La Cámara de Diputados aprobó este jueves por amplia mayoría, y envió de inmediato al Senado, el proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.

El proyecto, aprobado por 222 votos en general y una abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera sesión que realiza la cámara baja después de las PASO y luego de 3 meses sin sesionar.

La sesión se extendió por sólo tres horas y se desarrolló sin sobresaltos y con discursos medidos, mientras en las afueras del Congreso los grupos piqueteros se manifestaron para seguir de cerca la discusión del proyecto.

Al abrir la sesión especial, que se inició a las 12.14, con la presencia de 135 diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aclaró que se acordó con los titulares de los diferentes bloques parlamentarios que el plenario sea "lo más breve posible dada la sensibilidad del tema" y anunció que hablaría "sólo un diputado por bloque, 5 minutos".

El primer orador fue el diputado nacional de Red por Argentina, el ex viceministro de Desarrollo Social del kirchnerismo Daniel Arroyo, quien sostuvo que el proyecto "puede ayudar a ponerle un piso a la caída social" y afirmó que "es evidente que hay emergencia, hay un problema de hambre, mal nutrición y más gente en los comedores: está claro que no es lo mismo comer que no comer. Nadie tiene que encender la mecha".

Desde Cambiemos, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Héctor "Toty" Flores, fundamentó el respaldo del oficialismo y dijo que si bien "no coincidimos con la magnitud de la situación que estamos viviendo, hemos decidido acompañar el proyecto porque es necesario para la gente que está sufriendo".

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.

¿De qué trata el proyecto?

En la iniciativa se establece que deberá otorgar "como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Además faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.

También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.

A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación.

También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.