Ayer se pudieron ver claramente las dos miradas. Por un lado Cristina, la enemiga más poderosa del periodismo, en Calafate, fustigó a los medios que, según ella, blindaron al gobierno de Macri y mostraron una realidad que no es.

Por el otro lado, la gobernadora María Eugenia Vidal fue contundente en la defensa de la libertad.

Dijo textualmente: “Me preocupa seriamente cualquier acción desde cualquier poder del estado que ponga en duda la libertad de expresión. No veo desde qué lugar la comisión provincial de la memoria puede evaluar el accionar de un periodista. Cualquier cosa que se parezca a una Conadep del periodismo es algo ante lo que no podemos ser indiferentes porque tiene que ver con nuestra libertad de poder decir lo que creamos”.

El doctor Alejandro Fargosi dijo que “no entendía como todos los periodistas al unísono no reaccionaban ante uno de los disparates conceptual jurídicos más graves desde 1852”. Acá estamos, tratando de remediar ese problema y de estar a la altura de las circunstancias.

“La Conadep del periodismo ya está operando” es un título y es rigurosamente cierto. Muchos subestimaron al cómico Dady Brieva cuando lo planteó con toda contundencia. Pedía sanciones. Exigió que los periodistas no se la lleven de arriba por engañar a la gente que, por sus mentiras, votó a Macri.

Después Mempo Giardinelli, otro amante de Cuba y de Capitanich, salió a bancarlo. Gisella Marziotta lo dijo y un par de horas después se arrepintió. Pero lo cierto es que la Conadep del periodismo ya está funcionando en la persecución de los periodistas que investigaron e investigan la corrupción del gobierno de los Kirchner y de todos los gobiernos.

La Comisión Provincial de la Memoria, presidida por el kirchnerista Adolfo Pérez Esquivel y a pedido del juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, produjo un dictamen de 200 páginas donde han cometido la torpeza de atacar a la libertad de prensa en la Argentina.

En su insólito texto acusan a varios periodistas de hacer espionaje con sus notas. Aunque usted no lo crea, este escandaloso dictamen culpabiliza a los colegas Jorge Lanata, Daniel Santoro, Nicolás Wiñazki, Luis Majul, Rodrigo Alegre, Rolando Graña, Gustavo Grabia y a Guillermo Laborda, de articular notas con el trucho de toda truchez, Marcelo D’Alessio, un personaje nefasto e impresentable que hablaba con periodistas y que fingía ser de los servicios secretos o de la DEA, como tantas fuentes, algunas excelentes y otras flojas de papeles, que hablan con los periodistas.

Separar la paja del trigo y dilucidar que es mentira y que es verdad es parte de nuestro trabajo. El motor que nos mueve es la búsqueda de la verdad y la intención de ser la piedra en el zapato del poder, de ser fiscal del poder y el abogado del hombre común.

El cristinato no repara en gastos ni en movidas absurdas a la hora de buscar impunidad para Cristina, Máximo y todos los integrantes del cártel de los Pingüinos.

La Comisión Provincial de la Memoria tiene como presidente a Pérez Esquivel, un defensor de Nicolás Maduro que fue una de las figuras principales del acto contra el hambre que organizó Alberto Fernández junto a sectores de la iglesia comandados por Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, autor intelectual y material de la operación puf y amigo íntimo del Papa Francisco.

En este tema la coincidencia del Papa y Cristina es absoluta. Ambos fogonearon esa idea falsa del Lawfare, de creer que los medios de comunicación son parte de un poder corporativo que miente y está en contra del pueblo. Eso lo piensan tanto Cristina como el Papa y Donald Trump o Nicolás Maduro. Todos populistas que le temen al periodismo que investiga.

Todos populistas que fomentan la censura y la autocensura y que tienen como enemigo a los medios de comunicación. Además de Pérez Esquivel integran esa comisión la candidata a senadora de Cristina en Capital, Dora Barrancos y Víctor Mendibil, un hombre del sindicalismo estatal que quiere volver a la CGT para lograr la unidad que pidió Alberto.

Otros integrantes son el ex juez español Baltazar Garzón que fue asesor de Cristina y ganaba una fortuna por mes y Susana Méndez de gran actuación en el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), otrora valioso organismo de defensa de los derechos humanos y hoy convertido en la Unidad Básica “Horacio Verbitsky”. Como puede verse, de imparcialidad ni hablemos.

