestar o por manifestar opiniones críticas”; preconizó el “desarme” y la desarticulación de los “elementos armados progubernamentales”, y a prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos en custodia, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento”. Exhortó a que Nicaragua se atenga a modificar “la legislación penal” para que “toda privación de libertad sea ordenada por una autoridad judicial, que la detención preventiva se imponga” si es “necesaria y proporcionada” y que las “órdenes de arresto, incautación y registro sean emitidas por una autoridad judicial antes de su ejecución”.