En las últimas horas, un grupo de abogados denunció ante los Tribunales Federales de La Plata a Axel Kicillof por los “decretos judiciales” a través de los cuales designó a un par de funcionarios con antecedentes judiciales en su gabinete bonaerense.

Los que hicieron la presentación son los abogados José Bulacio, José Lucas Magioncalda y Yamil Santoro.

“Denunciamos frente a la Justicia Federal de La Plata, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, omisión de denuncia y discriminación”, explicaron los denunciantes a través de las redes sociales.

Debe recordarse que Kicillof oficializó a su gabinete a través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial. En dos de ellos, hizo referencia al concepto de “Lawfare” para justificar la designación de dos funcionarios procesados. Se trata de la expresión que suele hacer referencia a la judicialización de la política en América Latina: distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra de cierto espacio político, tanto oficialista como opositor, de acuerdo a su interés.

Es el caso de las designaciones de Daniel Gollán, nuevo ministro de Salud, y Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Gollán está procesado -junto a otros ex funcionarios kirchneristas- como autor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, por irregularidades en la instrumentación de Plan Qunita.

“Kicillof aprovechó el ejercicio de sus funciones para esgrimir una defensa de carácter político de dichos funcionarios y, de paso, de su propia persona, dado que él mismo se encuentra procesado en la causa Dólar Futuro”, aseguran los denunciantes.

Y agregan: “Si bien el Gobernador está facultado para nombrar funcionarios procesados, tiene vedado hacer manifestaciones que implican inmiscuirse en cuestiones que competen al Poder Judicial, que vulneran la división de poderes, las normas que rigen el procedimiento administrativo que tienden a beneficiar funcionarios implicados en dos causas judiciales y que estigmatizan y promueven la persecución a grupos de personas, en este caso: funcionarios judiciales y periodistas”.

Finalmente, explican que, además, “dado que las manifestaciones implican atribuir a los magistrados a cargo de ambas causas la conducta delictiva de prevaricato, y dada la condición de funcionario de Kicillof, entienden los denunciantes que el Gobernador también incurrió en omisión de denuncia”.