Pero vamos a lo más profundo. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel Sabsay, Pablo Sirven y Graciela Fernández Meijide. Ellos fueron a fondo, al corazón de este vergonzoso ataque al periodismo independiente, al que no se arrodilla ni ante Cristina ni ante Macri ni ante el poder económico.

Sabsay, el más brillante constitucionalista de la actualidad, recientemente reelegido por unanimidad presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, fue valiente y contundente: “La Comisión de la Memoria se ha convertido en un aparato para judicial dedicado a perseguir a los periodistas, interpretando su supuesta intención psicológica. Es un tribunal inquisidor”.

Nuestro colega Sirvén tuiteó que “los que se negaron a integrar la verdadera Conadep (habla del Partido Justicialista y de Pérez Esquivel) ahora preparan la Conadep del periodismo”.

Fernández Meijide que integró aquella Conadep y siempre defendió los derechos humanos tiene autoridad moral para decir lo que dijo: “Es inaceptable que esta comisión investigue a periodistas. Un hecho inédito, un cachivache que planea como una amenaza sobre la libertad de los periodistas.

Es una persecución y una locura. Se persigue un mecanismo de trabajo lícito y honesto. Es un disparate porque opinan en base al prejuicio ideológico”. Y por televisión agregó que “Pérez Esquivel es cómplice de un juez que está persiguiendo”. Es cierto. Esto no tiene antecedentes en democracia, tal como lo dijo ADEPA. Son avances autoritarios dignos de las dictaduras.

De hecho la última vez que ocurrió algo parecido fue cuando el “führer” criollo, el general y terrorista de estado Ramón Camps ordenó una auditoría de contenidos permanente del diario “La Opinión” de Jacobo Timerman al que torturó durante su secuestro.

Lectores con neuronas uniformadas de verde oliva repasaban todas las ediciones del diario para encontrar “el verdadero trasfondo de las notas” apoyados en un concepto nefasto llamado “operaciones de acción psicológica” que según cuenta en su libro el profesor Fernando Ruiz, eran subproductos de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría.

La diputada Graciela Ocaña dijo que se quiere “criminalizar la opinión y la información” y Julio Bárbaro definió la Conadep del periodismo como “una idea que mezcla imbecilidad y demencia”.

El prestigioso colega Gustavo Sierra, veterano de la cobertura de muchas guerras, le preguntó al juez Ramos Padilla porque eligió a un organismo tan parcial y militante y no le pidió opinión a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Silvana Giúdice, como ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados solicitó precisamente la intervención de la Relatoría de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como había sugerido Sierra.

Giúdice sostiene que esta decisión de la comisión de Pérez Esquivel “pone en riesgo las garantías de resguardo de las fuentes periodísticas como marca el artículo 43 de la Constitución Nacional. Se trata de un peligroso e inconcebible mecanismo utilizado por las dictaduras”.

Daniel Santoro uno de los principales blancos de este ataque feroz y que ya fue procesado por el juez K, sin que lo pidiera el fiscal, dijo que esa comisión “es el brazo ejecutor de Justicia Legítima”.

Ricardo Roa recordó que Ramos Padilla, con la cara de piedra, le preguntó al editor de Santoro si “era usual que el Grupo Clarín enviara a sus periodistas a reunirse con espías o agentes de la DEA”. Y de paso les abrió la puerta a 18 querellantes entre los que están figuras tan éticas y transparentes como Julio de Vido y Roberto Baratta. Porque ese es el principal objetivo: liberar a los ladrones de estado.

Uno de pilares de la democracia republicana es la existencia de un periodismo libre que informe, investigue y opine sin presiones, censuras ni autocensuras. Es una obligación de los periodistas. Pero es derecho que tienen los ciudadanos a ser informados. Sin periodismo no hay democracia. Por eso hay que encender todas las luces de alerta.

Porque los autoritarios ya pusieron en marcha la Conadep que persigue al Periodismo. Y eso es grave. Pero lo más grave es que Alberto Fernández respaldó al juez y que esto no es el final de nada. Esto es el comienzo de todo. Esto recién empieza.