Tal y como era previsible, la sociedad le tolera absolutamente cualquier medida a los gobiernos peronistas.

Ajustes, despidos, aumentos y creación de impuestos, cepos de variadas formas, exacciones ilegales, etc. Sin quejarse, ni oponerse.

Con el gabinete mayormente mediocre que armó Alberto Fernández se ha garantizado la toma de decisiones de fondo, que por un lado tratan de beneficiar a sus votantes clientelares y por el otro satisfacer lo que el FMI le requiere ordenar antes de encarar el acuerdo con los acreedores privados y luego ocuparse del arreglo que deberá cerrar con aquel organismo en buenos términos.

Por ahora navega a dos aguas pues necesita respuestas para calmar el frente interno por varios meses y así ejecutar políticas que sí o sí afectarán a gran parte de la población.

Nunca olviden que su asesor principal, Domingo Cavallo, tiene muy en claro los caminos a transitar para dolarizar la economía.

Tal vez el núcleo central que el gobierno no comprendió es que la solidaridad no se impone.

Se trata de un acto voluntario que los ciudadanos eligen llevar a cabo para cubrir necesidades puntuales en momentos críticos. Asistencialismo por “motu proprio” lo llamaría.

Pero resulta ser que la solidaridad bien entendida comienza “por casa”.

No puede, la clase política, exigirle solidaridad a la población mientras ellos no aportan absolutamente nada a dichos fines.

En Chile tal desatino llevó a gran parte de la sociedad a salir a las calles y así obtener de los funcionarios una baja sustancial de sus emolumentos (un 50%).

En nuestro país, en cambio, mantienen sepulcral silencio al respecto y peor aún: van por más solicitando la suma del poder público, algo absolutamente inconstitucional.

En dos notas de mi autoría publicadas en este sitio ya explicité, en su oportunidad, que la delegación de facultades legislativas, la prórroga de la emergencia económica o la imposición de una nueva, constituyen proyectos ilícitos que atentan contra principios básicos de la división de poderes y prohibiciones taxativas contenidas en nuestra Carta Magna (ver acá y acá).

No existe gravedad ni crisis que justifiquen obviar normativas constitucionales vigentes en la creencia que un grupo de iluminados sabrán qué hacer con las diferentes partidas.

Es muy extraño que se les permita utilizar las mismas herramientas a quienes destinaron esos fondos al menos erráticamente, ya que el resultado fue a fines del 2015 30% de pobreza y una inflación acumulada de más del 1.300% durante los años que gobernaron.

Como lo desarrollé en aquellas notas de los años 2008 y 2009 la delegación de facultades se extendieron por distintas leyes hasta agosto del año 2010. A partir de allí la Ley 26519 perdió absolutamente toda vigencia.

Asimismo, la Ley de Emergencia Económica 25561/2002 que estuvo vigente hasta enero del 2018 a través de sucesivas prórrogas y modificaciones ha perdido su virtualidad. Llama la atención que el Proyecto de Ley en debate trate de prorrogar su vigencia, cuando es algo totalmente ilegítimo.

No debemos pasar por alto que cuando Mauricio Macri aplicó nuevas retenciones a través del decreto 793/18 entendiendo que poseía facultades delegadas en función del artículo 755 del Código Aduanero cometió un grave abuso violentando la Constitución (aplica lo que explicara en aquella nota del 2008), situación que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema que ya ha fallado en un antecedente similar (“Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo”) que sólo el Congreso tiene facultades para fijar tributos, con lo cual aquel decreto que fue utilizado también por Alberto Fernández para aplicar nuevas retenciones, caería fulminado de nulidad si el Máximo Tribunal mantiene su postura.

Por eso reitero mi posición que sostengo hace mucho tiempo: las leyes por las cuales se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo de un modo amplio y sin ninguna limitación, son absoluta e insanablemente nulas.

Por supuesto que la interpretación judicial al respecto siempre tiende a observar más lo coyuntural que lo estructural y posiblemente terminen decidiendo que “todos ponen, menos ellos y la clase política”, porque así se protege el interés social por sobre el individual.

¿O acaso ya no lo hicieron permitiéndoles a las entidades bancarias que se quedaran con todos los dólares de los ciudadanos en el 2002?

Para conformar a los grupos de presión y factores de poder la justicia suele utilizar todas las herramientas que tiene a su mano, aunque luego ellos mismos se conviertan en rehenes y víctimas de los totalitarios a quienes siempre favorecen.

Y ese estado de cosas no se modifica sino a través de revoluciones profundas que coloquen cada pieza en su lugar y a quienes son “mejores” –por meritocracia- en los cargos de servidores públicos.

Por algo los atenienses creían en la Demarquía, un sistema en el que no existen los partidos políticos y en el que cualquier ciudadano puede convertirse en presidente, legislador, etc., por tiempo determinado y con rendición de cuentas.

Me parece que es una propuesta más sana y transparente. Al menos en estos tiempos de corrupción desembozada.