Por 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aumentó la presión para que Nicaragua rinda cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos, que se han venido denunciando desde 2018 en adelante, y se democratice, recomendándole reiniciar los diálogos con la ONU y la OEA. El diplomático nicaragüense presente en la sala, no utilizó el derecho a replica. La sesión del Consejo finaliza hoy martes.

Menos Venezuela, que se opuso, los otros 7 países de América Latina y el Caribe que integran este Consejo, se sumaron a la propuesta, y coincidieron en una solución democrática a través de elecciones libres; a saber, por orden alfabético: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Mexico, Perú y Uruguay. Se trata de un órgano que en total reúne 47 Estados que se van rotando anualmente, según una repartición proporcional entre las 5 regiones en que mundialmente se divide la ONU. Todos son elegidos por el voto secreto de la Asamblea General en Nueva York, el parlamento de Naciones Unidas.

El texto votado, al que además opusieron Somalía, Filipinas y Eritrea, resume las exacciones que se le reprochan al gobierno de Daniel Ortega, quien ha cesado las relaciones con la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, negando autorizaciones para las visitas de los expertos en derechos humanos tanto de la ONU, como así también los de la Organización de Estados Americanos (OEA), que han venido ofreciendo, de momento en vano, asistencia técnica y cooperación para restablecer las libertades públicas y derechos individuales.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicita al gobierno de Nicaragua “que impida, evite, condene públicamente, investigue y sancione todo acto de intimidación o represalia, incluidos los actos cometidos contra quienes cooperan o intentan cooperar” con la ONU y la OEA; que “vele por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes”; e insta a que el gobierno “aplique plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en marzo de 2019”.

A tales efectos, la ONU exhorta a su vez al Presidente Daniel Ortega, “y a las instituciones electorales pertinentes a que emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.

El Consejo solicitó a Michelle Bachelet a efectuar un seguimiento de la situación en Nicaragua, y notificarle mediante “un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe” en la primera sesión del Consejo en marzo de 2021, pero entre tanto le pidió adelantos orales en julio y septiembre de 2020.