Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Hace pocos días, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero hizo público el nombre de su prócer preferido: Juan Manuel de Rosas. El caudillo de Buenos Aires, federal de la boca para afuera y unitario en su proceder, característica compartida con los “próceres” nacionalpopulistas Néstor y Cristina, gobernó con la cesión, a su favor, de facultades extraordinarias.
En efecto, el “Restaurador” exigió que se le otorgara la suma del poder público, que le fue concedida, para luego ejercer una de las peores tiranías que padeció nuestro país.
En este contexto, un peligroso artículo del proyecto enviado por el gobierno al Congreso, titulado “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” faculta al Poder Ejecutivo a “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
Para decirlo en pocas palabras, de aprobarse esta norma, el Presidente podría disponer a su antojo de todos aquellos entes creados por ley (y cuya independencia no esté garantizada por la Constitución) muchos de los cuales poseen autoridades designadas con aprobación parlamentaria o por concurso (léase: meritocracia).
En general, se trata de entes que cumplen alguna función de contralor sobre el propio gobierno o que lo limitan, para garantizar determinadas finalidades públicas que requieren de la no intromisión del Poder Ejecutivo en sus funciones.
Podría el Presidente “poner de rodillas” (como le gustaba decir a Néstor), hacer desaparecer o engrosar con amigos a un centenar de organismos como el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (Coneau), el Banco Nacional de Datos Genéticos, los entes de control de los servicios públicos, la Agencia de Acceso a la Información Pública, entre otras estructuras estratégicas que, por cuestiones de especialidad y mayor transparencia, limitan el poder presidencial o trabajan de modo independiente al Ejecutivo.
Para que quede en claro la importancia de las facultades y las cajas que está reclamando el Presidente, un informe del año 2017, que lleva la firma de Jimena Rubio (Cippec) sostiene que los organismos descentralizados, a fines de 2016, conformaban el 75% de la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional, y ejecutaron por sí solos el 37% del gasto total de la Administración Pública Nacional y el 41% del gasto en personal ese año.
Está en manos del Congreso de la Nación decidir si quiere ocupar un rol decorativo o ceder ante normas que nos llevan a un estado menos transparente, facilitando la corrupción, el autoritarismo y la supresión de la meritocracia, que con tanto esmero ha denostado el Ministro de Propaganda, Tristán Bauer.
